El Constitucional ordena volver a investigar si un etarra detenido en 2002 sufri¨® torturas

El Tribunal Constitucional ha amparado al etarra Alberto Viedma Morillas, condenado a 30 a?os de c¨¢rcel por el asesinato del subteniente del Ej¨¦rcito Francisco Casanova, y ha ordenado a los Juzgados de San Sebasti¨¢n que reabra la investigaci¨®n que archiv¨® en 2003 para determinar si ¨¦ste sufri¨® torturas durante su detenci¨®n, que se produjo un a?o antes. La Sala Primera del Alto Tribunal se?ala que, aunque se emprendi¨® con prontitud una investigaci¨®n judicial, ¨¦sta se cerr¨® cuando persist¨ªan a¨²n "sospechas razonables" de que el delito se hab¨ªa cometido y "medios a¨²n disponibles para despejarlas".

Viedma, quien fue detenido el 28 de febrero de 2002 por la Guardia Civil y reconoci¨® ante el juez haber asesinado tambi¨¦n al portavoz de Uni¨®n del Pueblo Navarro en Pamplona, Tom¨¢s Caballero, en mayo de 1998, present¨® un escrito en el que denunciaba torturas y que termin¨® siendo investigado por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Madrid. Un a?o m¨¢s tarde se acord¨® el sobreseimiento de la denuncia por carecer de verosimilitud, debido a que Viedma, "una vez en Madrid y en sede judicial, se neg¨® a ser reconocido por el m¨¦dico forense", lo que seg¨²n el juez "hubiera podido aclarar la realidad de las torturas" en el momento oportuno.

La Sala Primera del Constitucional entiende que la denuncia presentada por el etarra no fue investigada por el Juzgado de una forma "eficaz". La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo P¨¦rez Tremps, considera que el archivo se produjo sin que se hubiesen practicado todas las diligencias "relevantes" para determinar si hubo o no torturas.

La resoluci¨®n judicial, que cuenta con el voto particular del magistrado Jorge Rodr¨ªguez Zapata, alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a dos recientes sentencias del propio Constitucional. El Alto Tribunal entiende que si existe una sospecha "razonable" de tortura y que si ¨¦sta es "disipable", deben "tomarse en consideraci¨®n las circunstancias concretas de cada caso, siendo preciso atender a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos".

La resoluci¨®n se?ala que Viedma fue trasladado a un hospital al inicio de su detenci¨®n por sufrir "un malestar y mareo generalizado", apreci¨¢ndose un "eritema leve en zona superior derecha de la espalda" y una "taquicardia de 96". A?ade que el detenido denunci¨® signos f¨ªsicos en la nuca y la espalda a consecuencia de las agresiones que atribuy¨® a agentes policiales y que le fue recetado un medicamento sin especificar la causa.

Diligencias sin practicar

El Alto Tribunal considera tambi¨¦n un "error" que se archivara la causa con el argumento de que Viedma no aclar¨® qu¨¦ diligencias faltaban por practicar, ya que propuso las declaraciones de los agentes que intervinieron en su detenci¨®n, la suya, la del abogado de oficio que le asisti¨®, la del m¨¦dico forense que le atendi¨® y la de la m¨¦dico que le observ¨® en Pamplona.

Para el Constitucional, no es "determinante" el hecho de que Viedma se negara a ser reconocido en sede judicial. "De ser ciertas las torturas, esa renuncia pudo deberse a una voluntad condicionada por la intensa intimidaci¨®n previa o por el miedo a verse sometido de nuevo a la custodia de sus agresores", a?ade. As¨ª, el Constitucional dice que la "falta de credibilidad" que el juez atribuy¨® a la denuncia podr¨ªa haber sido desmentida o corroborada por el testimonio del detenido y a?ade que el parte m¨¦dico del hospital era "susceptible" de aclaraci¨®n a trav¨¦s del testimonio de la m¨¦dico que le reconoci¨®.