Marlaska deja en libertad a los dos empresarios pero mantiene la imputaci¨®n por pagar a ETA

Los empresarios navarros Jos¨¦ Javier Azpiroz y Juan Mar¨ªa Saralegui, detenidos el pasado viernes en una redada contra la red de extorsi¨®n de ETA, no ir¨¢n a prisi¨®n, aunque siguen imputados por un presunto delito de colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista. As¨ª lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, tras tomarles declaraci¨®n esta ma?ana y despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa no pidiera medidas cautelares. Grande-Marlaska explica en su auto que los dos empresarios pagaron supuestamente a ETA 54.000 euros para favorecer el "proyecto de paz". El pago, seg¨²n el magistrado, fue "voluntario" y que se efectu¨® el 29 de abril, despu¨¦s de que la banda armada declarara el alto el fuego permanente el 22 de marzo.

El juez ha tenido que adoptar la decisi¨®n de dejarlos en libertad despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa optase por no solicitar ninguna medida cautelar para los dos empresarios que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, han negado durante su declaraci¨®n de esta ma?ana haber pagado dinero alguno a ETA. Azpiroz y Saralegui, socios de la constructora navarra AZYSA S.L. -que ha emitido un comunicado en el que niega la autor¨ªa de delito alguno y agradece las muestras de solidaridad-, han salido de la Audiencia sobre las 14.30 despu¨¦s de prestar declaraci¨®n, por separado y durante media hora cada uno, ante el magistrado, al que aseguraron que nunca han entregado ning¨²n dinero a la organizaci¨®n terrorista, aunque han admitido que ETA les exigi¨® el pago del llamado impuesto revolucionario en 2001.

A pesar de que la Fiscal¨ªa ya hab¨ªa anunciado que no pedir¨ªa que se les impusiera medida cautelar alguna, requisito imprescindible para que el juez la acuerde, Grande-Marlaska ha intentado hasta el ¨²ltimo momento que, al menos, los empresarios fueran obligados a comparecer peri¨®dicamente en el Juzgado o que se les prohibiera abandonar el territorio nacional. As¨ª, el juez ha convocado de oficio una comparecencia de las previstas en el art¨ªculo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que las partes se pronuncien sobre estas cuestiones, pero el ministerio p¨²blico ha mantenido su postura y los empresarios han salido en libertad.

Un recibo de ETA

En el auto notificado hoy, Grande-Marlaska insiste en que de los indicios que obran en la causa se concluye "la necesidad de adoptar alguna medida cautelar personal (...), pero en aplicaci¨®n del principio acusatorio y no siendo en estricta t¨¦cnica jur¨ªdica legal el aplicar cualquier restricci¨®n de la libertad si no es solicitada, se acuerda la libertad provisional sin ninguna limitaci¨®n". Azpiroz y Saralegui, no obstante, siguen imputados por un supuesto delito de colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista y deber¨¢n acudir al Juzgado siempre que sean citados. En su resoluci¨®n, el magistrado explica que los dos empresarios fueron extorsionados por ETA en 2001, que les exigi¨® el pago de una cantidad que no ha podido ser determinada y que les atribuy¨® "un c¨®digo alfanum¨¦rico de identificaci¨®n, como es habitual".

A?ade que el 29 de abril, y a trav¨¦s de un abogado, hicieron llegar 54.000 euros al fundador de ETA Julen Madariaga, detenido en Francia en el curso de esta misma operaci¨®n, sin que se sepa si era el total reclamado por la banda o el ¨²ltimo de los plazos acordados."No obstante lo anterior, conviene referir c¨®mo se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con car¨¢cter voluntario y con el fin de favorecer el denominado proyecto de paz", se?ala el juez. El auto agrega que el martes, en el domicilio de Jos¨¦ Antonio Cau Aldanur "se aprehendi¨® el recibo original donde ETA reconoc¨ªa el pago de 54.000 euros, recibo fechado en junio de 2006 y el cual deb¨ªa de ser entregado finalmente dentro de la l¨®gica cadena a los imputados".

Marlaska dice, aunque no se extiende en este punto porque la causa permanece secreta, que en conversaciones intervenidas a Madariaga despu¨¦s del 29 de abril ¨¦ste confirma a otros presuntos miembros de la trama de extorsi¨®n de ETA la entrega del dinero. Para el juez, que dejar¨¢ su puesto a finales de esta semana ante el retorno de Baltasar Garz¨®n, la actuaci¨®n de los empresarios puede ser constitutiva de un delito de colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista, castigado con hasta cinco a?os de prisi¨®n, y su negativa a reconocer el pago -que para ¨¦l ha quedado demostrado- impide aplicarles ninguna eximente de responsabilidad penal "como ser¨ªa el miedo insuperable".