El catal¨¢n marc¨® el camino de otros ocho estatutos

El impulso del Parlamento de Catalu?a para aprobar su estatuto sirvi¨® a otras nueve comunidades para reformar los suyos desde abril de 2006. Son todos distintos entre s¨ª, pero en la mayor¨ªa de los casos siguen unas pautas comunes y una estructura calcada del de Catalu?a.

En todos los casos, salvo el catal¨¢n, hubo pacto entre el PSOE y el PP en los parlamentos auton¨®micos y en su tramitaci¨®n en el Congreso y el Senado. El PP pas¨® de cuestionar la necesidad de cambiar los estatutos a lanzarse en cada comunidad a elaborar textos nuevos. Y de defender la homogeneidad a establecer por la v¨ªa de hecho la asimetr¨ªa de textos distintos en cada autonom¨ªa.

Incluso, hay cap¨ªtulos y art¨ªculos aceptados por el PP, pese a ser id¨¦ntico a algunos de los recurridos por este partido para el de Catalu?a.

Casi todos copiaron el modelo catal¨¢n de establecer un cap¨ªtulo de derechos y deberes, aunque cambie en cada uno el contenido. Tambi¨¦n coincidieron al establecer las tres tipolog¨ªas de las competencias: exclusivas, compartidas y estatales.

Y marc¨® tambi¨¦n el camino para que los estatutos establezcan porcentajes de inversi¨®n en las comunidades en funci¨®n del PIB o con distintas variables. Es lo que el entonces vicepresidente segundo, Pedro Solbes, llam¨® el sudoku auton¨®mico, porque obliga a cuadrar las exigencias de cada estatuto a la hora de hacer los Presupuestos. Para el PP esto supone una clara inconstitucionalidad, por entender que son las Cortes las que tienen la competencia exclusiva para elaborar los Presupuestos, pero ha aceptado que otros estatutos fijen criterios de inversi¨®n en funci¨®n de poblaci¨®n, deuda hist¨®rica o PIB.

Tambi¨¦n se cuestion¨® la bilateralidad del estatuto catal¨¢n, pero en los otros textos se han creado tambi¨¦n comisiones paritarias entre el Estado y la comunidad que trasladan el mismo modelo, Y que tienen capacidad para determinar inversiones en la respectiva comunidad, es decir, consagran la misma bilateralidad.

Tambi¨¦n siguen la misma l¨ªnea, aunque con distinto grado de desarrollo, en el cap¨ªtulo de Justicia. Por ejemplo, creando los consejos de Justicia auton¨®micos, a expensas de su desarrollo futuro en la ley org¨¢nica que no se ha producido hasta ahora.

El m¨¢s r¨¢pido

El de Valencia fue el primero. Incluso, se anticip¨® al de Catalu?a con una tramitaci¨®n muy r¨¢pida y sin conflictos, pactada entre el PP y el PSOE. Aunque se hizo para alejarse lo m¨¢s posible del texto de Catalu?a, se incluyeron algunos art¨ªculos similares como los referidos a la Justicia y la creaci¨®n de consejos auton¨®micos.

La principal peculiaridad es lo que se llama la "cla¨²sula Camps", seg¨²n la cual, de forma preventiva, Valencia podr¨ªa aspirar a tener las competencias de la comunidad que m¨¢s competencias tenga en el futuro.

El de Arag¨®n se tramit¨® tambi¨¦n sin sobresaltos, pero con un art¨ªculo problem¨¢tico: el referido al agua. PSOE y PP pactaron incluir una reserva de agua para la comunidad, sin que a los populares les pareciera entonces que se invad¨ªan competencias auton¨®micas.

El de Baleares incluye f¨®rmulas de bilateralidad casi id¨¦nticas a las de de Catalu?a y tambi¨¦n establece porcentajes de inversi¨®n en la comunidad.

El acuerdo del estatuto de Andaluc¨ªa supuso un enfrentamiento interno en el PP, porque Javier Arenas termin¨® por pactar m¨¢s de una veintena de art¨ªculos id¨¦nticos a los recurridos por su partido ante el Tribunal Constitucional. As¨ª, tiene un cap¨ªtulo de derechos y deberes, incluyendo el del derecho a una muerte digna.

Es similar el cap¨ªtulo de Justicia y hasta el de creaci¨®n de un Consejo Audiovisual para medios privados, lo que, seg¨²n el recurso del PP, es inconstitucional.

El de Castilla y Le¨®n sigue el mismo esquema que el de Catalu?a, pero su tramitaci¨®n fue ultrarr¨¢pida, sin apenas cambios en el Congreso.

Extremadura y Castilla-La Mancha

En este momento est¨¢n en tr¨¢mite el de Extremadura y el de Castilla-La Mancha. Este ¨²ltimo lleg¨® pactado del parlamento auton¨®mico, pero se ha atascado durante tres a?os y medio porque ambos partidos tienen problemas internos sobre al agua. En concreto, el estatuto fijaba la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el 2015 y los dos partidos quieren eliminar ese art¨ªculo.

Y el de Extremadura est¨¢ esperando que salga el castellanomanchego de la Comisi¨®n constitucional. Fue pactado en la comunidad y no presenta ning¨²n punto de conflicto, pero tiene algunas similitudes con el catal¨¢n.

Incluso, tiene un cap¨ªtulo que hubiera supuesto un esc¨¢ndalo en el catal¨¢n, en el que regula las relaciones internacionales de Extremadura. El cap¨ªtulo establece la forma de colaboraci¨®n con Portugal, algo que Catalu?a no se atrevi¨® a hacer respecto a Francia.

Y Canarias intent¨® hacer un estatuto. Pact¨® un texto en la comunidad, lo remiti¨® al Congreso y en el inicio del tr¨¢mite lo retir¨®. Iba mucho m¨¢s all¨¢ que el catal¨¢n en algunas cosas y presenta elementos de dudosa constitucionalidad que el PP acept¨® en las islas como considerar parte del territorio de la comunidad las aguas jurisdiccionales o la atribuci¨®n de competencias sobre inmigraci¨®n.

Otro elemento com¨²n en la tramitaci¨®n es que los cambios se introdujeron en el Congreso y el Senado, pese a ser te¨®ricamente la c¨¢mara territorial, no ha cambiado una coma de ninguno.