Los controladores imputados reiteran a la juez que estaban de baja por "estr¨¦s" laboral

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Madrid ha empezado esta ma?ana a tomar declaraci¨®n a 16 controladores a¨¦reos de Barajas y de Torrej¨®n de Ardoz imputados por el abandono de las torres de control que provoc¨® el cierre del espacio a¨¦reo el 3 y 4 de diciembre, en pleno puente. Las comparecencias han comenzado a las diez y media de la ma?ana en las dependencias judiciales de plaza de Castilla con la declaraci¨®n de cuatro controladores y se alargar¨¢n durante los d¨ªas 19, 20 y 21 de julio.

De los cuatro controladores llamados a declarar hoy solo han acudido dos, ya que una de las trabajadoras est¨¢ de baja de maternidad y otro controlador est¨¢ enfermo, han informado fuentes jur¨ªdicas. Los que s¨ª han desfilado ante la juez, Ignacio B.D y Adolfina C. V., han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo al darse de baja m¨¦dica por razones "psicof¨ªsicas" provocadas por el "estr¨¦s" de la situaci¨®n laboral que viv¨ªan por los decretos aprobados por el Gobierno y han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que perjudic¨® a m¨¢s de 600.000 personas en toda Espa?a. El delito de sedici¨®n a¨¦rea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegaci¨®n A¨¦rea de 1964, y de conformidad con el art¨ªculo 20 de la Ley de Navegaci¨®n A¨¦rea, est¨¢ castigado con penas de cuatro a ocho a?os de prisi¨®n y la inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por ese mismo tiempo.

Ma?ana martes est¨¢ citado el presidente de la Uni¨®n Sindical de Controladores A¨¦reos (USCA), Camilo Cela. Este sindicato representa a m¨¢s del 90% del colectivo y Cela el ¨²nico miembro de la c¨²pula directivo imputado en la causa, aunque en calidad de controlar a¨¦reo por abandonar su puesto en la torre de control el d¨ªa que comenz¨® la huelga encubierta.

Junto a la acusaci¨®n particular en el proceso penal, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 10.000 v¨ªctimas de la huelga, unidos en la Agrupaci¨®n de Demandantes Afectados por el caos a¨¦reo, ha presentado una demanda por la v¨ªa administrativa de responsabilidad patrimonial contra Aeropuertos Espa?oles y Navegaci¨®n A¨¦rea (AENA) que puede superar los 10 millones de euros.

En la demanda, cuyo plazo de adhesi¨®n finaliza el pr¨®ximo 3 de diciembre, se reclama una indemnizaci¨®n de 10.000 euros para cada pasajero. As¨ª lo ha avanzado a las puertas de los juzgados Luis Vericat, abogado de Cremades y Calvo Sotelo, que ha asegurado que AENA es "totalmente" responsable de lo que sucedi¨® aquellos d¨ªas, ya que en ning¨²n caso "puede hablar de fuerza mayor" porque, a su juicio, "era previsible y se pod¨ªa haber evitado".

"No supo gestionar ese problema que ten¨ªa", ha subrayado el abogado. Sobre los 10.000 euros por viajero por los da?os morales. "Es una cantidad razonable, aunque no hay dinero para pagar lo que los afectados pasaron esos d¨ªas", ha insistido el abogado. En referencia a la v¨ªa penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser "casualidad" que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo. "Es insostenible y no es cre¨ªble", ha dicho Vericat, que ha advertido de que a partir de ahora todos aquellos colectivos que pretendan "pisotear" los derechos de los ciudadanos no les va a salir "gratis".

A las puertas de los juzgados el abogado de una de las controladoras, Carlos Vila, ha alegado que su defendida sufri¨® "un ataque de nervios" y tuvo que ser relevada de su puesto a instancias de su superior. Ha rechazado que se pidiera la baja de forma coordinada con el resto de sus compa?eros y ha recordado que en los procesos penales es necesario individualizar las responsabilidades. "No se puede abrir un proceso inquisitorial por orden alfab¨¦tico", ha a?adido.

El pasado 6 de mayo, la juez Mar¨ªa del Sagrario Herrero admiti¨® a tr¨¢mite la demanda y orden¨® la averiguaci¨®n de la identidad de los controldores que atend¨ªan los turnos fijados para esos d¨ªas para llamarlos a declarar. Adem¨¢s, la juez pidi¨® documentaci¨®n a Presidencia del Gobierno y los ministerios de Defensa sobre la aprobaci¨®n del Decreto de Estado de Alarma y la militarizaci¨®n de las torres de control, as¨ª como as¨ª todas las ¨®rdenes libradas al personal civil o a los funcionarios que se encontraban en los aeropuertos por parte de los militares. La juez tambi¨¦n solicit¨® al Ministerio de Interior que certificara los acuerdos alcanzados por el gabinete de crisis durante esos d¨ªas y a la Polic¨ªa Judicial de Barajas que aporte las ¨®rdenes recibidas durante el cierre del espacio a¨¦reo.