La lista Men¨¦ndez

En los ¨²ltimos tiempos, la cuesti¨®n fiscal en Espa?a parece abocada a la reiteraci¨®n de realities, eso s¨ª, debidamente aderezados con una buena dosis de numerolog¨ªa. En efecto, comenzando por la segunda cuesti¨®n enunciada es resaltable la familiaridad con la que, ¨²ltimamente, en todos los mentideros se habla de los c¨®digos de los impresos de diversas declaraciones tributarias (750, el de la ¨²ltima amnist¨ªa fiscal; 720, el de la declaraci¨®n de bienes y derechos en el exterior), o del n¨²mero de incluidos en la tremenda lista Men¨¦ndez(705 en la primera versi¨®n, 715 en la segunda). Quiera Orwell que no acabe todo en 1984.

La historia reciente empez¨® el 17 de febrero en la Comisi¨®n de Hacienda del Congreso de los Diputados, cuando el director de la Agencia Tributaria anunci¨® las futuras penalidades que esperaban a los incluidos en una lista de 705 celebridades que, habi¨¦ndose acogido a la amnist¨ªa fiscal, eran objeto de una especial investigaci¨®n del organismo. Tanto si lo hizo de modo premeditado para ondear, una vez m¨¢s, la bandera del combate antifraude, como si al realizarlo cometi¨® un descuido, el anunciante habr¨¢ podido comprobar la inoportunidad de lo anunciado.

En efecto, la violencia del efecto bumer¨¢n desencadenado est¨¢ siendo tan tremenda como pod¨ªa preverse desde que trascendi¨® la declaraci¨®n. Conocer los nombres de la lista se ha convertido en aspiraci¨®n de todos, sea por reivindicaci¨®n ciudadana, por inter¨¦s informativo o por objetivo pol¨ªtico. Toda vez que el ordenamiento jur¨ªdico impide hacer p¨²blicos los nombres, es evidente el jard¨ªn en el que voluntaria e innecesariamente se han metido los rectores de la Hacienda p¨²blica espa?ola, creando una expectaci¨®n que, por no poder satisfacer, les ha expuesto a la cr¨ªtica de unos y otros.

Lo sucedido con posterioridad, por reciente, lo tenemos todos a¨²n en la memoria y, lamentablemente, tambi¨¦n en la retina. Primero, la filtraci¨®n a los medios de uno de los nombres incluidos en la lista tremenda, sin que los obligados a custodiarla hayan dado explicaci¨®n alguna a la filtraci¨®n, ni anunciado ninguna investigaci¨®n para identificar su origen y su responsable. Segundo, los extra?os vericuetos administrativos y judiciales posteriormente recorridos por el expediente asociado al nombre filtrado. Tercero, un suceso tan poco edificante para quien anhele el respeto a los derechos de los ciudadanos en general y de los contribuyentes en particular como la retransmisi¨®n en directo (?pan y circo!) de los sucesos del pasado 16 de abril. Y cuarto, la posterior aparici¨®n en un medio del contenido de un informe de la Agencia Tributaria, una nueva filtraci¨®n, sin que tampoco el organismo responsable de la custodia de la informaci¨®n haya tenido a bien manifestar nada al respecto.

La publicidad de la relaci¨®n de investigados extiende la sospecha sobre personas de perfil p¨²blico

Es inevitable acordarse de Winston Churchill cuando vino a caracterizar la democracia como aquel sistema en el que, cuando un ciudadano oye sonar el timbre de la puerta de su casa, solo puede encontrarse a un conocido o al lechero.

Lo descrito ha venido a revelar, una vez m¨¢s, la necesaria discreci¨®n y prudencia que deben caracterizar la labor fiscalizadora de la AEAT, atributos frecuentemente abandonados en los ¨²ltimos tiempos. ?Era necesario publicitar la existencia de los 705, hoy 715? ?Se ha contribuido con ello a aumentar la eficacia en las actuaciones de la Agencia Tributaria? La respuesta es evidentemente negativa. Por el contrario, con la publicitaci¨®n se ha generado una innecesaria alarma social, al tiempo que se ha extendido gratuitamente un manto de sospecha que afecta a todos aquellos contribuyentes que responden al perfil objetivo de Persona con Exposici¨®n P¨²blica. Y todo ello, en plena campa?a de la declaraci¨®n del IRPF, ensombreciendo la habitual ejemplaridad con la que los funcionarios de la AEAT la desarrollan.

Pues bien, el pasado martes, y de nuevo en sede parlamentaria, se anuncia que los datos sobre los contribuyentes disponibles por la Agencia Tributaria son la repera patatera. En un planteamiento escol¨¢stico, deben contemplarse dos hip¨®tesis. Una, que se trate de ?otro? descuido, lo que resultar¨ªa dif¨ªcilmente explicable. Dos, que responda a una t¨¢ctica premeditada. En este supuesto, la cuesti¨®n a dilucidar es cu¨¢l era el objetivo pretendido, toda vez que resulta indudable que la afirmaci¨®n realizada no hace sino acrecentar el inter¨¦s social, medi¨¢tico y pol¨ªtico sobre la cuesti¨®n. De ponerlo en relaci¨®n con la respuesta dada al portavoz socialista de la comisi¨®n (¡°se?or¨ªa, en la lista hay de todo, de todo, de todo¡­¡±), pareciera que se quiera aplacar la exigencia de publicidad reiterada por el principal partido de la oposici¨®n. Si as¨ª fuera y, consiguientemente, se tratase de una suerte de advertencia, convengamos que esta tampoco resultar¨ªa edificante.

Sin duda, la presi¨®n generada y no atendida ha pesado en la decisi¨®n del ¨²ltimo Consejo de Ministros en la que anuncia la proyectada reforma de la legislaci¨®n tributaria para habilitar la publicaci¨®n de las listas de morosos y defraudadores con la Hacienda p¨²blica. Se camina as¨ª en la direcci¨®n fabulada por Orwell, despreciando las posibles consecuencias derivadas del esperp¨¦ntico reality tributario que se est¨¢ dise?ando.

Para reclamar la vuelta a la sensatez, debe recordarse la evidente causalidad que existi¨® entre la publicidad dada anta?o a los datos tributarios de los contribuyentes y el secuestro que el mayor de ellos (Luis S¨²?er) sufri¨® a manos de la banda terrorista de ETA, con la consiguiente exigencia del correspondiente rescate.

Bueno ser¨ªa que la sociedad reconduzca a la Hacienda P¨²blica hacia la seguridad jur¨ªdica

En todo caso, de insistir en la insensatez, resultar¨ªa exigible la obligada reciprocidad. En este sentido, de consumarse la voluntad de publicar la relaci¨®n de los contribuyentes que mantienen deudas con la Hacienda, es exigible que se publique tambi¨¦n la deuda de esta con aquellos, por sobrepasar reiteradamente los plazos legales para realizar las devoluciones tributarias, de lo que pueden hablar especialmente los exportadores espa?oles.

En la misma direcci¨®n, de acabar haci¨¦ndose p¨²blicos los nombres de los condenados por delito fiscal, cabe exigir que se publique tambi¨¦n la identificaci¨®n de los responsables de aquellas denuncias por delito que los tribunales acaben considerando infundadas. Eso s¨ª, despu¨¦s de haber provocado al infundadamente denunciado un largo periodo de zozobra e incertidumbre, am¨¦n de un considerable coste econ¨®mico para afrontar su defensa procesal.

Sin duda, lo proyectado se enmarca en el vendaval contrarreformista que, en materia de derechos de los contribuyentes, viene azotando a nuestro panorama fiscal (d¨®nde qued¨® el esp¨ªritu de 1996, que ilumin¨® la Ley de Derechos y Garant¨ªas de los Contribuyentes), y cuyo paradigma viene constituido por las consecuencias previstas ante el incumplimiento de la declaraci¨®n del rese?ado modelo 720. As¨ª, en un Estado en el que prescriben hasta los delitos de sangre, resulta que incumplir (por un d¨ªa sobre el plazo legal) la obligaci¨®n de presentar una declaraci¨®n tributaria de car¨¢cter informativo persigue a un contribuyente hasta su muerte (en definitiva, de hecho, se ha configurado una infracci¨®n sin plazo de prescripci¨®n). Adem¨¢s, la suma de la cuota tributaria resultante y de la sanci¨®n prevista (150%) puede exceder del valor del bien no declarado. Se trata de una pirueta claramente confiscatoria y, en consecuencia, presumiblemente anticonstitucional. Confiemos que el expediente por infracci¨®n recientemente abierto en Bruselas corrija ambos desmanes.

En funci¨®n de lo expuesto, bueno ser¨ªa que la sociedad espa?ola recondujera a nuestra Hacienda p¨²blica a la senda de la seguridad jur¨ªdica para evitar que, dentro de un tiempo, y parafraseando a Bertolt Brecht, tengamos que lamentarnos recitando:

¡°Primero vinieron a por los empresarios, pero como yo no era empresario, no me import¨®; despu¨¦s fueron a por los artistas, deportistas y periodistas, pero como yo no lo era, tampoco reaccion¨¦; m¨¢s tarde se llevaron a los expol¨ªticos, pero como tampoco lo soy, segu¨ª sin hacer nada. Hoy vienen a por m¨ª, pero¡­ ya es tarde¡±.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer fue director general de la Agencia Tributaria. Es actualmente socio director de Carrillo?&?Ruiz-Jarabo.