Trist¨ªsimo recuento de un mal

Las resoluciones del juez Barreiro, instructor en el Tribunal Supremo de la llamada causa de los ERE andaluces, constituyen un trist¨ªsimo retrato de uno de los m¨¢s graves problemas que ha sufrido Espa?a desde los a?os 2000 y uno de los que m¨¢s han influido en el desprestigio de las instituciones: la irresponsable decisi¨®n pol¨ªtica de obviar, sortear o vulnerar procedimientos administrativos legalmente previstos, en beneficio de un ejercicio m¨¢s arbitrario del poder.

Cierto es que en unos casos, como los ERE, esa decisi¨®n se tom¨® inicialmente ¡°para dar mayor agilidad¡± a la Administraci¨®n, sin ning¨²n deseo de enriquecimiento personal, y que en otros, como la G¨¹rtel, se busc¨® desde el primer momento v¨ªas corruptas de financiaci¨®n personal o partidaria, lo que exige un juicio personal diferente. No es lo mismo ser honrado que ladr¨®n. El resultado tiene, incluso, diferentes nombres jur¨ªdicos, prevaricaci¨®n o malversaci¨®n. Pero lo que importa aqu¨ª, lo que produce tanta desaz¨®n y pesimismo, es que proceden de la misma serpiente: la convicci¨®n de que, con un poco de audacia y otro poco de complicidad, est¨¢ justificado saltarse el cumplimiento de la ley, de las normas y de sus procedimientos para conseguir objetivos beneficiosos para alguien.

Sin pens¨¢rselo dos veces, a la ligera, imprudente y soberbiamente, demasiados pol¨ªticos de este pa¨ªs se saltaron, sortearon o violentaron lo que a su juicio solo eran ¡°procedimientos administrativos¡±, sin percibir que en ese respeto escrupuloso estriba el ejercicio democr¨¢tico del poder; ignorando que el Estado de derecho consta de un conjunto de instituciones, leyes y procedimientos ideados, precisamente, para impedir esa discrecionalidad o, m¨¢s claramente, para impedir el ejercicio arbitrario del poder. Y as¨ª, cazurramente, faltos de cultura democr¨¢tica, cometieron un delito imperdonable en un pa¨ªs que ten¨ªa una Constituci¨®n muy joven y que precisaba urgentemente rigor, ejemplaridad y precisi¨®n democr¨¢tica.

No se trata de que todos, desde el presidente del Gobierno hasta el ¨²ltimo concejal, est¨¦n sometidos al C¨®digo Penal. Eso es evidente. De lo que se trata es de que tambi¨¦n est¨¦n sometidos a normas, controles independientes y vigilancias acordadas. De que todos, desde el presidente del Gobierno hasta el ¨²ltimo concejal o polic¨ªa, comprendan que nadie en una sociedad democr¨¢tica tiene otro poder que el estrictamente derivado de la ley, y que esa ley se expresa en procedimientos establecidos p¨²blicamente que deben ser cumplidos con propiedad.

Asombra tambi¨¦n que personas sensatas y experimentadas, como fueron los presidentes de la Junta de Andaluc¨ªa, desconocieran tanto la naturaleza humana como para que creyeran que cuando se vulnera la norma y se buscan complicidades para ello no se est¨¢ abriendo, al mismo tiempo, un enorme agujero por donde se colar¨¢ la corrupci¨®n pura y dura. Que cuando las subvenciones son arbitrarias, las comisiones son inevitables. Dif¨ªcil creer, como puntualiza el juez Barreiro, que la c¨²pula de la Junta desconociera lo que estaba ocurriendo desde el a?o 2000. Dif¨ªcil que lo que era de com¨²n conocimiento para viceconsejeros, directores generales y subdirectores fuera desconocido por la c¨²pula, ¡°protegida por una especie de incomprensible pacto de silencio de los funcionarios intermedios¡±.

Sea como sea, sentencie lo que sentencie finalmente el Supremo, o el tribunal al que finalmente corresponda hacerlo, sobre la implicaci¨®n concreta de los expresidentes Chaves y Gri?¨¢n, habr¨¢ que agradecer al juez Barreiro (y a la juez Alaya) que hayan puesto negro sobre blanco uno de los peores problemas de la democracia espa?ola. Quiz¨¢s as¨ª se encuentre remedio.