CIE: que nadie dude de qu¨¦ lado estamos

Protesta frente al CIE de Zapadores (Valencia).

Sali¨® de Gambia, su pa¨ªs de origen, a los doce a?os. Trabaj¨® durante otros seis en Senegal, Guinea y Mauritania, casi siempre como pescador. A los 15 hab¨ªa intentado su primer salto en cayuco a las costas de Canarias. A los 18 lo consigui¨®. Cuatro d¨ªas de traves¨ªa donde el motor se qued¨® parado durante m¨¢s de doce horas y donde pens¨® que "todo hab¨ªa terminado". La llegada a Tenerife fue el comienzo de una procesi¨®n que incluy¨® tres Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sorpresa, miedo, abusos policiales y, finalmente, la liberaci¨®n en Madrid. El Gobierno socialista no hab¨ªa cerrado a¨²n con Gambia el tipo de acuerdos de repatriaci¨®n que se firmaban en aquella ¨¦poca en el reverso de los acuerdos de cooperaci¨®n. Seis a?os despu¨¦s, Alhagie Yerro Gai muestra orgulloso su tarjeta de residencia legal en Espa?a, que depende de la posibilidad de conservar un empleo. "Estamos legal... seg¨²n el Gobierno".

Yerro particip¨® esta semana en la sesi¨®n organizada por el Parlamento Europeo para alertar sobre la realidad de los CIE. El evento, impulsado por los representantes de Primavera Europea y el Partido Por Un Mundo + Justo, reuni¨® en Bruselas a una treintena de activistas, pol¨ªticos e informadores que han trabajado durante a?os para enterrar este agujero moral. Sus testimonios dibujan un sistema en el que el internamiento por una falta administrativa se traduce en abusos, palizas, arbitrariedades legales y enfermedades. Como describe la ONG jesuita Pueblos Unidos en un reciente informe sobre este asunto, la aprobaci¨®n hace un a?o del nuevo Reglamento de los CIE y de una circular policial que clarifica los criterios de expulsi¨®n no se ha traducido en una mejora tangible de las condiciones legales y humanitarias de los internos. Con una cadencia demoledora, este y otros informes describen la indefensi¨®n legal de ciudadanos que compart¨ªan nuestro patio de vecinos hasta hace unos d¨ªas, la desesperaci¨®n de madres separadas de sus hijos o el abandono de enfermos mentales. Si estuvi¨¦semos hablando de ?frica, nos horrorizar¨ªa.

A menudo, la incomodidad ¨¦tica de este asunto se reduce a un simple conflicto de legalidad. La protecci¨®n del derecho de asilo, el trato humano a los internos o la garant¨ªa de los derechos b¨¢sicos de un detenido antes de su expulsi¨®n no son una elecci¨®n de los funcionarios involucrados, sino una obligaci¨®n legal que est¨¢ siendo ignorada. Como en el caso de otros corredores de la inmigraci¨®n irregular que accede a Europa, la l¨®gica del sistema lleva a funcionarios e instituciones a un estado de prevaricaci¨®n latente. Vean, por ejemplo, las contundentes im¨¢genes del reportaje Las muertes de Ceuta, publicado por eldiario.es en el aniversario de la tragedia del Tarajal. La actuaci¨®n de la Guardia Civil y el despeje dial¨¦ctico del Ministro del Interior y de su Secretario de Estado no son respuestas aisladas, sino una ilustraci¨®n ic¨®nica de un modelo migratorio que fuerza al Estado a cruzar de manera recurrente las l¨ªneas de la legalidad. Diecis¨¦is guardias civiles han sido imputados por un asunto que provoc¨® la muerte de quince inmigrantes, pero lo que resulta abracadabrante es que ning¨²n alto cargo del Ministerio haya tenido el prurito de dimitir. Al fin y al cabo, son ellos y sus mandos los que ponen a los guardias civiles ante la encrucijada de cumplir una orden o incumplir la ley.

Este es el hecho cierto: los CIE no solo son moralmente repulsivos y costosos para el contribuyente, sino tambi¨¦n in¨²tiles. De los 9.002 internamientos que se produjeron en 2013, menos de la mitad acabaron en expulsiones. De hecho, las autoridades han encontrado en las 'devoluciones expr¨¦s' una manera m¨¢s eficaz de caminar la delgada l¨ªnea que separa la legalidad de la ilegalidad. Se trata de procedimientos urgentes que permiten la detenci¨®n y expulsi¨®n del individuo en menos de 72 horas, sin internamiento previo y con destino a pa¨ªses que pueden estar tan cerca del hogar de los afectados como el suyo est¨¢ de Copenhague. Como recuerda Pueblos Unidos, esta pr¨¢ctica -bajo la que se realizan ya una parte mayoritaria de las expulsiones- "limita severamente las garant¨ªas procesales de los expulsados, incluso elimin¨¢ndolas".

Los CIE, como la vulneraci¨®n del derecho de asilo, elapartheidsanitario y tantas otras aberraciones de la pol¨ªtica migratoria, no son la excepci¨®n del sistema, sino su consecuencia l¨®gica. Responden a la incapacidad de instituciones y partidos de embridar un debate electoralmente radioactivo y plantear alternativas a un r¨¦gimen que ha demostrado ser tan inmoral como idiota. Como se?alaba ayer un editorial de The New York Times comentando el paso adelante de Hillary Clinton en este asunto, "Cuando escuchen a los candidatos hablar de c¨®mo hacer m¨¢s segura la frontera -una frontera que ya es tan segura como lo ser¨¢ nunca-, ese es el signo de que no est¨¢n interesados en una conversaci¨®n seria".

Es dif¨ªcil ser optimista, pero reconozco que esta peque?a experiencia europarlamentaria me reconcilia con el mundo. Junto a Yerro, la delegaci¨®n espa?ola estaba compuesta por un grupo heterog¨¦neo de superh¨¦roes de Zaragoza, Valencia, Madrid, Ceuta y Melilla que se mantienen firmes contra los CIE mientras el resto de la sociedad mira para otro lado. Hacen sentadas, acompa?an a los internos y a sus familias, proporcionan asistencia legal y se dirigen a los medios que quieren escucharles. Su trabajo me inspira profundamente y me gustar¨ªa pensar que no est¨¢n solos. Mientras escribo estas l¨ªneas, una petici¨®n popular en change.org por el cierre de los CIE supera ya las 62.000 firmas y el apoyo de medio centenar de eurodiputados. Ustedes pueden unirse a ellos firmando la petici¨®n y trasladando sus inquietudes a partidos y candidatos durante las pr¨®ximas campa?as electorales. Que nadie dude de qu¨¦ lado estamos.