El juez rechaza las alegaciones de Camps y convoca el acto previo a sentarlo en el banquillo

El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sit¨²a a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama G¨¹rtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupci¨®n.

El magistrado Jos¨¦ Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucci¨®n, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.

El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se se?ale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata b¨¢sicamente de recursos contra denegaci¨®n de diligencias dilatorias, una t¨¢ctica que el juez critica en el auto.

Dado el n¨²mero de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jur¨ªdicas consideran que lo m¨¢s probable es que Camps, Ricardo Costa, V¨ªctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situaci¨®n judicial empeore porque el tribunal atienda la petici¨®n de Anticorrupci¨®n, que quiere sentarlos en el banquillo por m¨¢s delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricaci¨®n y financiaci¨®n ilegal de las campa?as electorales de 2007 y 2008.

El ministerio p¨²blico ha pedido unir las causas para preservar la visi¨®n completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupci¨®n de la historia democr¨¢tica, esparcido ya por cuatro comunidades aut¨®nomas. Anticorrupci¨®n considera que los supuestos delitos est¨¢n ¨ªntimamente conectados porque los regalos, la adjudicaci¨®n irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administraci¨®n valenciana, y la financiaci¨®n ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relaci¨®n.

El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las c¨²pulas del PP y la Administraci¨®n auton¨®mica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Mart¨ªnez, a quienes los miembros de la red se refer¨ªan como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la polic¨ªa.

El juez abre otra preocupaci¨®n para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupci¨®n, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucci¨®n de pruebas habr¨ªa tenido lugar despu¨¦s de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso G¨¹rtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.

Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el a?o pasado ya indicaron que los registros parec¨ªan haber sido alterados.

La teor¨ªa, apoyada en correos electr¨®nicos y extractos de ficheros inform¨¢ticos, fue aportada por el abogado del sastre Jos¨¦ Tom¨¢s. La fiscal¨ªa la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al inform¨¢tico de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmiti¨® a este la orden a la vista preliminar.

El acto deber¨¢ celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el m¨¢s cercano posible) despu¨¦s de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, seg¨²n consideran fuentes jur¨ªdicas. El argumento de fondo con el que la sala archiv¨® el caso hace dos a?os, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.

Ahora, adem¨¢s, tampoco preside la sala, Jos¨¦ Luis de la R¨²a, de quien Camps dec¨ªa que era m¨¢s que un amigo, sino Pilar de la Oliva, m¨¢s propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.