La fiscal¨ªa pide la imputaci¨®n de la plana mayor del Gobierno valenciano por seis delitos de corrupci¨®n
Est¨¢n implicados Camps, el vicepresidente Rambla, la presidenta del Parlamento valenciano y otros siete cargos p¨²blicos
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado la imputaci¨®n de la plana mayor de la Generalitat y del PP valencianos por seis delitos de corrupci¨®n vinculados con la trama G¨¹rtel: delitos electorales (en los comicios de 2007 y 2008), delito contra la Hacienda P¨²blica, delito contra la Administraci¨®n P¨²blica, delito de falsedad en documento mercantil, y cohecho propio. Una retah¨ªla de delitos que, a diferencia del caso de los trajes, est¨¢n castigados con penas de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico.
El Ministerio P¨²blico se?ala como presuntos autores de los hechos a una decena de cargos p¨²blicos populares: Francisco Camps (presidente auton¨®mico); Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat); Milagrosa Mart¨ªnez (presidenta del Parlamento valenciano); David Serra (vicesecretario del PPCV y diputado); Yolanda Garc¨ªa (tesorera del PPCV y diputada); Pedro Garc¨ªa (ex director de Canal 9); Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV); V¨ªctor Campos (ex vicepresidente de la Generalitat); Rafael Betoret (jefe de protocolo de la Diputaci¨®n de Valencia); Cristina Ib¨¢?ez (ex administradora del PP valenciano); Luis B¨¢rcenas (ex tesorero del PP nacional) y, de modo gen¨¦rico, al Gabinete de Presidencia de la Generalitat valenciana.
La fiscal¨ªa pide al Tribunal Superior de Justicia valenciano sentar igualmente en el banquillo de los acusados a los miembros de la trama G¨¹rtel, incluidos Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Y a los empresarios de la construcci¨®n que supuestamente ayudaron a financiar los macroactos electorales que el PP regional realiz¨® en las campa?as auton¨®micas de 2007 (en las que sali¨® elegido Camps) y generales de 2008 (a las que se present¨® el l¨ªder del PP Mariano Rajoy).
Los constructores implicados son Enrique Ortiz (de Enrique Ortiz e hijos, tambi¨¦n relacionado con el caso Brugal); Enrique Gimeno (Facsa); los gestores de varias sociedades de Sedesa (el grupo empresarial que en los momentos de los hechos estaba dirigido por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat y ex director general de la Polic¨ªa); y los gestores de: Piaf, Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba y Construcciones Hormigones Mart¨ªnez SA.
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