El Gobierno rechaza negar el permiso de residencia a los inmigrantes "inc¨ªvicos"

La iniciativa de diversos Ayuntamientos catalanes para que se nieguen papeles a los inmigrantes "inc¨ªvicos" puede caer en saco roto. L'Hospitalet de Llobregat y Badalona (Barcelon¨¨s) se sumaron ayer a Salt (Giron¨¨s) y aprobaron sendas mociones para exigir al Gobierno central que los extranjeros que vulneren las normas de convivencia sean penalizados a la hora de solicitar el permiso de residencia. Pero la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n no est¨¢ por la labor y no incluir¨¢ esa posibilidad en el futuro reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa.

La moci¨®n de L'Hospitalet fue impulsada por el PSC y aprobada por todos los grupos salvo Iniciativa, que forma gobierno con los socialistas. En el texto se pide que, para resolver las peticiones de permisos de residencia por arraigo o las reagrupaciones familiares, las delegaciones del Gobierno tengan en cuenta de forma preceptiva los informes que emite el Consistorio. Y si el informe en cuesti¨®n detalla que el inmigrante ha infringido las normas de convivencia, eso debe ser motivo suficiente para denegar la petici¨®n. As¨ª, el consumo de alcohol en la calle, la venta ambulante ilegal y las molestias a los vecinos por ruido tendr¨ªan consecuencias para el extranjero, m¨¢s all¨¢ del pago de una multa.

El PP de Badalona plante¨® una moci¨®n casi id¨¦ntica en el pleno local. Pero el equipo de gobierno de esa ciudad ?formado por el PSC, CiU y ERC? present¨® un texto alternativo que menciona solamente el arraigo. Los populares se sumaron al acuerdo, mientras que ICV vot¨® en contra. El texto reclama que en los informes consten las infracciones de las ordenanzas municipales (no solo las de civismo) y que se penalice a los extranjeros en el caso de "infracciones graves, muy graves o reincidencia". La reagrupaci¨®n familiar queda fuera del texto, ya que es "un derecho fundamental" y penalizarlo por conductas inc¨ªvicas "plantea dudas legales", explicaron fuentes municipales.

Ni la moci¨®n de L'Hospitalet ni la versi¨®n m¨¢s moderada de Badalona convencen a la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n. "Los Ayuntamientos lanzan mensajes confusos que enturbian el debate de la inmigraci¨®n", argument¨® ayer a este diario Estrella Rodr¨ªguez, directora general de Integraci¨®n. Rodr¨ªguez asegur¨® que las propuestas municipales no tendr¨¢n cabida en el reglamento y subray¨® que, aunque la competencia es estatal, los municipios "ya desempe?an un papel" en el permiso por arraigo con sus informes, que no son vinculantes pero "se tienen en cuenta".

Si un inmigrante est¨¢ en situaci¨®n irregular en Espa?a, pero demuestra que ha vivido tres a?os en el pa¨ªs y presenta una oferta de trabajo, puede solicitar ante la oficina de extranjer¨ªa el permiso de residencia por arraigo. Como es una medida excepcional, "vincular su concesi¨®n a conductas inc¨ªvicas probadas es aceptable", subray¨® el secretario de inmigraci¨®n de la Generalitat, Oriol Amor¨®s. Distinto es el caso, a su juicio, de la reagrupaci¨®n familiar. En este punto, aplicar criterios de civismo es "jur¨ªdicamente cuestionable" e "innecesario", dijo Amor¨®s, ya que hay elementos objetivos (como disponer de una casa en buen estado) que marcan la pauta que seguir.

La oleada prohibicionista de los Ayuntamientos catalanes ?El Vendrell y Tortosa pretenden aprobar textos similares, y el PP plantear¨¢ el asunto en los Consistorios donde est¨¢ presente? topa con el rechazo frontal de diversos expertos jur¨ªdicos, que lo consideran "una barbaridad".

"Si un espa?ol cruza el sem¨¢foro en rojo, le multan y ah¨ª acaba todo. Si lo hace un extranjero, ?por qu¨¦ debe recibir un castigo superior?", se pregunt¨® la abogada Olga Hern¨¢ndez, de la Asociaci¨®n Catalana de Profesionales de la Extranjer¨ªa. La medida es, a juicio de Hern¨¢ndez, discriminatoria. La abogada Marta Segura considera que es "un salto peligroso" y cree que se produce una vulneraci¨®n de "derechos fundamentales". SOS Racismo asegura que las multas por incivismo "no pueden equipararse a los antecedentes penales" y acusa a los Consistorios de "usar, una vez m¨¢s, la inmigraci¨®n con fines electorales".