Un grupo de agricultores consigue parar el derribo judicial de una granja en Lleida
La demolici¨®n hab¨ªa sido pedida por una pareja de Barcelona que se hab¨ªa ido a vivir al campo
M¨¢s de 200 agricultores y ganaderos con tractores se han manifestado esta ma?ana en el peque?o pueblo de Sister¨® (Segarra) para protestar por el derribo de una granja de cerdos y un almac¨¦n de paja, ordenado por el juez. Seg¨²n las autoridades judiciales, el local se encuentra demasiado cerca del n¨²cleo urbano. La concentraci¨®n ha contado con el apoyo y participaci¨®n de los principales sindicatos del campo, entre ellos Uni¨® de Pagesos (UP).
Durante el derribo del almac¨¦n de paja, propiedad de Jaume Bosch, y de la granja, de Adri¨¤ Marquilles, actual alcalde del municipio de Els Plan de Si¨®, se han vivido momentos de tensi¨®n cuando un grupo de personas que ha acudido en apoyo de los afectados han logrado frenar moment¨¢neamente el trabajo de las m¨¢quinas.
El derribo es consecuencia del llamado 'mobbing rural' o acoso contra las actividades tradicionales del campo que se produce cuando personas de la ciudad o propietarios de segunda residencia no soportan los malos olores, el paso del ganado por las calles, el canto de los gallos o el toque de las horas en el reloj del campanario. En este caso la denuncia fue presentada por un matrimonio de Barcelona que construy¨® su casa en las afueras del pueblo, de unos 35 habitantes, y aleg¨® que los malos olores procedentes de la explotaci¨®n porcina les molestaban.
Los hechos se remontan a 1983, cuando los denunciantes llegaron al pueblo y solicitaron edificar una casa con granja en unos terrenos agr¨ªcolas. El consistorio lo autoriz¨® con la condici¨®n de que ello no creara en su entorno un ¨¢rea de afectaci¨®n que limitara las actividades tradicionales de la zona.
Despu¨¦s de 14 a?os de litigios y de diversas resoluciones judiciales contradictorias, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la raz¨®n a los demandantes y orden¨® el derribo tanto de la granja como del almac¨¦n de paja, al considerar conforme a una ley de 1961 que no puede haber actividades nocivas en un radio de 2 kil¨®metros. En este caso, la explotaci¨®n ya estaba en ese lugar cuando los demandantes se construyeron la casa.
Los sindicatos ganaderos consideran la sentencia un peligro precedente, ya que si se aplica el mismo criterio judicial, de equiparar una granja a una industria nociva, centenares de explotaciones que est¨¢n a menos de esa distancia pueden correr la misma suerte. Las organizaciones agrarias piden que las exigencias ambientales que se imponen al sector sean "asumibles, justificadas, razonables, realistas y viables", de manera que permitan la continuidad de las explotaciones agr¨ªcolas y ganaderas.
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