Un grave error

Las elecciones del 27 de septiembre no cerrar¨¢n las tensiones que vienen produci¨¦ndose en torno al conflicto planteado por el independentismo, cualesquiera que sean sus resultados, porque resolver el problema no es cuesti¨®n de una receta del ¨²ltimo minuto. El Gobierno deber¨ªa haber calibrado que los requerimientos de respeto a la legalidad expresados por la canciller alemana, Angela Merkel, o por el exdirector jur¨ªdico de la UE, Jean-Claude Piris, resultan m¨¢s eficaces frente a los independentistas en Catalu?a que tomar un atajo incierto para oponerse a su desaf¨ªo.

Si realmente no se respetan las decisiones del Constitucional, ah¨ª existe un problema de fondo. La legalidad vigente conf¨ªa esa tarea a los tribunales ordinarios, y en caso de que esa v¨ªa sea insuficiente, la democracia tiene que resolverlo. Tampoco ha de caer en saco roto la idea de que la excepcionalidad del desaf¨ªo independentista a la legalidad requiere nuevos medios, a la altura de la alarma pol¨ªtica creada.

Sin embargo, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular para cambiar la ley del Constitucional afecta a la calidad de una democracia que todos estamos obligados a preservar. La cautela y la prudencia que los partidos han observado para no tocar las vigas maestras del sistema constitucional, mientras no haya amplios consensos, se vienen abajo como consecuencia de esta irrupci¨®n en tromba del Grupo Parlamentario Popular.

Llevamos decenios defendiendo la necesidad de acuerdos para adoptar reformas pol¨ªticas importantes, y es imposible negar esa consideraci¨®n a una propuesta que afecta a la naturaleza y a las funciones del Constitucional. Es trascendente el intento de convertir un tribunal ajeno al sistema jurisdiccional en un ¨®rgano dotado de capacidades ejecutivas como los dem¨¢s, y ese cambio de naturaleza se pretende por la v¨ªa de la m¨¢xima urgencia. Se quiere reforzar sus funciones administrativas, introduciendo as¨ª en los ciudadanos la desconfianza de que las instituciones son utilizables coyunturalmente como al poder le conviene. Las cr¨ªticas inmediatas del PSOE o del l¨ªder de Ciudadanos constituyen la prueba adicional de que una operaci¨®n como esta habr¨ªa necesitado de un consenso previo.

Adem¨¢s, se hace por la v¨ªa de una proposici¨®n parlamentaria, de tramitaci¨®n mucho m¨¢s r¨¢pida que la de un proyecto de ley, y por tanto prescindiendo de los asesoramientos de instituciones como el Consejo de Estado y el Poder Judicial, indispensables en caso de que el Gobierno hubiera presentado un proyecto de ley. La tramitaci¨®n de lo que no es sino una propuesta parlamentaria queda reducida a una mera formalidad. No resulta menos sorprendente que, a 26 d¨ªas de la votaci¨®n, se descubra que el Partido Popular puede acabar endosando el planteamiento nacionalista de que las elecciones auton¨®micas son un plebiscito y que por eso intenta armarse con un arsenal de normas en cuya necesidad no hab¨ªa ca¨ªdo antes.

Y lo que redunda en el error cometido es la participaci¨®n del candidato del PP a las elecciones del 27-S, Xavier Garc¨ªa Albiol, en la presentaci¨®n de la propuesta, rematada con la zafia expresi¨®n ¡°se ha acabado la broma¡±. Revela que el PP no valora bien la trascendencia de la decisi¨®n, ni calcula el riesgo de boomerang en forma de posible desprestigio del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n. Usar el desaf¨ªo independentista para las necesidades electorales no es propio de un partido responsable.