Entramos en el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas est¨¢ pero no est¨¢. Es, en teor¨ªa, enormemente poderoso; uno de los puntales del Estado democr¨¢tico; con su existencia rese?ada en la Constituci¨®n; intocable; independiente de la Administraci¨®n; con autonom¨ªa presupuestaria y de gobierno; con sus 12 consejeros blindados en su cargo durante nueve a?os. La pieza clave para fiscalizar la gesti¨®n econ¨®mica de las instituciones p¨²blicas. El largo brazo del Parlamento (su ¨²nico cliente) para controlar (a toro pasado) en qu¨¦ gastan y c¨®mo gestionan el dinero de nuestros impuestos el Gobierno, los Ayuntamientos, las comunidades aut¨®nomas, las sociedades estatales, las empresas p¨²blicas, la Seguridad Social o los partidos. Los hombres de negro del Tribunal tienen que inspeccionar cada ejercicio las cuentas de 15.000 organismos. Y adem¨¢s averiguar si esos gastos se han hecho bajo criterios de eficiencia, eficacia y econom¨ªa. Esa ser¨ªa la misi¨®n ideal del Tribunal: no limitarse a comprobar si los balances que les entregan (siempre con retraso; muchas veces incompletos) cuadran; tambi¨¦n deducir si ese dinero se ha empleado bien. Por ejemplo, que las contrataciones (especialmente de obras y gesti¨®n de servicios) han cumplido las normas de concurrencia, objetividad y transparencia; es decir, que no se han adjudicado a dedo a alg¨²n amigo del alcalde.

¡°La clave de nuestra existencia es que sepamos si el gasto es eficaz. Y a partir de ah¨ª, que las recomendaciones que enviamos a las Cortes para que insten al Gobierno a que mejore su gesti¨®n se tengan en cuenta¡±, resume Enrique ?lvarez Tol?cheff, director de la Secci¨®n de Fiscalizaci¨®n (que concentra la labor de auditor¨ªa a trav¨¦s de siete departamentos especializados en sectores p¨²blicos, Ayuntamientos y ?autonom¨ªas). ¡°Tenemos que ir m¨¢s all¨¢ de la auditor¨ªa financiera; lo importante no es solo que cada gasto est¨¦ justificado, sino que sea eficiente. La mayor transparencia en un Estado democr¨¢tico es saber c¨®mo emplea el Ejecutivo tu dinero¡±.

Los ¡®hombres de negro¡¯ del tribunal tienen que fiscalizar 15.000 organismos cada a?o

El Tribunal de Cuentas deber¨ªa ser el Gran Hermano del sistema; el sumo inquisidor de los excesos y ligerezas de sus administradores; la sala de justicia donde la naci¨®n pida cuentas a los gestores que recaudan, administran o custodian fondos del Estado, y les obligue a devolver de su bolsillo el dinero que han empleado mal. As¨ª lo marca la ley. No siempre se cumple. La gran cuesti¨®n es para qu¨¦ sirve el Tribunal de Cuentas. Si alguien le hace caso. Si tiene el suficiente prestigio para hacer valer su fuerza moral por encima del juego pol¨ªtico. Y llegar hasta el final; caiga quien caiga. Ante esa cuesti¨®n, los letrados y auditores del Tribunal (funcionarios por oposici¨®n, con prestigio y experiencia) titubean. Se nota cierto des¨¢nimo. Y mucho victimismo. Una de las frases m¨¢s repetidas entre estas adustas paredes es: ¡°Estamos hartos de clamar en el desierto¡±. Hay otra del mismo estilo: ¡°Nuestros informes son un brindis al sol¡±. Hay una tercera reflexi¨®n muy extendida, que sintetiza Juan Carlos L¨®pez, director del Departamento Quinto (al que rinden cuentas decenas de entes como RTVE, el Banco de Espa?a, el Museo del Prado o el CNI): ¡°Este no es el organismo que va a acabar con la corrupci¨®n. No tenemos polic¨ªas. Somos un tribunal, pero no mandamos a la gente a la c¨¢rcel. Somos t¨¦cnicos. No tenemos potestad para pinchar un tel¨¦fono, confiscar un ordenador o acceder a las cuentas de los familiares-testaferro. No sabemos si hay una contabilidaden B. Pedimos papeles. Y rastreamos en ellos con los procedimientos que nos proporciona la t¨¦cnica de la auditor¨ªa. Y pedimos facturas. Y hacemos un informe. Y si nuestra fiscal¨ªa detecta un perjuicio para las arcas p¨²blicas, act¨²a la Secci¨®n de Enjuiciamiento, para que se devuelva ese dinero al Tesoro. Tenemos que ser m¨¢s ¨¢giles, pero no somos el centro nacional contra la corrupci¨®n¡±.

Un cuarto an¨¢lisis que se puede escuchar en los pasillos del palacio es este: ¡°Los partidos est¨¢n usando al Tribunal como coartada. Cuando no hacemos constar ninguna irregularidad sobre su actividad econ¨®mico-financiera (porque no la hemos detectado), esgrimen nuestros informes y se les llena la boca diciendo: ¡®Somos inocentes; hemos pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas¡¯. Y no es exactamente as¨ª. Un auditor no puede abrir la caja fuerte del tesorero de un partido; no ve los maletines. Los partidos nos est¨¢n usando como un escudo que les exonera de todo¡±. Para terminar, esta quinta y ¨²ltima idea, en la que coinciden muchos profesionales del Tribunal: ¡°Tenemos que concentrarnos en controlar lo que preocupa a los ciudadanos. Tenemos que hacer fiscalizaciones sobre asuntos m¨¢s concretos, cercanos y recientes. El Tribunal no est¨¢ dando respuesta a las demandas de la sociedad¡±. Cuando uno pide a esa fuente que concrete esas demandas, salta como un resorte: ¡°Por ejemplo, conocer al c¨¦ntimo las cuentas de la Casa del Rey. Nuestro presidente afirm¨® en el Parlamento que no podemos entrar a valorar, analizar o fiscalizar c¨®mo distribuye el Rey la asignaci¨®n que recibe cada a?o porque lo impide la Constituci¨®n; pero tambi¨¦n es cierto que, revisando las cuentas de los Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Presidencia, podemos saber lo que cuesta cada soldado, escolta, jardinero y viaje de la Casa. ?M¨¢s demandas? Tenemos que estar atentos con las entidades financieras que ha nacionalizado el Gobierno (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia) y ver c¨®mo emplean el dinero p¨²blico que se les ha inyectado. Y hay que estar encima de los ERE y de la corrupci¨®n urban¨ªstica de los Ayuntamientos. Eso es lo que se nos pide¡±.

Al Tribunal de Cuentas le ocurre lo que a su severa y palaciega sede, inmersa en pleno barrio de Malasa?a (uno de los rincones m¨¢s vibrantes de la contracultura madrile?a), junto a la que pasan a diario miles de personas que ignoran ese viejo caser¨®n custodiado por polic¨ªas y cuyo p¨®rtico, con front¨®n y bandera, engulle y expele lujosos coches oscuros oficiales y veh¨ªculos con quintales de papeles. Es invisible. Casi nadie sabe qu¨¦ ocurre tras estos decimon¨®nicos muros de granito. La imagen (acertada o no) que se ha ido formando la opini¨®n p¨²blica sobre el Tribunal en los ¨²ltimos tiempos (en especial, desde la aparici¨®n en escena del extesorero del Partido Popular Luis B¨¢rcenas, al frente de una presunta trama de corrupci¨®n, financiaci¨®n ilegal y sobresueldos no detectada por el Tribunal), y que confirman en privado algunos de sus t¨¦cnicos, es que se trata de un organismo lento, caro (tiene un presupuesto superior a los 60 millones de euros), endog¨¢mico, dividido por los intereses corporativos de sus miembros (una batalla que enzarza a los cuerpos espec¨ªficos del Tribunal, los de la casa, y los que proceden de otros cuerpos del Estado, los pitufos); con una pesada burocracia y que maneja criterios de auditor¨ªa ya caducos en el sector privado. Y, sobre todo, que est¨¢ manejado por los dos grandes partidos, que nombran, a trav¨¦s de pactos, a sus 12 consejeros (algunos de ellos con una clara filiaci¨®n pol¨ªtica) con el objetivo de que no salgan a la luz las irregularidades de su gesti¨®n. En medio de esa espiral, en abril de 2012 saltaba una nueva pol¨¦mica: se daba a conocer que el ¨²ltimo ejercicio de la contabilidad de los partidos que el Tribunal hab¨ªa fiscalizado era el de 2007. Cinco a?os de retraso. Las irregularidades que se podr¨ªan derivar del informe habr¨ªan prescrito. El informe, de 400 p¨¢ginas y anexos, cr¨ªptico y farragoso, encuadernado en el desva¨ªdo beis del Tribunal, proporcionaba, sin embargo, algunas claves sobre los usos de los partidos. Por ejemplo, en relaci¨®n con el PP, el informe aseguraba que la contabilidad facilitada no conten¨ªa ninguna informaci¨®n sobre las actividades de su estructura territorial; y adem¨¢s no se sab¨ªa qui¨¦n firmaba el preceptivo informe interno sobre su situaci¨®n financiera. En 2007, B¨¢rcenas era gerente, y ?lvaro Lapuerta, tesorero, pero su r¨²brica no aparec¨ªa por ning¨²n lado. El informe llegaba tarde. Pregunta generalizada: ?para qu¨¦ sirve entonces el Tribunal?

Las audiciones parlamentarias a las que est¨¢n sujetos los consejeros antes de ser nombrados se han desaprovechado

Ese reciente escrutinio sobre su actuaci¨®n ha colocado al borde del ataque de nervios a los 12 consejeros del Tribunal; los cinco fiscales, los tres abogados del Estado, la veintena de directores t¨¦cnicos; los cerca de 400 auditores, contadores y letrados, y los otros 400 cargos auxiliares; habituados al silencio y la serenidad de sus luminosos despachos, y a unos sueldos inusualmente altos en la funci¨®n p¨²blica (se supone que para evitar sobornos), que van de los m¨¢s de 6.000 euros netos mensuales que cobra un consejero (adem¨¢s de coche oficial y dos secretarias) a los 4.500 de un director t¨¦cnico, 4.100 de un subdirector y 3.700 de un adjunto; un microcosmos de funcionarios an¨®nimos, grises, corteses y poco acostumbrados a colocarse bajo el foco de la opini¨®n p¨²blica, m¨¢s all¨¢ de las versallescas comparecencias de su presidente ante la Comisi¨®n Mixta para las Relaciones con el Tribunal, de las que nunca se saca mucho en limpio.

Tambi¨¦n representan un tr¨¢mite desaprovechado las audiciones parlamentarias a las que est¨¢n sujetos los consejeros antes de ser confirmados en su cargo, con el objeto de ser interrogados por los miembros de las C¨¢maras para comprobar su idoneidad. Una ocasi¨®n perdida para profundizar en el perfil de los futuros responsables del Tribunal. En las ¨²ltimas audiencias, en el Senado en julio de 2012, despu¨¦s de que los aspirantes abundaran en sus m¨¦ritos, cuando les lleg¨® el turno a los parlamentarios de preguntar, declinaron esa posibilidad, especialmente con los dos que m¨¢s juego pol¨ªtico pod¨ªan haber dado: Manuel Aznar L¨®pez (hermano del expresidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar) y Margarita Mariscal de Gante (exministra de Justicia y exdipu?tada del PP). Ning¨²n senador lo consider¨® necesario. Aznar y Mariscal ser¨¢n consejeros hasta 2021. Ninguno de los dos ten¨ªa la m¨¢s m¨ªnima experiencia en el Tribunal [El se?or Aznar afirma mediante carta que "esta aseveraci¨®n no se corresponde con la realidad"]. Todo atado y bien atado. La diputada de UPyD Rosa D¨ªez, presente en la comparecencia del Congreso, tach¨® esa pr¨¢ctica parlamentaria de ¡°farsa¡±.

El Tribunal no es muy dado a abrir sus puertas a los periodistas. Ni siquiera cuando sus consejeros de Enjuiciamiento consiguieron un gran ¨¦xito al condenar a los herederos de Jes¨²s Gil a que devolvieran m¨¢s de 80 millones de euros (y 15 de intereses) expoliados en Marbella; o cuando exigieron a Luis Rold¨¢n devolver 3,5 millones de ?euros por su gesti¨®n de la Guardia Civil. Silencio sepulcral. Tradicionalmente, tampoco ha formado parte de los bar¨®metros del CIS sobre instituciones p¨²blicas. Cuando, en 1998, el CIS pidi¨® a una muestra de los ciudadanos para que valoraran La democracia y sus instituciones, e incluy¨® al Tribunal de Cuentas, este qued¨® relegado al ¨²ltimo lugar de la clasificaci¨®n. Fortificado en el coraz¨®n de Malasa?a, como un Fort Apache urbano de lustrados y solitarios corredores (por los que circulan mozos empujando carros de supermercado repletos de legajos y bedeles uniformados de azul y oro); decorado con muebles de ministerio, cuadros sin historia, madera oscura y multitud de relojes que marcan con sus campanadas cada paso que das, tienes la sensaci¨®n de que aqu¨ª se vive ligeramente al margen de la realidad. A las tres suena la sirena y concluye la jornada laboral. Y llega la hora del p¨¢del, al que se han aficionado muchos trabajadores del Tribunal.

¡°Si funcion¨¢ramos a pleno rendimiento, tendr¨ªamos a la Administraci¨®n en vilo¡±, explica Olayo Gonz¨¢lez, fiscal jefe y miembro n¨²mero 13 del Pleno, con su cabellera gris tan alborotada como sus quejas. Es el encargado de bucear en cada informe de auditor¨ªa para descubrir anomal¨ªas e iniciar un procedimiento que puede concluir con un gestor p¨²blico en el banquillo de la sala de vistas del Tribunal. Donde nunca se han sentado un ministro ni el l¨ªder de un partido pol¨ªtico. ¡°Si oblig¨¢ramos a los gestores p¨²blicos a que respondiesen con su patrimonio cuando han provocado el m¨ªnimo menoscabo de los caudales p¨²blicos; si nos fu¨¦ramos a ver si tal Ayuntamiento ha puesto 56 alcantarillas como ten¨ªa presupuestado y nos encontr¨¢ramos que solo hay 26; si pidi¨¦ramos explicaciones por cada desv¨ªo presupuestario (como el 31% en el AVE Madrid-Barcelona) o cada contrataci¨®n dudosa (como el Plan E); si tuvi¨¦ramos el poder efectivo de sancionar, cuando nos vieran aparecer esos gestores, se echar¨ªan a temblar. Y se lo pensar¨ªan antes de actuar irresponsablemente. Sin embargo, es cierto que hemos avanzado mucho. Este Tribunal, que se limitaba a ser una especie de perseguidor de los carteros que se quedaban con los giros, est¨¢ dando pasos para convertirse en una jurisdicci¨®n contra las malas pr¨¢cticas contables en la Administraci¨®n. Ya no hablamos de centenares de euros. Ahora reclamamos al Forcem (una fundaci¨®n que gestionaba cursos para el empleo con financiaci¨®n p¨²blica) 2,5 millones de euros. Y en lo que va de junio hemos reclamado 1,5 millones de euros a los gestores de distintos organismos por menoscabo de fondos p¨²blicos; en mayo, 3 millones; en abril, 3,8 millones; en marzo, 12,3 millones; en febrero, 3,3 millones; en enero, 12,5 millones. Esto se mueve. Ya no es un balneario¡±.

Fuera del Tribunal, a media voz, algunos t¨¦cnicos de la instituci¨®n dan pistas de lo que no funciona: ¡°Se trabaja con rigor y calidad, pero el problema es la lentitud, que no es siempre achacable a nosotros, sino al retraso con el que los cuentandantes nos entregan las cuentas y, despu¨¦s, a que la comisi¨®n parlamentaria tarda hasta dos a?os en leerse nuestros informes (si es que se los lee). Y m¨¢s a¨²n en periodo electoral, donde todo se paraliza. La paradoja es que no podemos sancionarles por esos retrasos; y si lo hacemos es con una cuant¨ªa rid¨ªcula: entre 60 y 900 euros. Y luego, en el tema de la fiscalizaci¨®n de los partidos, es imprescindible que nos ayuden la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y nos aporten los datos que necesitamos para cruzarlos con los nuestros y llegar a conclusiones sobre la financiaci¨®n, la contrataci¨®n ilegal y los sobresueldos. No lo hacen. De ninguna manera. Este a?o, por fin hemos conseguido que la Central de Riesgos del Banco de Espa?a nos informe sobre los cr¨¦ditos que tienen contra¨ªdos las formaciones pol¨ªticas y sus condonaciones irregulares. Hemos estado ocho a?os pidi¨¦ndoselo. Hay zonas de la Administraci¨®n que parece que no quieren que se haga la luz en el tema de los partidos¡±.

Para varios profesionales del Tribunal, lo que m¨¢s credibilidad resta a la instituci¨®n es la elecci¨®n de los consejeros por parte de los partidos: ¡°Porque no siempre se dejan el carn¨¦ en la puerta del Tribunal. En el d¨ªa a d¨ªa no se nota ese bipartidismo; pero cuando hay algo pol¨ªticamente gordo, los partidos tocan a rebato. El PP y el PSOE est¨¢n reflejando aqu¨ª sus mayor¨ªas parlamentarias. Y el presidente del Tribunal es normalmente del partido que gana. Pero eso tampoco quiere decir que mande; aqu¨ª, realmente, no manda nadie; no hay liderazgo; todo es colegiado, y as¨ª no se llega a ning¨²n lado; el presidente no es un presidente ejecutivo, es un primus inter pares, encargado de los asuntos internos y la representaci¨®n. El ¨²nico poder que tiene es el voto de calidad¡±, explica un t¨¦cnico de la casa. Para otro, el problema de la credibilidad de los consejeros se agrava cuando se aproxima su reelecci¨®n: ¡°Es cuando est¨¢n obligados a retratarse con el partido que les nombr¨® para que les vuelvan a elegir. Habr¨ªa que estudiar si el cargo de consejero deber¨ªa ser vitalicio (como en el Supremo de Estados Unidos) o, al menos, que no hubiera reelecci¨®n, para que el Tribunal quedara libre de sospecha¡±.

Cuando le expongo al presidente esas cr¨ªticas, Ram¨®n ?lvarez de Miranda, de 58 a?os, hombre de la casa desde 1988 y al frente desde julio de 2012, rechaza mis argumentos: ¡°A nosotros nos elije el Parlamento, no los partidos. Y hay garant¨ªas legales sobre nuestra independencia. Est¨¢ la Constituci¨®n; est¨¢ la Ley Org¨¢nica; est¨¢ nuestra inamovilidad. Y es el Pleno del Tribunal el que decide los asuntos que va a fiscalizar cada a?o (adem¨¢s de los que tenemos asignados por ley y los que nos encarga la Comisi¨®n Mixta). Este a?o, de los 113 previstos, 77 son nuestros. Y nadie en la Administraci¨®n (ni en los partidos) se puede negar a rendirnos cuentas¡±.

El escrutinio sobre su actuaci¨®n ha colocado a los 12 consejeros del Tribunal al borde del ataque de nervios

Lo que no explica ?lvarez de Miranda es que la mitad de los asuntos que el Pleno decidi¨® fiscalizar en el ejercicio de 2012 no se concluyeron y han saltado a este a?o, donde el Tribunal est¨¢ intentando acelerar al m¨¢ximo el ritmo de las fiscalizaciones para terminar el curso con 60 informes concluidos, frente a los 39 de 2012 y los 34 de 2011.

La sobrecarga de trabajo nunca ha sido la se?a de identidad del Tribunal. Un pante¨®n de hombres ilustres que seste¨® durante el franquismo: ¡°Nadie le iba a fiscalizar las cuentas a Franco¡±, explica Isabel Urzaiz, jefa del archivo. Y que se mantuvo en el limbo (existencial y jur¨ªdico) desde la proclamaci¨®n de la Constituci¨®n, en 1978, hasta la definici¨®n legal de la naturaleza del Tribunal, en mayo de 1982. A¨²n tardar¨ªa seis a?os m¨¢s en concretarse su Ley de Funcionamiento. Ya est¨¢bamos en 1988; y hab¨ªa que partir de cero. Para empezar, era necesario crear una plantilla de auditores. Se tir¨® de funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social para completar la diezmada estructura del Tribunal, donde muchos censores de cuentas no hab¨ªan hecho una auditor¨ªa moderna en su vida.

En aquellos primeros pasos, el Tribunal no ten¨ªa entre sus misiones fiscalizar a los 1.500 partidos pol¨ªticos. Nadie lo hac¨ªa. El descontrol era absoluto. Sus cuentas eran rupestres. En 1985 le fue asignado al Tribunal el control de la contabilidad de los mismos durante los procesos electorales (que es cuando m¨¢s dinero p¨²blico reciben), y en 1987, el de su contabilidad ordinaria. Era un encargo especial. Los partidos no formaban parte del sector p¨²blico, pero el 90% de su financiaci¨®n se nutr¨ªa de dinero p¨²blico (solo para gastos de funcionamiento y seguridad, m¨¢s de 80 millones de euros al a?o). Alguien ten¨ªa que hacerlo. Un t¨¦cnico del Tribunal lo explica as¨ª: ¡°Se nos acab¨® la paz. No era mucho dinero a fiscalizar (para los miles de millones a que est¨¢bamos acostumbrados), como mucho 200 millones, pero era una patata caliente con la que nadie quer¨ªa cargar. Y nos la endosaron¡±.

A partir de ese momento, el Tribunal de Cuentas se iba a convertir en un campo de batalla entre los grandes partidos. El primer asalto se libr¨® en junio de 1988, cuando, a prop¨®sito de Rumasa, el Pleno se dividi¨® entre los ocho consejeros que consideraban que el Gobierno (socialista) no hab¨ªa cometido irregularidades en su reprivatizaci¨®n y los otros cuatro que votaron en contra de esa decisi¨®n y pronunciaron un voto particular. El segundo asalto se libr¨® en junio de 1991, cuando, en torno al asunto Filesa, de financiaci¨®n ilegal del PSOE, el Pleno se volvi¨® a fracturar entre los que estaban a favor de exculpar al PSOE por aquellos hechos y los que estaban en contra. Ganaron in extremis los socialistas, gracias al voto de calidad del presidente, Adolfo Carretero. Los consejeros populares volvieron a emitir votos particulares. Fue un esc¨¢ndalo. ¡°Ganamos aquella votaci¨®n, pero fue una derrota¡±, analiza Milagros Garc¨ªa Crespo, consejera del Tribunal entre 1991 y 1994, a propuesta socialista, y presidenta entre 1994 y 1997.

El Tribunal seste¨® con el franquismo y estuvo en el limbo existencial hasta cuatro a?os despu¨¦s de la Constituci¨®n

Hab¨ªa estallado la guerra en la calle de Fuencarral. El Tribunal estaba deshecho antes de empezar a funcionar. Nadie se fiaba de nadie. La ¨²nica soluci¨®n para firmar la paz fue disolver, en julio de 1993, el Departamento de Fiscalizaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos (que estaba controlado, como el resto de los departamentos del Tribunal, por un solo consejero), y la creaci¨®n de una extra?a unidad, sin adscripci¨®n fija, denominada Coponencia para la Fiscalizaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos, que ser¨ªa monitorizada directamente por dos consejeros, uno de cada color pol¨ªtico. ¡°Uno muy conservador y otro muy progresista¡±, recuerda el exconsejero Juan Velarde. ¡°Como cada uno tiene el coraz¨®n a un lado, se decidi¨® que hubiera dos coponentes, para que vieran conjuntamente la contabilidad de los partidos y no fuera uno solo, porque a lo mejor se dejaba traicionar por su ideolog¨ªa¡±. Ese estado de excepci¨®n contin¨²a hoy. La Coponencia est¨¢ formada por Javier Medina (nombrado a propuesta del PP) y Felipe Garc¨ªa (del PSOE). Y es la fuente principal de los retrasos y el lenguaje tibio y maquillado que abunda en los informes de fiscalizaci¨®n de los partidos. La mejor prueba es la demora que est¨¢ experimentando el informe de 2008, que el Tribunal ten¨ªa previsto concluir en mayo. Seg¨²n un miembro del Pleno, ¡°est¨¢n valorando cada coma. Lo lee un director t¨¦cnico; luego, otro; luego, un consejero; luego, otro. Hasta que se ponen de acuerdo en la redacci¨®n y en el mensaje¡±, se?ala.

La ¡®unidad¡¯ no est¨¢ situada en el edificio del Tribunal; est¨¢ muy cerca, en un par de pisos de un discreto inmueble vecinal, en cuyo patio huele a comida y juegan los ni?os. Aqu¨ª, en despachos desnudos, varios equipos de auditores (que agachan la cabeza ante la presencia de las c¨¢maras) intentan fiscalizar las cuentas de los partidos. No es una misi¨®n f¨¢cil. Para empezar, las formaciones pol¨ªticas han carecido hasta hoy de un plan contable homog¨¦neo a la hora de presentar sus cuentas. Adem¨¢s, durante todos estos a?os, la plantilla de la unidad ha sido de solo 15 personas (mientras las de los otros departamentos est¨¢ entre las 50 y 60); tras los ¨²ltimos terremotos pol¨ªticos cuyas r¨¦plicas han alcanzado al Tribunal, ha crecido (manu militari) hasta 40 personas. Sin embargo, sigue sin ser un destino muy demandado entre los t¨¦cnicos. La previsi¨®n del presidente es que con ese refuerzo concluir¨¢n este a?o todas las fiscalizaciones de la contabilidad ordinaria de los partidos hasta 2011. No todos aqu¨ª est¨¢n convencidos de la viabilidad de ese calendario.

La unidad de partidos pol¨ªticos est¨¢ monitorizada por dos consejeros, cada uno de un color pol¨ªtico

El jefe de la unidad desde 1995 es Guillermo Castro, un veterano auditor del Tribunal, que suda ante los periodistas y afirma que no le importar¨ªa cambiar de destino. Explica que se est¨¢ avanzando en la fiscalizaci¨®n gracias al impulso de las leyes de financiaci¨®n de los partidos de 2007 y 2012, que han acabado con las donaciones an¨®nimas, con la posibilidad de que un mismo donante (f¨ªsico o jur¨ªdico) aporte m¨¢s de 100.000 euros al a?o a un grupo pol¨ªtico y de que las entidades financieras puedan condonar a las formaciones m¨¢s de 100.000 euros al a?o, y que, sobre todo, les ha permitido extender su control a las fundaciones unidas a los partidos. ¡°Pero queda mucho por hacer; el delincuente siempre va por delante¡±.

Situarse bajo la lupa de la opini¨®n p¨²blica parece haber puesto en forma al Tribunal. Para empezar, su Consejo, nombrado en julio del a?o pasado, es m¨¢s joven (una media de 58 a?os frente a los casi 80 del anterior) y t¨¦cnico que antes. La nueva Ley de Financiaci¨®n les proporciona m¨¢s herramientas para poner luz en las difusas cuentas de los partidos; y la plataforma telem¨¢tica de rendici¨®n de cuentas facilitar¨¢ su control de los d¨ªscolos Ayuntamientos. Solo les falta credibilidad. Y llegar hasta el fin. ¡°Pero lo que nunca conseguiremos son los papeles de B¨¢rcenas¡±, me comenta el jefe de la unidad de partidos pol¨ªticos cuando nos despedimos: ¡°Esos los tiene EL PA?S¡±.