El Consejo quiere remitir un mill¨®n de infracciones leves a los jueces de paz

El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) propone sacar de los juzgados en torno al mill¨®n de asuntos penales (las infracciones leves) para aliviar los end¨¦micos atascos. Esta iniciativa, que requiere modificaciones legales, pasa por potenciar la mediaci¨®n y elevar la competencia de los jueces de paz, que asumir¨ªan el enjuiciamiento de las infracciones leves (insultos, peque?as agresiones, da?os...). De esa forma, se descargar¨ªa a los juzgados de un 12% de los asuntos que les llegan. Los juzgados y tribunales espa?oles registraron en 2008 casi nueve millones de asuntos, ha explicado el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, durante la presentaci¨®n de la Hoja de Ruta con la que el Consejo pretende acometer una profunda reestructuraci¨®n y modernizaci¨®n de la justicia. El objetivo, aliviar los retrasos. "Porque el actual modelo", ha subrayado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, "es ca¨®tico, est¨¢ agotado y es obsoleto".

La medida de descargar a los juzgados de instrucciones de las faltas no es balad¨ª. Los 50 juzgados de instrucci¨®n de Madrid (los que investigan delitos) celebran cada semana en torno a 15 juicios de faltas, con sus respectivas sentencias. Son asuntos de escasa envergadura, pero que generan una gran tensi¨®n entre los implicados. Los jueces de paz no tienen que ser licenciados en Derecho. Los eligen las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores a propuesta de los Ayuntamientos. "Se trata de que s¨®lo quede en la Administraci¨®n de Justicia aquello que sea necesario ser resuelto por un juez", ha a?adido De Rosa.

Pero esta medida no s¨®lo afectar¨ªa a las faltas, tambi¨¦n cabr¨ªa extenderla a asuntos civiles (conflictos no penales entre ciudadanos) de escasa envergadura, que se sacar¨ªan de los juzgados de primera instancia, potenciando los mecanismos de arbitraje y mediaci¨®n. El vocal Manuel Almenar ha expuesto varios ejemplos del coste y esfuerzo p¨²blico que supone activar la maquinaria judicial para asuntos nimios. Por ejemplo, judicializar una disputa entre un automovilistas y el due?o de un autolavado por, por ejemplo, la rotura de un espejo retrovisor que cuesta 100 euros, supone al erario p¨²blico, si media recurso, hasta 4.500 euros.

?sta s¨®lo es una de medidas con que el Consejo pretende renovar la justicia espa?ola y asumir el liderazgo de las reivindicaciones que el 18 de febrero derivaron en la primera huelga de jueces de Espa?a. La Hoja de Ruta se compone de ocho medida que requieren la reforma de 13 leyes procesales. La intenci¨®n es efectuar una nueva planta judicial; es decir, analizar la carga real de trabajo de los juzgados y aglutinar el mayor n¨²mero de recursos humanos y materiales all¨ª donde sean necesarios. "Con la actual planta no podemos atender al volumen de asuntos que se nos plantea", ha explicado Almenar, por lo que el CGPJ va a redefinir la carga razonable de trabajo de los jueces, estudio que tendr¨¢ elaborado el pr¨®ximo mes de junio.

Los otros ejes de la Hoja de Ruta son la nueva Oficina Judicial, que deja al juez para que juzgue y ejecute sentencias y delega en el secretario, como jefe de la oficina judicial, el impulso procesal. Tambi¨¦n incluye la aplicaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas (con la mirada puesta en la sustituci¨®n del papel por la inform¨¢tica), la Carta de Derechos de los usuarios, promover la mejora de la actividad de los ¨®rganos judiciales, modernizar el Estatuto de los Jueces y adecuar el marco de participaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas. ?Hay dinero para modernizar la justicia? Los vocales asistentes ?adem¨¢s de los citados estuvieron presentes Antonio Dorado, Miguel Collado y Carles Cruz Moratones? coinciden en que el Consejo no tiene capacidad presupuestaria, si bien se mostraron "esperanzados" con las promesas del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caama?o, quien ha comprometido una inversi¨®n de 600 millones y la creaci¨®n de 900 plazas nuevas de jueces en cuatro a?os. Tambi¨¦n conf¨ªan en los compromisos presupuestarios de las Comunidades Aut¨®nomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.

La hoja de ruta responde al Plan de Modernizaci¨®n de la Justicia aprobado el pasado mes de noviembre por el pleno del CGPJ, que trabaja en coordinaci¨®n con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Aut¨®nomas con competencias en esta materia. Esta ser¨¢ analizada en una comisi¨®n mixta que tendr¨¢ lugar despu¨¦s de Semana Santa. Respecto a la aplicaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas, el vocal Carles Cruz Moratones ha recordado que en su ¨²ltimo pleno el Consejo aprob¨® una reforma del Reglamento que impone a los jueces la obligatoriedad del uso de los sistemas inform¨¢ticos y que todos los asuntos sean registrados siguiendo los mismos par¨¢metros. Se trata de sustituir el papel y que el expediente digital o electr¨®nico sea una realidad a medio plazo.