Bombas de racimo con efecto retardado

"En la actualidad este pa¨ªs no est¨¢ sometido a embargo alguno, dado que en septiembre de 2003 se levant¨® el embargo de armas, comercial y financiero, impuesto en 1992 por Naciones Unidas, y en octubre de 2004 la UE levant¨® su embargo de 1986. El Gobierno de Libia ha declarado su renuncia y [prometido el] desmantelamiento de los programas de armas de destrucci¨®n masiva, ya ha colaborado con el OIEA y con los inspectores internacionales en la verificaci¨®n de dicho desmantelamiento". La nota figura en el informe de la Secretar¨ªa de Estado de Comercio sobre las exportaciones de material de defensa y doble uso en 2008 y trata de justificar el hecho de que, en dicho a?o, Libia fuera uno de los mayores clientes de materIal espa?ol de doble uso, con 11,2 millones de euros; en concreto, sustancias qu¨ªmicas y radares.

El mismo informe daba cuenta, sin embargo, de otra operaci¨®n que, por su menor volumen, pas¨® desapercibida. La venta al Ej¨¦rcito libio de una partida por valor de 3.823.500 euros, englobada en la categor¨ªa aduanera correspondiente a "bombas, torpedos, cohetes y misiles".

Ahora se ha sabido que buena parte, si no la totalidad, de esa partida estaba formada por bombas de racimo MAT-120 fabricadas por la empresa espa?ola Instalaza, que el r¨¦gimen de Gadafi est¨¢ utilizado en su asedio contra la ciudad de Misrata, seg¨²n ha confirmado The New York Times. Los MAT-120 son proyectiles de mortero con 21 submuniciones de efecto contracarro y fragmentaci¨®n.

Un portavoz de la Secretar¨ªa de Estado de Comercio Exterior ha asegurado que "Espa?a cumple con todo rigor la convenci¨®n que proh¨ªbe las bombas de racimo y no las ha exportado tras su entrada en vigor". En efecto, la convenci¨®n, suscrita en diciembre de 2008 en Oslo (Noruega) por casi 100 pa¨ªses, entr¨® en vigor el 1 de agosto de 2010. Pero mucho antes, el 11 de julio de 2008, el Gobierno espa?ol hab¨ªa aprobado una moratoria unilateral sobre el empleo, producci¨®n, adquisici¨®n y venta de este armamento.

El problema es que las licencias de venta a Libia se concedieron en 2007 y la exportaci¨®n se materializ¨® en 2008, muy probablemente antes de julio. Para entonces, el debate internacional sobre la convenci¨®n estaba muy avanzado. Inicialmente, Espa?a intent¨® evitar que el veto afectase a las granadas de Instalaza y a las bombas de aviaci¨®n de Expal. Propuso, por ejemplo, que se excluyeran de la prohibici¨®n general las municiones que incorporasen un mecanismo de autodesactivaci¨®n, como la MAT-120.

Sin embargo, a mediados de 2008, el Gobierno dio un giro de 180 grados y se puso en cabeza de los pa¨ªses que abogaban por la proscripci¨®n total de este armamento, equivalente a las minas antipersonales, ya que disemina sus municiones por una amplia zona y se ceba especialmente con ni?os y civiles.

El cambio provoc¨® un choque con Instalaza, que todav¨ªa hoy mantiene la publicidad del MAT-120 en su p¨¢gina web "para mostrar el nivel tecnol¨®gico alcanzado en la seguridad y fiabilidad de esta munici¨®n". La compa?¨ªa a?ade que, "como es obvio, acata las decisiones del Gobierno de Espa?a y las cumple escrupulosamente"; por lo que cabe suponer que ya no la fabrica ni la vende. Coincidiendo con la prohibici¨®n, Instalaza entr¨® en crisis y el futuro de su f¨¢brica de Zaragoza est¨¢ pendiente de un convenio urban¨ªstico para construir 160 viviendas.

Como hab¨ªa prometido la ministra de Defensa, Carme Chac¨®n, Espa?a se convirti¨®, en marzo de 2009, en el primer pa¨ªs del mundo en destruir su arsenal de bombas de racimo. Se invirtieron unos cuatro millones de euros en eliminar 5.589 municiones, 4.600 granadas, 6.000 bombas y 400 proyectiles antipista en manos del Ej¨¦rcito espa?ol. Lo que obviamente no se destruy¨® es la partida que hab¨ªa comprado Gadafi y que, tres a?os despu¨¦s, est¨¢ utilizando para atacar a su poblaci¨®n. La misma a la que han ido a proteger los cazas F-18 espa?oles.