Igualdad y diversidad en el problema catal¨¢n

Un jurista tan eminente, l¨²cido y experimentado como Francisco Rubio Llorente, que entre otros desempe?os fue presidente del Consejo de Estado, advert¨ªa no hace mucho en La Vanguardia (29/09/2014) que ¡°ser¨ªa injusto hablar solo de los desprop¨®sitos del Govern de la Generalitat, porque desprop¨®sito es tambi¨¦n la reacci¨®n del Gobierno de Espa?a". No cometer¨¦ la osad¨ªa de glosar los desprop¨®sitos jur¨ªdicos de unos y otros, que buenos glosadores tienen, pero subrayo que Rubio Llorente, en esa ocasi¨®n y en art¨ªculos posteriores, sostiene que el problema catal¨¢n no es un problema jur¨ªdico, ni puede solucionarse ¡ªsino m¨¢s bien complicarse¡ª por la v¨ªa de su judicializaci¨®n, en la que gasta energ¨ªas el Gobierno espa?ol. El problema catal¨¢n es un problema pol¨ªtico cuya soluci¨®n, inexorablemente, solo puede llegar por la v¨ªa de la reforma del engarce de Catalu?a con el resto de Espa?a plasmado en la Constituci¨®n de 1978, engarce que ya ha dado de s¨ª todo lo que pod¨ªa dar tras la progresiva recentralizaci¨®n de algunos de sus eslabones.

Sean cuales sean los desprop¨®sitos del Gobierno de la Generalitat, lo in¨¦dito a tener en cuenta es que la ciudadan¨ªa catalana hizo patente, con una rotundidad cada vez m¨¢s robusta, su profundo malestar, primero ante la situaci¨®n creada y luego ante la insensibilidad a este respecto del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

El 10 de julio de 2010, el malestar se manifest¨®, de manera pac¨ªfica y silenciosa, ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalu?a de 2006, dictada en el mes de junio. Desplazado a la oposici¨®n en 2004, el Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, que aglutina desde el nacionalismo espa?olista m¨¢s rancio hasta la derecha m¨¢s moderna, desat¨® una campa?a contra la reforma del Estatuto catal¨¢n, incluyendo la promoci¨®n del boicoteo a los productos originarios de Catalu?a. Entrado en vigor el Estatuto en agosto de 2006, la campa?a se tradujo en la presentaci¨®n de un recurso de inconstitucionalidad admitido a tr¨¢mite en el mes de septiembre. En contraste con esta rapidez, a?os de dilaciones y maniobras internas y externas que afectaban a la composici¨®n del tribunal que ten¨ªa que resolverlo precedieron a la sentencia, que acogi¨® lo sustancial del recurso. Con ello, probablemente quedar¨¢ para la historia como el punto final puesto al deterioro progresivo sufrido por el engarce Catalu?a/Espa?a de la Constituci¨®n de 1978. Un Tribunal Constitucional, sacudido por luchas pol¨ªticas netamente partidistas, pudo corregir en 2010 el Estatuto de 2006, cuya elaboraci¨®n hab¨ªa obtenido sucesivamente el voto favorable del Parlamento de Catalu?a y del Congreso de Diputados (diputados que, seg¨²n la Constituci¨®n, representan al pueblo espa?ol en que reside la soberan¨ªa nacional) y que, a su vez, hab¨ªa sido refrendado por los ciudadanos catalanes. El solo hecho de que tal aberraci¨®n fuera posible clamaba por la urgente modificaci¨®n del procedimiento constitucional de aprobaci¨®n de los Estatutos de Autonom¨ªa.

La ciudadan¨ªa ha hecho patente su profundo malestar

A esta poderosa motivaci¨®n del malestar ciudadano se sum¨® la indiferencia de que har¨ªa gala y virtud el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, tras ganar las elecciones de noviembre de 2011 con mayor¨ªa absoluta. La indiferencia prosigui¨® despu¨¦s de la manifestaci¨®n de la Diada de 2012, expresi¨®n rotunda de la amplitud que iba alcanzando el malestar ciudadano; con tal fuerza que Artur Mas se sinti¨® impelido a ponerse al frente del independentismo, pese a salir elegido en noviembre de 2010 con el programa de CiU que remit¨ªa al catalanismo pol¨ªtico moderado correspondiente al perfil dominante en su militancia y entre los ciudadanos cuyo voto atrae. Mariano Rajoy sigui¨® sin darse por enterado y, arguyendo que su obligaci¨®n era respetar las leyes y a su cabeza la Constituci¨®n, respondi¨® con la judicializaci¨®n del problema. Bajo esta amenaza lleg¨® la jornada del 9-N de 2014, en que 2,3 millones de ciudadanos consideraron obligado depositar una papeleta que sab¨ªan vana para alcanzar sus aspiraciones, dentro de una urna que tambi¨¦n sab¨ªan inocua para ello. Esta exhibici¨®n de civismo demostr¨®, seg¨²n Mariano Rajoy, que ¡°s¨®lo¡± un tercio de los votantes catalanes respaldaba la opci¨®n independentista, como si un apoyo de esta magnitud fuera cosa despreciable para quien ejerce la responsabilidad del Gobierno de Espa?a. La judicializaci¨®n ha dejado por el camino la dimisi¨®n del Fiscal General del Estado, y s¨®lo resta esperar pl¨¢cidamente que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, m¨¢s tarde que pronto, fabrique o no nuevos m¨¢rtires del independentismo catal¨¢n.

Esta perspectiva preocupante no es astucia de gobernante que conf¨ªa en que el paso del tiempo puede resolver los problemas, pues Mariano Rajoy, en un reciente mensaje, ha recordado que los Gobiernos tienen como misi¨®n resolver problemas, no crearlos. Es su propuesta ante el problema catal¨¢n, basada tanto en la convicci¨®n roque?a de que nada se ha de reformar en la Constituci¨®n? como en una gobernanza diaria que merece como m¨ªnimo el calificativo de poco amable con los ciudadanos catalanes. Dos actuaciones que afectan a Catalu?a y a las islas Baleares ilustran este ¨²ltimo punto. Una, que afecta al idioma, elemento muy sensible e importante en el pacto constitucional de 1978, alter¨® el sistema escolar de ambas comunidades con medidas que parecen ideadas para originar un conflicto ling¨¹¨ªstico donde nunca hab¨ªa existido. Otra, una propuesta de distribuci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica entre comunidades aut¨®nomas para 2015 que, en inversi¨®n p¨²blica por habitante, deja a las islas Baleares en el ¨²ltimo lugar que ya ven¨ªan ocupando, pese a un incremento simb¨®lico; y deja a Catalu?a en el ¨²ltimo lugar de las comunidades peninsulares, maltratada con la cifra m¨¢s baja en 17 a?os y con el mayor recorte relativo. Actuaciones que poco contribuir¨¢n a apaciguar el malestar de Catalu?a, donde conviven catalanes de origen y catalanes de adopci¨®n, tan pac¨ªficamente que ha podido verse a Jos¨¦ Montilla, de origen andaluz, desempe?ar con absoluta normalidad su mandato como presidente de la Generalitat.

El meollo de las campa?as del PP, con Mariano Rajoy de l¨ªder, primero en la oposici¨®n y luego desde el Gobierno, es la difusi¨®n de un estado pasional contra la Catalu?a victimista e insolidaria, imagen inspirada en el error de los pol¨ªticos catalanes que esgrimen el expolio sufrido apelando al llamado d¨¦ficit fiscal. Sobre la naturaleza de este error he escrito a?os atr¨¢s y no es el momento de volver sobre ello. En el lado de los impuestos y tasas fiscales, Catalu?a solo tiene que reivindicar una redistribuci¨®n m¨¢s equilibrada de su rendimiento entre la Administraci¨®n Central y el conjunto de las comunidades aut¨®nomas, y si ello procede, la correcci¨®n de privilegios que supondr¨ªan una competencia desleal desde otras comunidades. Es en el lado del gasto p¨²blico donde se produce la gran injusticia con Catalu?a, cuyos ciudadanos, que son los que pagan impuestos y tasas, tienen derecho a servicios p¨²blicos de educaci¨®n, sanidad y asistencia social y a infraestructuras de nivel igual al de los ciudadanos de otras comunidades. La actual discriminaci¨®n que se traduce, a t¨ªtulo de ejemplo, en mayores pagos a colegios concertados, seguros sanitarios o peajes de autopista, perjudica sobre todo a los ciudadanos de rentas m¨¢s bajas que tambi¨¦n existen en Catalu?a.

Los catalanes de origen y los de adopci¨®n conviven perfectamente

En su mensaje de fin de a?o, la presidenta de la Junta de Andaluc¨ªa, Susana D¨ªaz, ha insistido en que ¡°el reconocimiento de la diversidad no puede ser excusa ni para privilegios ni para discriminaciones¡±. Palabras dictadas por el sentido com¨²n y constitucionalmente impecables. El reconocimiento de la diversidad, inscrito en el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n, que distingue entre las nacionalidades y las regiones que integran la unidad de Espa?a, no puede amparar privilegios.

La Constituci¨®n admite en otro art¨ªculo la existencia de ¡°diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Aut¨®nomas¡± y dispone que esas diferencias ¡°no podr¨¢n implicar, en ning¨²n caso, privilegios econ¨®micos y sociales¡± (art. 138). Susana D¨ªaz proclama tambi¨¦n en su mensaje que Andaluc¨ªa es la Comunidad que ¡°con m¨¢s coraje y determinaci¨®n est¨¢ apostando por la igualdad entre todos los ciudadanos de nuestro pa¨ªs, vivan donde vivan¡±. Sin duda, la igualdad tiene que abarcar a todos los ciudadanos, cualquiera que sea la comunidad en que residan y, adem¨¢s, tiene que respetar la diversidad: tratar igual a dos situaciones diferentes ser¨ªa tan injusto como tratar distinto a dos situaciones iguales.

Josep Llu¨ªs Sureda fue asesor de Josep Tarradellas en su negociaci¨®n con Adolfo Su¨¢rez para el restablecimiento de la Generalitat de Catalu?a.