Cinco escalones hacia la abolici¨®n

Autor invitado: ?ngel Gonzalo (periodista de Amnist¨ªa Internacional)

No es dif¨ªcil imaginarse su sufrimiento, su tensa espera -la mayor¨ªa no sabe cu¨¢ndo ser¨¢n ejecutados- o las condiciones en las que malviven, sobre todo en las prisiones de pa¨ªses m¨¢s pobres, donde las condiciones de reclusi¨®n son terribles, con hacinamiento, falta de higiene, escasez de comida y agua potable, y ausencia de garant¨ªas tanto de acceso a representaci¨®n jur¨ªdica como a un m¨¦dico o sus familiares. Lasestad¨ªsticas publicadas por Amnist¨ªa Internacional sobre la pena capital tambi¨¦n pueden interpretarse en clave de ?frica subsahariana; y, como en otros lugares, tienen sus sombras y sus luces.

En 2012, de los 54 miembros de la Uni¨®n Africana, se llevaron a cabo al menos 40 ejecuciones en cinco de ellos. Ocurri¨® en Somalia,Sud¨¢n, Sud¨¢n del Sur, Botsuana y Gambia; y existe un riesgo real de que se reanuden en Nigeria, despu¨¦s de que el gobernador del estado de Edo firmara dos ¨®rdenes de ejecuci¨®n en octubre. Las ¨²ltimas ejecuciones conocidas de este pa¨ªs datan de 2006.

Gambia y Botsuana han dado un paso atr¨¢s y despu¨¦s de un tiempo sin realizar ejecuciones volvieron a aplicar la pena de muerte el a?o pasado. El caso de Gambia es especialmente dram¨¢tico, con 9 personas ejecutadas en un solo d¨ªa en agosto.

El 19 y 20 de agosto, en un discurso televisado para conmemorar la festividad musulmana de Eid al Fitr,el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, anunci¨® a la naci¨®n que, antes de mediados de septiembre, todas las condenas de muerte existentes ser¨ªan ¡°ejecutadas al pie de la letra¡±. La noche del 23 de agosto, ocho hombres y una mujer fueron sacados de sus celdas de la prisi¨®n de Mile 2, pr¨®xima a la capital, Banjul, y poco despu¨¦s fueron ejecutados por un pelot¨®n de fusilamiento. Seg¨²n los informes, dos de los ejecutados eran ciudadanos senegaleses.

Las ejecuciones se realizaron en secreto y no se notificaron con antelaci¨®n a los condenados ni a sus familiares. Los familiares no tuvieron confirmaci¨®n oficial de la muerte de sus seres queridos hasta el 27 de agosto, tres d¨ªas despu¨¦s de que se tuviera por primera vez noticia de las ejecuciones. Supuso la vuelta a la aplicaci¨®n de la pena de muerte despu¨¦s de tres d¨¦cadas sin hacerlo.

Las autoridades no devolvieron los cad¨¢veres a las familias, y no facilitaron informaci¨®n sobre d¨®nde se encontraban enterrados. Al menos tres de los nueve presos ejecutados ¨CMalang Sonko, Tabara Samba y Buba Yarboe¨C no hab¨ªan agotado sus v¨ªas de apelaci¨®n. La Constituci¨®n de Gambia establece que debe garantizarse el derecho de todos los condenados a muerte a apelar ante el Tribunal Supremo. El 14 de septiembre, el presidente Jammeh anunci¨® una moratoria ¡°condicional¡± de las ejecuciones, que ser¨ªa ¡°levantada autom¨¢ticamente¡± si los ¨ªndices de criminalidad aumentaban.

En Botsuana, dos hombres fueron ejecutados en 2012, despu¨¦s de un a?o sin que se llevara a cabo este castigo. Adem¨¢s, se dictaron cinco nuevas condenas a muerte. Zibani Thamo fue ahorcado el 31 de enero. Las autoridades no devolvieron su cad¨¢ver a su familia, ni revelaron d¨®nde estaba enterrado. Gatlhalosamang Gaboakelwe perdi¨® su apelaci¨®n en febrero. Al terminar el a?o a¨²n no hab¨ªa sido ejecutado, pero los recursos judiciales para que se dictara una suspensi¨®n formal de la ejecuci¨®n no tuvieron ¨¦xito.

Malas noticias, sin duda. Sin embargo, el Estado que tuvo mayor n¨²mero de ejecuciones en la regi¨®n fue Sud¨¢n. En este pa¨ªs se inform¨® de al menos 19 ejecuciones y de al menos 199 condenas a muerte. Dos mujeres, Intisar Sharif Abdallah y Layla Ibrahim Issa Jumul, fueron condenadas a morir por lapidaci¨®n por cargos de ¡°adulterio estando casada¡± en dos casos diferentes en mayo y julio. En ambos casos, las mujeres fueron condenadas tras juicios injustos que incluyeron confesiones forzadas. Las condenas fueron anuladas posteriormente en apelaci¨®n, y las dos mujeres quedaron en libertad. La movilizaci¨®n de la sociedad fue clave para lograr este objetivo.

Las autoridades sudanesas siguieron utilizando la pena de muerte, y los amplios poderes que les otorgaba la Ley de Seguridad Nacional de 2010, para oprimir a activistas o presuntos activistas de grupos de oposici¨®n pol¨ªtica. Al Tom Hamed Tutu, miembro del grupo armado Movimiento Justicia e Igualdad en Darfur, oeste de Sud¨¢n, fue condenado a morir por ahorcamiento en 2011 por delitos contra el Estado. El gobierno hab¨ªa acelerado el proceso legal presentando apelaciones sin informarles ni a ¨¦l ni a su abogado. La ejecuci¨®n se suspendi¨® en junio en espera de una apelaci¨®n ante el Tribunal Constitucional.

Avances en la lucha contra la pena de muerte

A pesar de todo, el n¨²mero de pa¨ªses en los que se dictaron sentencias de muerte en ?frica disminuy¨® respecto al a?o anterior.

Otra buena noticia es que Ben¨ªn no dict¨® condenas a muerte. Tampoco lo hicieron Burkina Faso, Malawi ni Sierra Leona, al contrario que en 2011. Al concluir el a?o, no hab¨ªa presos condenados a muerte en Sierra Leona, tras los indultos concedidos con ocasi¨®n del D¨ªa de la Independencia, en abril. En septiembre, el Tribunal de Apelaci¨®n absolvi¨® a un hombre que hab¨ªa sido declarado culpable de asesinato en 2003 y condenado a muerte.

Ben¨ªn y Madagascar reflejan los avances en la regi¨®n. Se sumaron a la tendencia abolicionista internacional -representada por m¨¢s de dos tercios de todos los pa¨ªses del mundo- ratificando y firmando, respectivamente, un tratado internacional clave de Naciones Unidas destinado a la abolici¨®n de la pena capital.

El gobierno de Ghana, por su parte, acept¨® revisar la abolici¨®n de la pena de muerte en la nueva Constituci¨®n, a pesar de que en 2012 se dictaron 27 sentencias de muerte en el pa¨ªs, todas ellas contra hombres declarados culpables de asesinato. Al finalizar el a?o, hab¨ªa condenados a muerte 162 hombres y 4 mujeres en Ghana. Sin embargo, a pesar de estas cifras, el gobierno declar¨® en junio tras una recomendaci¨®n de una Comisi¨®n encargada de la reforma constitucional: ¡°El car¨¢cter sagrado de la vida es un valor tan arraigado en la psique social ghanesa que no puede ponerse en juego mediante incertidumbres judiciales¡±. Durante su examen en el Consejo de Derechos Humanos en octubre, Ghana se?al¨® que ese cambio deb¨ªa someterse a refer¨¦ndum popular. Tambi¨¦n en octubre, Anthony Alfred Benneh, candidato a juez del Tribunal Supremo, pidi¨® la abolici¨®n de la pena de muerte, citando espec¨ªficamente el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Peque?os pasos hacia la esperanza.

Adem¨¢s, el 10 de octubre, D¨ªa Mundial contra la Pena de Muerte, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, fue galardonado con el premio ¡°Abolicionista del A?o 2012¡± por la ONG ¡°Que nadie toque a Ca¨ªn¡±. Al aceptar el premio, el presidente dijo: ¡°Los sierraleoneses a¨²n no se han recuperado de aquellas alt¨ªsimas cifras de ejecuciones llevadas a cabo en un solo d¨ªa por el Estado [24 personas en 1992, y 29 en 1998, durante la guerra civil]. Los sierraleoneses no quieren una repetici¨®n de las ejecuciones autorizadas por el Estado¡±.

Por su parte, en Camer¨²n, la informaci¨®n facilitada por el gobierno indicaba que al empezar el a?o hab¨ªa 102 presos en espera de ejecuci¨®n. Pero, en noviembre, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos y Libertades, financiada por la administraci¨®n, hizo p¨²blico un informe en el que ped¨ªa la abolici¨®n de la pena de muerte.

La lucha contra la pena capital cuenta con respaldo institucional en la regi¨®n. En abril, la Comisi¨®n Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos public¨® un estudio sobre la cuesti¨®n de la pena de muerte en ?frica que, entre otras cosas, recomendaba la adopci¨®n de un protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a la abolici¨®n de la pena de muerte en todas las circunstancias.

Un argumento que se cita a menudo es que la pena de muerte sirve de disuasi¨®n para los delitos graves. En realidad, no hay datos que demuestren que la pena de muerte sea m¨¢s disuasoria frente a la delincuencia que las penas privativas de libertad. El Consejo Nacional de Investigaci¨®n de las Academias Nacionales de Estados Unidos confirm¨® en su informe de abril de 2012 que "las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el efecto de la pena capital en los homicidios no ofrecen informaci¨®n sobre si la pena capital reduce o aumenta los ¨ªndices de homicidios o no tiene efecto alguno en ellos. Por tanto, el comit¨¦ recomienda que no se utilicen estos estudios como base para las deliberaciones [¡­] sobre el efecto de la pena de muerte en los homicidios¡±. Eso, en un pa¨ªs, Estados Unidos donde en ciertos estados el uso de la pena de muerte se ve empa?ado por la discriminaci¨®n racial; es decir, donde un preso afroamericano tiene m¨¢s probabilidades de ser ejecutado que otro con la tez m¨¢s clara.

Por definici¨®n, una persona condenada a muerte deja de ser una amenaza inmediata porque ya est¨¢ en prisi¨®n y, por tanto, fuera de la sociedad. As¨ª que, el argumento de la seguridad cae una y otra vez por su propio peso. La pena capital es el homicidio premeditado, a sangre fr¨ªa y sancionado judicialmente de un ser humano a manos del Estado. Es la m¨¢xima negaci¨®n de derechos humanos. Y en vez de a la justicia, se acerca peligrosamente, al concepto de venganza.