David contra Goliat en Madagascar

La de los peque?os propietarios contra las grandes corporaciones es una vieja disputa y no es patrimonio de los relatos b¨ªblicos. El esquema de la lucha de David contra Goliat se repite d¨ªa tras d¨ªa en diferentes lugares del mundo y uno de los ¨¢mbitos en los que el desigual combate se reproduce sistem¨¢ticamente es el de la tenencia de la tierra. En ?frica, el acaparamiento de la tierra se ha convertido en un serio problema para el desarrollo sostenible e, incluso, para la democratizaci¨®n. Uno de los ejemplos habituales de este problema es Madagascar, que puede ser la ¡°Grande ?le¡±, pero no es infinita. Desde hace d¨¦cadas, las grandes explotaciones mineras y agr¨ªcolas han desplazado a peque?os campesinos y ganaderos, poniendo en riesgo, incluso la subsistencia de un buen n¨²mero de familias. A pesar de la desigualdad de la confrontaci¨®n, la sociedad civil malgache se ha organizado para no rendirse sin plantar cara. La organizaci¨®n SIF (Solidarit¨¦ des Intervenants sur le Foncier) es uno de los colectivos creados para defender los derechos de esos peque?os usuarios de la tierra.

Madagascar es un pa¨ªs con un 80% de la poblaci¨®n campesina. Desde hace m¨¢s de una d¨¦cada aparece en los informes de acaparamiento de tierras realizados por organizaciones internacionales, centros de estudios y ONG, a la cabeza de los pa¨ªses preferidos por los inversores extranjeros. Uno de los pa¨ªses con mayor ¨ªndice de pobreza, con una densidad de poblaci¨®n moderada (es decir, con aparente disponibilidad de tierras), aparece como un candidato ideal para convertir el territorio en una fuente de ingresos. Sin embargo, la consecuencia m¨¢s inmediata es el desplazamiento de quienes hab¨ªan trabajado esas tierras durante generaciones sin necesidad de registros y el resultado m¨¢s directo es la dificultad para garantizar el sustento de muchas familias. ¡°En Madagascar, el acaparamiento de tierra provoca un problema de seguridad alimentaria, de desarrollo de las exportaciones y de protecci¨®n del medio ambiente¡±, afirma categ¨®rica Nadya Randrianandrasana, la responsable de comunicaci¨®n de SIF.

Randrianandrasana explica una de las dificultades principales para los campesinos malgaches: ¡°La tasa de analfabetismo es muy alta y las leyes, incluso para las personas instruidas, son dif¨ªciles de comprender. Las autoridades se aprovechan de eso para favorecer a los inversores frente a la poblaci¨®n. Cuando se trata de una autoridad del estado, los campesinos tienen miedo y no quieren tener problemas. Pueden haber estado cuarenta a?os trabajando las mismas tierras y un buen d¨ªa llegan los grandes inversores y les desplazan¡±.

Una de las juristas de la organizaci¨®n malgache, Abdourabi Kadty Fatima, explica que ¡°te¨®ricamente la ley protege a los campesinos, incluso si no tienen documentos de titularidad, si son capaces de demostrar unos derechos de uso de esa tierra¡±. Pero esa es la teor¨ªa. La pr¨¢ctica es bien diferente, seg¨²n se?ala esta experta. ¡°Los campesinos que est¨¢n en las zonas m¨¢s rurales no saben que las leyes est¨¢n de su lado y son las autoridades del Estado las primeras que ignoran los derechos de los campesinos, antes incluso que los inversores¡±, se?ala Fatima. Otra de las juristas del SIF, Antrina Suafilira es categ¨®rica cuando asegura que ¡°la ley est¨¢ ah¨ª, pero nadie la respeta¡±.

Hay evidencias, recogidas por estudios de instituciones internacionales, de que la cesi¨®n de tierras por parte de las autoridades del Estado a inversores extranjeros sin contar con la opini¨®n de sus ocupantes es una pr¨¢ctica que se desarrolla desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Sin embargo, las alarmas sobre el acaparamiento de tierras en Madagascar no saltaron hasta el a?o 2008, cuando se hizo p¨²blico que la compa?¨ªa coreana Daewoo Logistics hab¨ªa sido autorizada por el Estado malgache a alquilar 1,3 millones de hect¨¢reas (una superficie equivalente a la de la provincia de Ja¨¦n) para la producci¨®n de ma¨ªz y aceite de palma destinado al mercado del pa¨ªs asi¨¢tico. Las condiciones de la cesi¨®n, sobre todo, para los campesinos que viv¨ªan en la zona, despertaron una ola de protestas que se dej¨® o¨ªr en el ¨¢mbito internacional. Ese movimiento de rechazo hizo que el proyecto se suspendiese e, incluso, que el gobierno se tambalease.

El SIF es una de las organizaciones que tratan de defender los derechos de agricultores y ganaderos malgaches frente a las grandes multinacionales

El esc¨¢ndalo Daewoo no ha provocado que se limite esa pr¨¢ctica. En 2013, el propio SIF, junto al Collectif Tany, otra organizaci¨®n que defiende los intereses campesinos desde la di¨¢spora, y la ONG italiana RE-Common, public¨® el informe Accaparement des Terres ¨¤ Madagascar. El an¨¢lisis comparaba el fen¨®meno con el de la colonizaci¨®n y vinculaba esta pr¨¢ctica directamente con la crisis alimenticia (los pa¨ªses con menos tierras tratan de garantizarse terrenos de cultivo mientras se los arrebatan a los campesinos de los pa¨ªses con menos poder), a la crisis energ¨¦tica (por la demanda de agrocarburos que habitualmente se cultivan en estas tierras acaparadas) y la crisis financiera (que ha hecho de los productos agr¨ªcolas otra materia de especulaci¨®n).

Cinco a?os despu¨¦s del esc¨¢ndalo Daewoo, la investigaci¨®n de las tres organizaciones detallaba el impacto de ocho proyectos de inversi¨®n extranjera con cesi¨®n de amplias superficies de tierra en siete regiones del pa¨ªs. Ya fuese para plantar agrocombustibles, plantas destinadas a la industria farmac¨¦utica o productos alimenticios b¨¢sicos (pero destinados a ser vendidos fuera del pa¨ªs), para extraer minerales, para explotar los bosques o para el sector tur¨ªstico, las consecuencias eran siempre similares: el desplazamiento de familias, la ilusi¨®n de creaci¨®n de empleo o recompensas econ¨®micas (que no terminaban de llegar) y la opacidad en la transferencia de los derechos de la tierra. De un lado de la balanza, cargamentos de jatrofa, ilmenita, n¨ªquel, eucaliptus o artemisia; y, del otro, peque?as plantaciones de arroz o explotaciones ganaderas familiares.

En este caso la dimensi¨®n cultural de la tenencia de la tierra es fundamental. La mayor parte de los campesinos desarrollan actividades de subsistencia y, a pesar de llevar d¨¦cadas en los mismos terrenos nunca han percibido la necesidad de registrar esta posesi¨®n formalmente. El porcentaje de peque?os agricultores que tienen t¨ªtulos de propiedad es m¨ªnimo y el de los ganaderos casi inexistente. El problema en este caso es a¨²n mayor.

En la regi¨®n de Ihorombe, la compa?¨ªa Tozzi Green pact¨® con el Estado malgache el alquiler de una superficie de m¨¢s de 6.500 hect¨¢reas. Aparentemente terreno bald¨ªo. Sin embargo, es la zona de residencia de los bara, una etnia que se dedica fundamentalmente a la ganader¨ªa y las tierras cedidas para el cultivo de la jatrofa (utilizada como agrocombustible) eran en realidad los terrenos de pasto tradicionales. ¡°Los pastores aseguraban que mor¨ªan cien zeb¨²s al mes por no poder acceder a los pastos y los zeb¨²s son los bancos naturales de los bara, en estos animales est¨¢n depositados sus ahorros y en ellos hacen sus inversiones¡±, explica Abdourabi Kadty Fatima, jurista del SIF. ¡°Los malgaches tienen tendencia a proteger sus tierras, por una cuesti¨®n cultural y de econom¨ªa tradicional¡±, a?ade Antrina Suafilira.

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Durante los m¨¢s de dos a?os que el SIF lleva apoyando a los campesinos malgaches en su defensa de la tierra, han plantado cara a empresas mineras, alimentarias o de producci¨®n de energ¨ªa y han descubierto que la denuncia p¨²blica es un arma potente, sobre todo, combinada con la negociaci¨®n. En la regi¨®n sureste de Anosy llevan m¨¢s de un a?o mediando entre la potente multinacional minera QMM ¨C R¨ªo Tinto, que extrae ilmenita en la zona, y los campesinos locales. ¡°Las sociedades no quieren una publicidad negativa. En algunos casos, las compa?¨ªas incluso han llegado a perder puntos en bolsa y eso es lo que no les conviene y lo que les hace reaccionar¡±, explica Randrianandrasana. Seg¨²n la responsable de comunicaci¨®n del SIF, adem¨¢s estas peque?as victorias son contagiosas: ¡°Las empresas se comunican entre ellas y ante estas situaciones hacen movimientos para evitar la mala reputaci¨®n¡±.

Lo cierto es que esta estrategia ha dado sus frutos, porque la organizaci¨®n que defiende los derechos de los campesinos considera que se habla m¨¢s en los medios sobre los efectos de las inversiones extranjeras en tierras y tambi¨¦n han conseguido que sus propuestas se incluyan en algunas modificaciones legales e incluso que el Estado realice una moratoria en la cesi¨®n de tierras e inversores extranjeros mientras se realiza un censo m¨¢s preciso de los terrenos disponibles. Aunque en este sentido todav¨ªa queda mucho por hacer, seg¨²n los miembros de esta organizaci¨®n. ¡°Normalmente, las autoridades primero ceden las tierras y despu¨¦s los campesinos tienen que reclamarlas. Eso hace que el proceso sea m¨¢s complicado por la ausencia de t¨ªtulos de propiedad. S¨®lo pretendemos que el proceso se haga a la inversa, que primero se aseguren de qu¨¦ tierras no est¨¢n siendo utilizadas¡±, se lamenta Fatima.

La responsable de comunicaci¨®n del SIF se preocupa por la imagen que se puede proyectar de su actividad: ¡°No estamos contra las inversiones. No somos ni antidesarrollo, ni opositores. Sabemos que el pa¨ªs necesita dinero, pero eso no puede traducirse en que no se respeten los derechos de los campesinos, ni los de la poblaci¨®n para decidir sobre las inversiones¡±. En este sentido, los miembros de la organizaci¨®n tienen miedo de la deriva que pueda tomar el fomento de la inversi¨®n extranjera que pretende el gobierno de Hery Rajaonarimampianina y piden responsabilidad a la comunidad internacional y de algunas instituciones que parece que empiezan a pedir garant¨ªas de respeto de los derechos de las poblaciones locales en las inversiones.