El PP cuestiona los procesos judiciales que utilizaron el sistema Sitel
El Grupo Popular acusa sin pruebas y vuelve a poner en cuesti¨®n el estado de derecho
El enfrentamiento entre PP y PSOE por la supuesta utilizaci¨®n pol¨ªtica de las instituciones del Estado alcanza un nuevo estadio. Si Esteban Gonz¨¢lez Pons acusaba el mi¨¦rcoles al Gobierno de utilizar un sistema de escuchas "ilegal" y sin control judicial, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha asegurado este jueves que el hecho de que no haya una ley org¨¢nica que regule el uso de Sitel afecta a todos los procedimientos judiciales en los que se haya utilizado. Es decir, alienta la posibilidad de que pueda invocarse para pedir la anulaci¨®n de los procedimientos por supuesta vulneraci¨®n de derechos fundamentales.
Seg¨²n S¨¢enz de Santamar¨ªa, el Gobierno deber¨ªa haber promovido la aprobaci¨®n de esa ley org¨¢nica cuando se puso en marcha el sistema para garantizar el respeto a esos derechos fundamentales.
Sin embargo, el Supremo ya desestim¨® en febrero de 2008 un recurso en ese sentido de la Asociaci¨®n de Internautas, cuyo presidente, V¨ªctor Domingo, estaba en el acto de Pons. La sentencia, con un voto discrepante, dice que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art¨ªculo 579) y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas org¨¢nicas y que implican que el pinchazo lo autorice el juez.
El Supremo a?ade que la reserva de ley org¨¢nica a la que obliga la Constituci¨®n (art¨ªculo 18.3) "no tiene por qu¨¦ extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interceptaciones". Es decir, que una ley org¨¢nica no tiene por qu¨¦ regular si se graba con un ordenador por Sitel o con magnet¨®fonos.
Sin embargo, el PP presentar¨¢ una iniciativa en breve para promover esa reforma legislativa, seg¨²n ha anunciado S¨¢enz de Santamar¨ªa. Tambi¨¦n para que la Comisi¨®n de Justicia del Congreso pueda hacer un seguimiento del uso que se hace del sistema de interceptaci¨®n de comunicaciones.
Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Jos¨¦ Antonio Alonso, ha asegurado que "si alguien ha cometido el disparate de utilizar el sistema Sitel de escuchas sin autorizaci¨®n, debe ser sancionado". Ahora bien, si "alguien acusa sin pruebas tambi¨¦n sobre ¨¦l, debe caer el peso de la ley".
Alonso, que fue ministro del Interior en 2004 nada m¨¢s llegar al poder el PSOE, asegura que "la polic¨ªa y la guardia civil no recibe ¨®rdenes pol¨ªticas" sino de su labor de investigaci¨®n depende "funcionalmente de los jueces". Ahora bien, en el PSOE y el Gobierno saben perfectamente que el Grupo Popular no va "a soltar este hueso" y se preparan para esta ofensiva una vez que insisten a pesar de que el Gobierno "ha demostrado que el PP fue quien lo puso en marcha", insisten en fuentes socialistas.
El portavoz, adem¨¢s, ha retado al PP a denunciar los casos en lo que se hayan conculcado los derechos de las personas.
A la pol¨¦mica se han sumado otros grupos como el PNV que, a trav¨¦s de Emilio Olabarr¨ªa, ha pedido explicaciones al PSOE y al PP sobre la forma en que se realizan las escuchas.
Olabarr¨ªa ha dicho a Europa Press que "existe la obligaci¨®n pol¨ªtica e incluso ¨¦tica de explicar lo que est¨¢ ocurriendo".
El CGPJ dice que todas las escuchas son autorizadas por un juez
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha dicho que le consta que todas las escuchas telef¨®nicas han sido autorizadas previamente por un juez, adem¨¢s de fundamentadas y justificadas por una resoluci¨®n judicial. "No me consta denuncia en otro sentido", ha a?adido Bravo en unas declaraciones en Antena 3.
Bravo ha explicado que el CGPJ emiti¨® un informe en 2004 sobre el SITEL en el que exigi¨® que en todo momento sea la autoridad judicial la que controle las intercepciones y que no haya indefinici¨®n sobre qui¨¦n tiene que hacerlo.
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