La ruptura del pacto social

Tiempo habr¨¢ para analizar con detalle la propuesta del comit¨¦ de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema p¨²blico de pensiones, su contenido y sus implicaciones. Pero se hace necesario ya al menos dar una respuesta clara a las tres preguntas que los propios expertos plantean en un ejercicio de ret¨®rica, m¨¢s que de pedagog¨ªa, en las ¨²ltimas p¨¢ginas de su informe.

?Es necesario ahora el factor de sostenibilidad? La propuesta de los expertos ¡ªde los 11 que la asumen, habr¨ªa que matizar siempre¡ª parte de la premisa de que la introducci¨®n de un mecanismo de ajuste autom¨¢tico de las pensiones es necesaria y urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema que, en otro caso, se ver¨ªa amenazada ya en el corto plazo. Sin embargo, llama poderosamente la atenci¨®n que precisamente un grupo selecto de expertos no explique ¡ªm¨¢s all¨¢ de la manida e insuficiente referencia al envejecimiento de la poblaci¨®n¡ª ni aporte dato alguno acerca de las razones de esa urgencia. M¨¢xime cuando el gasto actual en pensiones de jubilaci¨®n en Espa?a es muy inferior al de los dem¨¢s pa¨ªses de la UE. Y cuando las proyecciones demogr¨¢ficas, econ¨®micas y de gasto a largo plazo del propio Gobierno espa?ol y de la Comisi¨®n Europea (2012 Ageing Report y Pension Adecuacy Report 2010-2050), que acreditan la sostenibilidad de las pensiones p¨²blicas, no han sido puestas por ellos en cuesti¨®n.

Establecer por anticipado un mecanismo de adaptaci¨®n ante posibles desequilibrios del sistema de pensiones derivados de factores demogr¨¢ficos m¨¢s intensos de lo esperado puede ser una medida razonable. De hecho, la reforma consensuada de 2011 ¡ªesa que sorprendentemente los expertos ignoran por completo¡ª as¨ª lo contemplaba. Pero lo hac¨ªa en t¨¦rminos bien distintos a la propuesta de esta comisi¨®n de expertos, pues solo comenzar¨ªa a aplicarse en 2032, una fecha que no es caprichosa sino que coincide con el momento en el que se sabe que se intensificar¨¢ el gasto en pensiones por la jubilaci¨®n de la generaci¨®n del baby boom.

Introducir el factor de sostenibilidad es una mera coartada para recortar derechos

Por todo ello, introducir ahora el factor de sostenibilidad de forma precipitada no solo resulta innecesario, sino que, al hacerlo sin aportar argumentos que lo justifiquen, pone de relieve una estrategia de utilizaci¨®n de la coyuntura de crisis como coartada para el recorte de los derechos.

?Es adecuado? Si de lo que se trata es de salvaguardar el sistema p¨²blico de pensiones que hoy conocemos, el factor de sostenibilidad propuesto no es adecuado. Porque la doble f¨®rmula planteada garantiza la pervivencia de un sistema p¨²blico de pensiones, s¨ª, pero de uno muy limitado respecto de los par¨¢metros actuales, que no satisfar¨ªa el requisito de suficiencia y adecuaci¨®n de rentas. Vayamos por partes.

En virtud del factor de revalorizaci¨®n anual (FRA), se sustituye el mecanismo de actualizaci¨®n autom¨¢tica conforme al incremento del IPC por una nueva previsi¨®n que condiciona la revalorizaci¨®n de las pensiones a la situaci¨®n financiera del sistema de pensiones. El crecimiento de su cuant¨ªa se hace depender de una favorable evoluci¨®n del crecimiento de los ingresos, del n¨²mero de pensiones, de la cuant¨ªa media y del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Dos grandes objeciones cabe hacer a esta nueva definici¨®n del mecanismo actualizaci¨®n.

Primero, detr¨¢s de una apariencia t¨¦cnica, objetiva, se esconde un planteamiento tramposo, en la medida en que hoy se sabe que en las pr¨®ximas d¨¦cadas dos de las variables que integran esa f¨®rmula ¡ªel n¨²mero de pensiones y la cuant¨ªa media¡ª van a crecer necesariamente por la jubilaci¨®n de los baby boomers y el efecto sustituci¨®n, lastrando as¨ª la posible revalorizaci¨®n hasta el punto de que solo un aumento espectacular de los ingresos podr¨ªa compensar los otros dos y garantizar lo que hasta ahora era un derecho de los pensionistas: que sus pensiones no perdieran poder adquisitivo. Segundo, el FRA, as¨ª definido, deval¨²a el derecho a la revalorizaci¨®n de las pensiones vulnerando el art¨ªculo 50 de nuestra Constituci¨®n en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la ¡°¡­ suficiencia econ¨®mica¡­¡± a trav¨¦s de ¡°¡­ pensiones adecuadas y peri¨®dicamente actualizadas¡±. Es decir que ¡ªmal que les pese a los expertos¡ª los poderes p¨²blicos tienen el deber constitucional de proveer los recursos necesarios para garantizar la revalorizaci¨®n, algo que resulta incompatible con una f¨®rmula que pretende abocar a todos los pensionistas, actuales y futuros, a una p¨¦rdida constante de poder adquisitivo.

Por su parte, el factor de equidad intergeneracional (FEI) supone aplicar un descuento en la cuant¨ªa inicial de la pensi¨®n en funci¨®n de la evoluci¨®n de la esperanza de vida. Con ello se trata de mantener el equilibrio entre el tiempo de vida activa y el que se pasa como pensionista. Este objetivo, tambi¨¦n en principio razonable, es de nuevo coincidente con la l¨ªnea seguida por la reforma de 2011. Sin embargo, frente a la m¨¢s prudente soluci¨®n de entonces basada en un mayor esfuerzo contributivo, ahora se plantea una f¨®rmula mucho m¨¢s dr¨¢stica y con un important¨ªsimo impacto social. Porque se establece una correcci¨®n autom¨¢tica ¡ªa la baja por el alargamiento de la esperanza de vida¡ª que desprecia el previsible incremento del nivel de riqueza de la sociedad en su conjunto. Quiere ello decir que los expertos desatienden flagrantemente una cuesti¨®n fundamental como es la equidad, pues dif¨ªcilmente puede explicarse que una sociedad m¨¢s rica, como ser¨¢ la espa?ola dentro de 20 a?os, est¨¦ abocada a pagar pensiones cada vez m¨¢s modestas a sus jubilados margin¨¢ndolos del progreso econ¨®mico colectivo.

En los cambios que propone el comit¨¦ de expertos se desprecia el previsible incremento del nivel de riqueza

?Es aceptable? Sorprende que el informe de los expertos no ofrezca ninguna descripci¨®n de la realidad actual de nuestro sistema p¨²blico de pensiones. A juzgar por la determinaci¨®n con la que plantea una reducci¨®n importante de la cuant¨ªa de las pensiones actuales y futuras, cabe deducir que consideran que nuestras pensiones actuales son excesivamente generosas. Pero lo cierto es que no es as¨ª, ya que la pensi¨®n media apenas alcanza los 820 euros mensuales y m¨¢s del 50% de todas las pensiones no llega a la cuant¨ªa correspondiente al salario m¨ªnimo interprofesional.

Por eso entendemos que condenar a los ciudadanos a unas pensiones menguantes en una sociedad que, una vez superada la crisis, recupere su capacidad de crecimiento, es una contradicci¨®n muy dif¨ªcil de salvar sin tener presente la existencia de poderos¨ªsimos intereses financieros. Porque lo que la propuesta esconde ¡ªde manera consciente¡ª detr¨¢s de f¨®rmulas matem¨¢ticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el que la limitaci¨®n de las pensiones p¨²blicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas. Tal planteamiento podr¨¢ ser leg¨ªtimo; pero lo exigible, en todo caso, es que se hable claro a los ciudadanos y se explique de forma meridiana qui¨¦n pierde y qui¨¦n gana con este cambio: perder¨ªa la mayor¨ªa que al llegar a la jubilaci¨®n no posee m¨¢s que un patrimonio social, la pensi¨®n p¨²blica, pues el recorte de su cuant¨ªa incrementar¨ªa el riesgo de pobreza y de desigualdad; ganar¨ªa el poder financiero que ver¨ªa promocionado el acceso a un lucrativo negocio.

Desde nuestro punto de vista, este nuevo dise?o del modelo de pensiones degrada el Estado de bienestar que hemos construido en los ¨²ltimos 35 a?os. Representa, en otras palabras, una ruptura del n¨²cleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democr¨¢tico, y por ello resulta inadmisible.

Este art¨ªculo lo firman Antonio Gonz¨¢lez, Alberto del Pozo y Borja Su¨¢rez (Economistas Frente a la Crisis).