La doble justicia de Malawi

El sistema judicial de Malawi es lento e ineficiente. El Servicio de Prisiones (MPS) es un entramado en el que a duras penas se coordinan jueces, fiscales, abogados, la polic¨ªa, ONGs y prisioneros. Es un compendio donde prima la falta de recursos y en el que, sin embargo, se a¨²nan fuerzas para facilitar el acceso a la justicia de los m¨¢s vulnerables.

En los juzgados de Lilongwe, la capital de Malawi, se apresuran por dar carpetazo al Cashgate, el caso de corrupci¨®n m¨¢s importante en la historia del pa¨ªs con el saqueo de unos cuatro millones de d¨®lares de las arcas p¨²blicas. Mientras el gobierno de Capital Hill intenta lavar su imagen ante los pa¨ªses donantes, se han producido arrestos de pol¨ªticos y funcionarios corruptos que han pagado una fianza, han sido encerrados en celdas exclusivas y han recibido un trato especial. As¨ª se despacha Malawi con aquellos de mayor nivel adquisitivo mientras que el ciudadano de a pie sufre las consecuencias de un sistema judicial desigual.

Malawi, al igual que muchos pa¨ªses subsaharianos, cuenta con problemas en las c¨¢rceles de muy dif¨ªcil soluci¨®n. ¡°La situaci¨®n est¨¢ muy mal. No podemos controlarla m¨¢s¡±, se resigna Charles Kasambara, director del Centro de Asistencia Legal (CELA en sus siglas en ingl¨¦s) en su despacho del ¨¢rea 14 de Lilongwe.

El principal problema en las c¨¢rceles es la congesti¨®n. La prisi¨®n de alta seguridad de Maula, en Lilongwe, es un ejemplo. Seg¨²n el CELA, Maula cuenta con 2.300 prisioneros mientras su capacidad es s¨®lo para 800. Lo que significa que los presos viven hacinados con el consecuente aumento del riesgo de transmisi¨®n de enfermedades. ¡°Nuestras c¨¢rceles tienen una capacidad de 5.000 personas pero en la actualidad mantienen un n¨²mero superior a 12.000¡±, indica el director ejecutivo de CHREAA,Victor Mhango.

Organizaciones como CELA o CHREAA intentan hacer que el sistema judicial tome responsabilidades para con los prisioneros. El Servicio de Prisiones suspende en proveer facilidades sanitarias y m¨¦dicas, alimentaci¨®n e instalaciones que se ajusten a los derechos humanos. Las condiciones tanto en las comisar¨ªas como en prisi¨®n var¨ªan en funci¨®n del nivel econ¨®mico del acusado. Una defensa mediante un abogado, una fianza, una mejor celda e incluso tener algo para comer son posibilidades que no tienen cabida para la mayor¨ªa de los malau¨ªes que se enfrentan a un sistema colmado de ¡°negligencias a lo largo de todo el proceso¡±, como explica la coordinadora del programa de Justicia de G¨¦nero de la Ayuda de la Iglesia Noruega, Habiba Osman.

El activista malau¨ª Hebrews Misomali ha sido arrestado en numerosas ocasiones. La m¨¢s sonada fue cuando se preparaba para manifestarse contra las pol¨ªticas del fallecido presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika. Fue trasladado a la prisi¨®n de Maula, directo a la celda 4, a la que van todos los homicidas. La celda, del tama?o de una aula escolar, est¨¢ dise?ada para 40 personas y cuenta con un ¨²nico retrete. En su primera noche, durmi¨® junto a otros 159 reos. La pizarra de la celda, en la que se escriben consignas para los prisioneros, as¨ª lo indicaba. ¡°Otro d¨ªa llegamos a los 240¡±, recuerda Misomali.

Para dormir se api?an unos encima de otros, en un sistema denominado a cuchillo ya que cada uno duerme encima de otro de manera perpendicular. Los reci¨¦n llegados duermen api?ados en la shamba, el lugar del centro de la celda. ¡°Yo pagu¨¦ para poder dormir junto a la pared¡±, dice Misomali, que pas¨® 40 noches en Maula.

La falta de fondos es el problema de base en el Servicio de Prisiones de Malawi; es el departamento estatal con menor presupuesto. La escasez de recursos hace que en la mayor¨ªa de las ocasiones no haya ni coches patrullas, y si lo hay, no tengan gasolina para llevar a los detenidos a los tribunales. Esto provoca la suspensi¨®n de juicios y, en consecuencia, que las c¨¢rceles sufran el exceso de presos. ¡°Nadie va a priorizar a las prisiones antes que los hospitales¡±, recalca Mhango.

El limbo de la prisi¨®n preventiva

Hebrews Misomali sali¨® de la c¨¢rcel gracias a una fianza, pero muchos quedaron all¨ª y contin¨²an encerrados en la celda 4 de la prisi¨®n de Maula. A pesar de que organizaciones como CELA o CHREAA intentan que se respeten los tiempos de custodia, existen muchos casos de personas olvidadas, encerradas en una celda a su suerte y sin esperanza. ¡°Hay gente que pierde la cabeza. Los convictos cumplen su pena mientras que los que est¨¢n en prisi¨®n preventiva no tienen ni idea de qu¨¦ va a pasar¡±, dice Misomali

Seg¨²n la ley, el tiempo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva para aquellos casos de fuerza mayor es de 90 d¨ªas. Sin embargo, muchos detenidos sobrepasan este tiempo de custodia debido a un sistema judicial colapsado como publica el estudio realizado por Open Society Foundations y OSISA. Mientras se realizan actividades con la jurisprudencia y la polic¨ªa para mejorar las condiciones de los prisioneros, m¨¢s del 55% de los encuestados en el informe no cuentan con acceso al procedimiento criminal y c¨®digo de evidencias que detalla el tiempo de custodia.

La retenci¨®n de personas m¨¢s all¨¢ del tiempo establecido por la ley hace que muchas familias queden desestructuradas debido al arresto del hombre, fuente principal de ingresos. A otros, se les roba la vida. Es el caso de Boxten Kudziwe que se reuni¨® con Planeta Futuro en Blantyre. Boxten fue recientemente declarado inocente despu¨¦s de pasar casi 8 a?os en la prisi¨®n de Chichiri. ¡°La existencia all¨ª no es f¨¢cil. No ten¨ªa esperanzas de salir vivo¡±, dice Boxten.

Estuvo m¨¢s de un mes olvidado en una celda de la comisar¨ªa de Bangwe antes de ser trasladado a Chichiri. El tiempo de custodia se prolong¨® m¨¢s que lo que marca la ley. Hasta que finalmente fue acusado de dos homicidios que no hab¨ªa cometido, como se dictamin¨® despu¨¦s. Boxten recuerda todas las fechas de sus idas y venidas a los juzgados y precisa que su arresto fue el lunes 9 de abril de 2006 cuando iba camino al trabajo.

En todas sus comparecencias ante el Tribunal Superior de Blantyre se le neg¨® la libertad bajo fianza y, a pesar de que su caso fue revisado y obtuvo el inter¨¦s de varios abogados, nada fructific¨®. El calendario se detuvo el pasado 27 de octubre de 2013 cuando se retiraron los cargos contra ¨¦l y fue puesto en libertad. Ahora se centra en sacarse el curso de asistente legal para intentar enmendar el sistema resquebrajado que han visto sus ojos.

La labor de los asistentes legales

Para combatir el mal funcionamiento del sistema penitenciario y judicial de Malawi, en el a?o 2000 se cre¨® el Servicio de Asistencia Jur¨ªdico (PASI, en ingl¨¦s) en un consorcio de 5 organizaciones entre las que se encuentran CELA y CHREAA. Esto llev¨® a que aparecieran nuevos roles para gente que estaba dispuesta a ayudar a los m¨¢s vulnerables y luchar por sus derechos. De 4 asistentes legales que ten¨ªan al principio han pasado a tener 37 repartidos por el pa¨ªs para velar porque se amplie el acceso a la justicia de la poblaci¨®n.

¡°Es un trabajo apasionante y a la vez un reto, sobre todo para una mujer que va a ayudar a los prisioneros, que en su mayor¨ªa son hombres¡±, dice Ruth Khawera, una de las asistentes legales de CHREAA.

Los asistentes legales cuentan con tres radios de acci¨®n, todos muy importantes para la coordinaci¨®n del sistema. Adem¨¢s de ayudar a los reclusos en las c¨¢rceles, trabajan en los tribunales y con la polic¨ªa en las comisar¨ªas. Dependiendo del escenario, la rutina es diferente.

En prisi¨®n se realizan ensayos de casos pr¨¢cticos de manera diaria. Como si de una obra teatral se tratase, los prisioneros se reparten los roles de juez, acusado, fiscal, abogados y dem¨¢s actores de un juicio, y desarrollan el procedimiento bajo la supervisi¨®n del asistente legal. Esta pr¨¢ctica les familiariza con el proceso judicial y adem¨¢s les da las herramientas necesarias para poder defenderse sin un abogado. ¡°Muchos son analfabetos por lo que hay que buscar formas de distribuir el mensaje para que ellos puedan entenderlo¡±, explica Khawera. En ocasiones, esta pr¨¢ctica no es una ficci¨®n, sino que las organizaciones acuerdan la visita de los jueces a las instalaciones para desarrollar los camp court (juicios en el patio de la prisi¨®n), y acelerar el proceso. En la mayor¨ªa de los casos, se hace as¨ª por la falta de medios para trasladar a los presos a los tribunales.

El trabajo de estos asistentes legales tambi¨¦n se extiende a los juzgados, donde se centran en recordar a los detenidos el procedimiento legal. ¡°Los magistrados est¨¢n ya acostumbrados a nuestra actividad por lo que no es dif¨ªcil trabajar con ellos¡°, dice Lusako Phambana, asistente legal en Blantyre. Por otro lado, en las comisar¨ªas, la prioridad es obtener una fianza para mujeres y ni?os arrestados tras el examen del caso. La presencia de los asistentes jur¨ªdicos en las dependencias policiales ha reducido adem¨¢s los casos de abuso de la fuerza por parte de los agentes, seg¨²n indica Siphiwe Malihera, coordinador de proyectos de CHREAA.

Sin la figura del asistente legal no hab¨ªa medio para recabar informaci¨®n, educar a los prisioneros sobre sus derechos y dotarles de t¨¦cnicas para defenderse en el juicio por s¨ª mismos. La importancia de esta labor reside en la mejora de las comunicaciones entre prisiones, tribunales y comisar¨ªas para perfeccionar un sistema judicial que todav¨ªa perjudica a los m¨¢s necesitados. ¡°No existe ning¨²n pa¨ªs con un sistema judicial perfecto¡±, apunta Clifford Msiska, coordinador nacional del PASI quien sin embargo apunta a que en Malawi se trabaja para cumplir con unos est¨¢ndares renovados.

Soluciones viables, estragos econ¨®micos

A pesar del esfuerzo de los asistentes legales y las organizaciones, la frustraci¨®n se apodera de los reos cuyas esperanzas se pierden entre tr¨¢mites burocr¨¢ticos y tiempos de espera. Se desarrollan alternativas de mejora que, sin embargo chocan ante la imposibilidad econ¨®mica de ponerlas en marcha.

Entre estas medidas destaca el proyecto desarrollado por Charlotte Mackenzie en colaboraci¨®n con CHREAA sobre la libertad bajo fianza. Este programa informa a los prisioneros de esta posibilidad que, seg¨²n el informe previo realizado, un 75% ¨Cde 50 entrevistados¨C, desconoc¨ªa. Ante la falta de informaci¨®n,?Mackenzie cre¨® la organizaci¨®n Malawi Bail Project que intenta que los jueces concedan fianzas en aquellos casos de ofensas menores y descongestionar as¨ª las prisiones. El proyecto adem¨¢s incluye la publicaci¨®n de un folleto informativo en chichewa, una de las lenguas locales, para ser distribuido por las comisar¨ªas. ¡°Nada m¨¢s llegar a las dependencias policiales pueden tener acceso a esa informaci¨®n. As¨ª, cuando van a juicio pueden solicitar una fianza¡±, dice Siphiwe Malihera.

Pero muchos de los arrestados no saben leer, por lo que Charlotte Mackenzie y su equipo convirtieron el folleto en una grabaci¨®n de audio que pudiese ser reproducida en las celdas de los juzgados mientras los prisioneros esperaban al juicio. La medida fue aprobada hace unos meses en los tribunales de Blantyre y, hasta el momento, a un 70% de los acusados se les ha concedido la libertad bajo fianza. Incluso se ha implementado una l¨ªnea telef¨®nica gratuita para acceder a la informaci¨®n.

A pesar de la ayuda econ¨®mica del gobierno brit¨¢nico, el proyecto s¨®lo se concentra en la ciudad Blantyre ya que los fondos no son suficientes para poder realizar una implementaci¨®n a nivel regional o nacional. Pero la lucha no para ah¨ª. La PASI, en colaboraci¨®n con otras ONGs, intenta concienciar al estado malau¨ª de la importancia de un sistema judicial y penitenciario viable, y que respete los derechos humanos. De momento, como ocurre con la mayor¨ªa de los retos en Malawi, el problema es econ¨®mico, porque voluntad hay.