M¨ªnima rectificaci¨®n

Una de las decisiones m¨¢s sensatas que deber¨ªa tomar el Ejecutivo es la de retirar el anteproyecto para la reforma de la ley del aborto. Pero esas no son sus intenciones; todo apunta a una reactivaci¨®n de ese proyecto para que adquiera fuerza de ley antes de que se echen encima los procesos electorales de 2015. Eso s¨ª, el Ministerio de Justicia parece dejar atr¨¢s el discurso anterior de su titular, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y acepta matizar el trato a la mujer portadora de un feto malformado, a la que se exime del deber de probar que va a sufrir da?o psicol¨®gico por dar a luz un feto con malformaciones.

La rectificaci¨®n ser¨¢ insatisfactoria para aquellos sectores que luchan desde siempre contra el derecho al aborto. Pero tampoco convencer¨¢ a los que no tienen objeciones morales, o simplemente a los sectores pragm¨¢ticos, que conviven c¨®modamente con la ley en vigor. Se comprende la inquietud del PP ante el precio pol¨ªtico que puede costarle la terquedad del Gobierno en rectificar la ley vigente, que fue promulgada en la ¨¦poca de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

Negar a las mujeres el derecho a interrumpir su embarazo, dentro de unos plazos, desaf¨ªa el sentir mayoritario de la sociedad espa?ola. Tampoco es razonable exigir numerosos tr¨¢mites para llevarlo a cabo en supuestos limitados, entre ellos la obligaci¨®n de obtener dos dict¨¢menes psiqui¨¢tricos diferentes. No menos chocante resulta cargar a los jueces con la decisi¨®n de si una menor de 16 o 17 a?os puede abortar, en caso de que sus padres est¨¦n en desacuerdo con ella, regulaci¨®n que ha sido desaconsejada por el propio Consejo Fiscal.

La prudencia con que la secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, se refiere a la reforma en ciernes confirma los problemas existentes en el partido del Gobierno. La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, conocida por haber roto la disciplina de voto de su partido sobre este asunto en varias ocasiones, expresa su esperanza de que el proyecto ¡°no llegue nunca al Congreso¡±. Ciertamente, un PP en posible declive electoral tiene por delante problemas mucho m¨¢s acuciantes que dedicar energ¨ªas a rehacer el consenso interno sobre el aborto.

Ninguna mujer tiene que interrumpir su embarazo bajo la ley en vigor y, sin embargo, muchas podr¨ªan verse obligadas a dar a luz si prosperase una ley como la pretendida. Tampoco hay ning¨²n crecimiento del n¨²mero de abortos que pudiera justificar la alarma gubernamental; al contrario, evoluciona de modo bastante estable. Mantener la reforma proyectada a machamartillo implica el riesgo de volver a situaciones del pasado: abortos clandestinos con escaso control sanitario, mientras las mujeres con recursos interrump¨ªan sus embarazos no deseados fuera de Espa?a. Todo eso carece de sentido en un Estado aconfesional y en una sociedad europea moderna y evolucionada.