El Tribunal Constitucional obliga a las Cortes Valencianas a responder preguntas vetadas sobre el G¨¹rtel

El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Comprom¨ªs, como consecuencia de la decisi¨®n de la Mesa de la C¨¢mara, en la que el PP tiene mayor¨ªa absoluta, de vetar sin dar una explicaci¨®n adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al 'caso G¨¹rtel'. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ning¨²n voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Arag¨®n Reyes. La sala estaba compuesta, adem¨¢s, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodr¨ªguez-Zapata y Pablo P¨¦rez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participaci¨®n pol¨ªtica" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.

El 'caso G¨¹rtel', en el que est¨¢n implicados numerosos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que supuestamente recibieron trajes y otras prendas de vestir regalados por las empresas de la trama corrupta -que desde a?os atr¨¢s se ven¨ªan adjudicando decenas de contratos de la Generalitat- estall¨® a principios de febrero de 2009. En el caso est¨¢ implicada la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Mart¨ªnez, por los contratos adjudicados a la trama cuando era consejera de Turismo. Un mes despu¨¦s de estallar el asunto, los diputados de Comprom¨ªs en las Cortes presentaron una serie de preguntas sobre el asunto. Reclamaban al Consell informaci¨®n sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al 'caso G¨¹rtel'.

La Mesa de las Cortes, con los votos del PP, rechaz¨® la tramitaci¨®n de las iniciativas escud¨¢ndose en el art¨ªculo 153.2 del Reglamento de la C¨¢mara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona f¨ªsica o jur¨ªdica que no tenga una trascendencia p¨²blica en el ¨¢mbito de la Comunidad Valenciana". El TC considera que esta limitaci¨®n del derecho a formular iniciativas, que forma parte del "n¨²cleo de la funci¨®n representativa" del diputado, solo puede justificarse con "una motivaci¨®n expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelaci¨®n al reglamento esconda un "juicio de oportunidad". El TC se refiere a una pr¨¢ctica por la que un grupo parlamentario, en este caso el PP, utiliza su mayor¨ªa para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento.

El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al se?alar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia p¨²blica en el ¨¢mbito de la Comunidad", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se hab¨ªan celebrado contratos p¨²blicos entre las consejer¨ªas del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigaci¨®n judicial sobre el conocido como caso G¨¹rtel". Existe, remata, una "innegable vinculaci¨®n con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y a?ade que la "obligaci¨®n de interpretar las normas parlamentarias del modo m¨¢s favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habr¨ªa obligado, en principio, a su admisi¨®n a tr¨¢mite".

Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia de las Cortes Valencianas. Las dos anteriores tambi¨¦n se refer¨ªan a iniciativas de Comprom¨ªs vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura. El Parlamento valenciano se convierte as¨ª en la C¨¢mara auton¨®mica con m¨¢s fallos del Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados.