El PP impone en el Senado la reforma del C¨®digo Penal contra el 'plan Ibarretxe'

La mayor¨ªa absoluta del PP ha logrado la aprobaci¨®n de la ley complementaria del proyecto de Ley de Arbitraje por la que se reforma el C¨®digo Penal para que sea delito penado con la c¨¢rcel la convocatoria ilegal de elecciones o referendos. La opini¨®n en contra de toda la oposici¨®n no ha podido impedir la aprobaci¨®n de esta reforma, dirigida claramente contra el plan Ibarretxe, ya que posibilita el ingreso en prisi¨®n del lehendakari si somete a votaci¨®n por su cuenta su pol¨¦mico proyecto soberanista.

Todos los portavoces de la oposici¨®n han subrayado su rechazo tanto al fondo de la iniciativa como a la forma de tramitarla. El Gobierno aprob¨® esta reforma penal el pasado viernes en el Consejo de Ministros y ayer, la presidencia del Senado se vio obligada a convocar a la Mesa para decidir la admisi¨®n a tr¨¢mite de esta iniciativa, ante la fuerte presi¨®n de todos los grupos de oposici¨®n en la Junta de Portavoces. Era la primera vez en 25 a?os de funcionamiento del Senado en que la Mesa se ve¨ªa forzada a decidir sobre la tramitaci¨®n de una enmienda. A ¨²ltima hora de la tarde de ayer, la Mesa admiti¨® a discusi¨®n la reforma.

Hoy, los 14 votos del PP han servido para que la comisi¨®n diese el visto bueno al proyecto de Ley Org¨¢nica de modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y del C¨®digo Penal, reforma en la que se establece que sea delito castigado con de tres a cinco a?os de c¨¢rcel la convocatoria ilegal de elecciones o refer¨¦ndum, as¨ª como el uso de fondos p¨²blicos para financiar a partidos ilegalizados por su relaci¨®n con el terrorismo. La reforma ser¨¢ aprobada definitivamente por la C¨¢mara Alta en el Pleno del pr¨®ximo d¨ªa 10. Posteriormente tendr¨¢ que ser tramitada en el Congreso de los Diputados.

Los portavoces de PSOE, CiU, IU, PNV, Entesa Catalana de Progr¨¦s y CC han coincidido en denunciar que esta reforma se haya tramitado a trav¨¦s de una enmienda a la Ley de Arbitraje y han criticado el contenido de la misma, puesto que consideran que es "innecesaria" y que supone "judicializar" una cuesti¨®n pol¨ªtica. En cuanto al contenido, estiman que los preceptos que se pretenden modificar ya estaban recogidos en el actual C¨®digo Penal y que, por tanto, no hab¨ªa necesidad de abordar esta reforma. En cuanto a la forma, destacan que la enmienda saldr¨¢ adelante sin haber sido previamente debatida en el Congreso de los Diputados y sin contar con informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.