Naufragio en Bruselas
La devoluci¨®n de las ayudas fiscales obliga a los astilleros a revisar sus estrategias de mercado
Las desgravaciones fiscales concedidas a los inversores en los astilleros espa?oles son ilegales; deber¨¢n devolverse las obtenidas entre 2007 (y no desde 2005, como expuso Joaqu¨ªn Almunia en el inicio del conflicto) y 2011. El dictamen de la Comisi¨®n castiga al mercado naval espa?ol, muy dependiente de cualquier tipo de subvenci¨®n o desgravaci¨®n para mantener el empleo; satisface a las autoridades europeas, que imponen el principio te¨®rico de que las ayudas p¨²blicas no son admisibles, y salva la credibilidad del comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisi¨®n, Joaqu¨ªn Almunia. Est¨¢ claro que cuando un comisario tiene que resolver un conflicto grave con su pa¨ªs de nacimiento debe exhibir rigor como prueba de que no cae en el favoritismo.
El principio se ha respetado, pero el futuro sigue siendo incierto. De entrada, desde el punto de vista jur¨ªdico, porque no se entiende bien que las ayudas al naval franc¨¦s no deben ser devueltas y las espa?olas s¨ª. El razonamiento de Almunia se basa en que el tax lease hispano no se someti¨® a la evaluaci¨®n de la Comisi¨®n. Pero el fondo de la cuesti¨®n no resulta afectado por el argumento, porque la consulta solo hubiera acelerado la exigencia europea de restituci¨®n; en ning¨²n caso hubiera validado el tax lease anterior a 2011. Si Francia dio ese paso preceptivo, de la evaluaci¨®n, tambi¨¦n debi¨® impon¨¦rsele la devoluci¨®n.
El conflicto m¨¢s peliagudo es de jurisdicci¨®n o, si se quiere, de seguridad jur¨ªdica, y es probable que los inversores se acojan a ¨¦l para reclamar en los tribunales. Porque un inversor est¨¢ legitimado para invertir de forma segura si cumple con las normas legales impuestas por su Gobierno. La contradicci¨®n entre normas nacionales y europeas no deber¨ªa ser motivo de perjuicio. En todo caso, hay argumentos para que los financiadores reclamen al Gobierno por imprevisi¨®n.
Editoriales anteriores
Pero Almunia plantea otra cuesti¨®n en la que s¨ª ha de d¨¢rsele la raz¨®n por principio. La respuesta espa?ola al caso de las ayudas navales ha sido pol¨ªtica, cuando deber¨ªa haberse ce?ido al ¨¢mbito estrictamente jur¨ªdico. Y ha sido desafortunadamente pol¨ªtica, porque ha jugado con un frente auton¨®mico de apoyo al Gobierno en contra de Bruselas y porque de s¨²bito los trabajadores de los astilleros se han convertido en los escudos protectores de las entidades financieras que obtuvieron los beneficios fiscales. Y todo ello sin evaluar cu¨¢l ser¨¢ el impacto de las devoluciones sobre el mercado naval espa?ol. Los c¨¢lculos no han pasado del alarmismo (¡°el naval desaparecer¨¢ si hay que devolver las ayudas¡±), cuando lo que se necesita es un plan estrat¨¦gico para el sector.
La amenaza grave para el naval es la falta de innovaci¨®n y competitividad y, en consecuencia, la precaria cuota de mercado. La supervivencia del naval depende de que sea capaz de ganar contratos en competencia con Corea o China. Movilizarse contra Bruselas carece de l¨®gica si antes no se ha dise?ado esa competencia de forma solvente.
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