Derechos en peligro

El borrador del anteproyecto del C¨®digo Procesal Penal elaborado por una comisi¨®n de expertos, por encargo del Ministerio de Justicia, contempla la posibilidad de que la polic¨ªa puedan utilizar los llamados virus troyanos, es decir, programas inform¨¢ticos que permiten penetrar en los ordenadores particulares o corporativos sin ser advertidos, para captar y transmitir informaci¨®n a ajenos. El acceso remoto a los equipos permite introducirse en ordenadores, tabletas, tel¨¦fonos m¨®viles y sus conexiones en la nube y con otros equipos; y no solo posibilitar¨¢ observar los contenidos de los discos duros, sino tener las claves de acceso a cualquier dispositivo digital, incluidas redes sociales o programas como Skype.

Desde el punto de vista t¨¦cnico, la aplicaci¨®n de este procedimiento podr¨ªa equipararse a las actuales escuchas telef¨®nicas que los jueces autorizan para seguir los pasos de presuntos delincuentes; pero a nadie se le oculta que, en el caso de los troyanos, el poder de intromisi¨®n en la intimidad de las personas es infinitamente mayor. Y el potencial intrusivo no solo abarca a los investigados, sino a cualquiera que se relacione con ellos digitalmente. Aunque un portavoz de Justicia ha aclarado que todav¨ªa no hay decisi¨®n tomada al respecto, algunos de los puntos del borrador resultan preocupantes. En particular, el hecho de que se proponga autorizar este procedimiento para investigar todo tipo de posibles delitos penados con m¨¢s de tres a?os de prisi¨®n. Aunque los troyanos solo puedan utilizarse previa autorizaci¨®n judicial, permitir su uso de forma tan generalizada entra?a enormes peligros y puede llegar a vulnerar derechos fundamentales. As¨ª se ha entendido en Alemania, ¨²nico pa¨ªs europeo que lo ha regulado. Despu¨¦s de que el Constitucional estableciera fuertes restricciones, all¨ª se ha limitado su uso a delitos de terrorismo.

En el caso de Espa?a hay que tener en cuenta adem¨¢s que esta propuesta se inscribe en el marco de una reforma procesal de gran calado, en la que ser¨¢ el fiscal quien asuma la direcci¨®n de la instrucci¨®n en lugar de los jueces. Aunque persistir¨¢ el control del juez sobre la misma, no hay que olvidar que la jefatura de la fiscal¨ªa depende jer¨¢rquicamente del Gobierno. Cualquier regulaci¨®n deber¨ªa ser cuidadosamente debatida y, en todo caso, limitada a determinados delitos muy graves, con severas restricciones procedimentales y control judicial reforzado.