La justicia al rev¨¦s
Dos a?os despu¨¦s de que estallara el 'caso G¨¹rtel', se sientan en el banquillo el juez que lo investig¨® y el diputado socialista que lo denunci¨®
Dos a?os despu¨¦s de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupci¨®n masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables, empresarios y pol¨ªticos, siguen esperando a que resuelvan sus m¨²ltiples recursos para ralentizar la investigaci¨®n hasta hacerla casi inviable.
El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro ha abierto juicio oral contra el magistrado Baltasar Garz¨®n por un supuesto delito de prevaricaci¨®n al ordenar escuchas en la c¨¢rcel a los abogados de los cabecillas de la red G¨¹rtel a sabiendas de que no pod¨ªa hacerlo. Su veredicto no es un¨¢nime en la carrera judicial. Ni mucho menos.
El juez que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrog¨® esas escuchas en la c¨¢rcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisi¨®n aunque no se trate de casos de terrorismo. "La profesi¨®n de la abogac¨ªa es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervenci¨®n de comunicaciones".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anul¨® las escuchas en la c¨¢rcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, quien argument¨® as¨ª su apoyo a la intervenci¨®n de las comunicaciones a los abogados de la trama G¨¹rtel: "Pensemos que un interno en prisi¨®n preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa, sino otra cosa muy diferente- y para que d¨¦ instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cad¨¢ver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tr¨¢fico de drogas, de la prostituci¨®n ilegal o del tr¨¢fico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impedir¨ªa la prevenci¨®n e investigaci¨®n y acaso hasta la comisi¨®n de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categor¨ªa de graves en el C¨®digo Penal vigente".
Pese a los argumentos de estos dos jueces, Pedreira y Su¨¢rez Robledano, ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que se?ala que Garz¨®n grab¨® a los abogados a sabiendas de que la ley se lo imped¨ªa por lo que ahora abre juicio oral contra ¨¦l.
Garz¨®n es la segunda persona sin relaci¨®n con la trama de corrupci¨®n que se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados por este caso antes que los culpables de la red de rapi?a que durante 10 a?os se aprovech¨® de los fondos p¨²blicos de varias comunidades aut¨®nomas y una decena de ayuntamientos. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo es el socialista ?ngel Luna, juzgado la semana pasada que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el parlamento valenciano un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupci¨®n y que hab¨ªa sido publicado por los medios de comunicaci¨®n cinco meses antes.
Es la justicia al rev¨¦s.
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