Alcaldes de mucho poder y manos libres

"Los alcaldes caciques no quieren vernos ni en pintura. Prefieren disponer de personal contratado a dedo, mientras se practica el saqueo de lo p¨²blico. Eso explica que en Murcia, por ejemplo, 32 de los 45 Ayuntamientos carezcan de interventor municipal", sostiene Fernando Urruticoechea, interventor municipal de Orihuela (Alicante). Nacido en Bilbao hace 61 a?os y con amplia experiencia profesional, Urruticoechea est¨¢ convencido de que nuestro modelo urban¨ªstico est¨¢ dise?ado para crear espacios de impunidad. ¡°No hay controles de disciplina urban¨ªstica y de responsabilidad administrativa, que son la primera trinchera con que cuenta el Estado para proteger los intereses p¨²blicos. Los titulares de las competencias de urbanismo son los alcaldes y consejeros auton¨®micos, y ellos no van a expedientarse a s¨ª mismos¡±, subraya.

"Los alcaldes caciques no quieren vernos ni en pintura. Prefieren disponer de personal contratado a dedo, mientras se practica el saqueo de lo p¨²blico"

El urbanismo es el gran agujero negro de la corrupci¨®n pol¨ªtica espa?ola, el panal que atrae a comisionistas y a organizaciones criminales de toda laya que se enriquecieron en los a?os de la ¡°prodigiosa d¨¦cada¡± especulativa (1998-2008) a costa de corromper Ayuntamientos y cementar el litoral, y ahora esperan una nueva oportunidad. Hay m¨¢s de 600 municipios sujetos a investigaci¨®n judicial y decenas de miles de viviendas ilegales, pese a que los Gobiernos han legalizado masivamente construcciones irregulares que, incluso, hunden sus cimientos en las playas. La palabra demolici¨®n ha sido retirada del vocabulario urban¨ªstico municipal y, en el mejor de los casos, sustituida por la multa. El 80% de la corrupci¨®n gira en torno a los planes municipales y a las recalificaciones que producen enriquecimientos instant¨¢neos. Promotores, pol¨ªticos y propietarios negocian, casi siempre en la sombra, la f¨®rmula del ¡°todos ganan¡±, que no siempre coincide con el inter¨¦s general.

De acuerdo con el estudio realizado por la Fundaci¨®n Alternativas, entre el 30% y el 40% del presupuesto de los Ayuntamientos procede de los ingresos de urbanismo. Las Administraciones locales dependen de esos dineros porque en el reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas quedaron relegadas y abocadas a la penuria financiera. La recalificaci¨®n del suelo ¨Csu precio lleg¨® multiplicarse por 20 en unos a?os¨C pareci¨® la soluci¨®n m¨¢gica mientras dur¨® la fiebre del ladrillo, que desat¨® la megaloman¨ªa de los alcaldes, el despilfarro, la corrupci¨®n.

En 1885, la Ley de Bases R¨¦gimen Local acentu¨® la autonom¨ªa municipal y suprimi¨® los controles del Ejecutivo central

Nuestra legislaci¨®n urban¨ªstica consagra un modelo de alcalde ¡°fuerte¡± con plena potestad para conceder las licencias de obras y sancionar a los responsables de las construcciones ilegales. En 1995, la Ley de Bases R¨¦gimen Local acentu¨® la autonom¨ªa municipal y suprimi¨® hasta tal punto los controles del Ejecutivo central que ahora las decisiones municipales no pueden ser anuladas con car¨¢cter preventivo por muy sospechosas de ilegalidad o arbitrariedad que sean. La v¨ªa judicial contencioso-administrativa, ¨²nico recurso de que dispone el poder central y el auton¨®mico para tratar de anular esas decisiones, se ha demostrado escasamente eficaz a causa de la lentitud de la justicia en unos a?os en los que las redes clientelares han alcanzado un alto grado de organizaci¨®n.

La integraci¨®n en la Administraci¨®n local de los funcionarios de habilitaci¨®n nacional, secretarios e interventores municipales, priv¨® a estos de independencia ya que son los alcaldes los que establecen sus salarios y condiciones laborales. As¨ª, los te¨®ricos controladores y supervisores han pasado a ser personal contratado y controlado. ¡°Falla el control de los Ayuntamientos. Nuestros alcaldes tienen un poder desmedido. En sus municipios mandan m¨¢s que el presidente del Gobierno. Es un error que los secretarios e interventores dependan de los alcaldes¡±, constata el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, quien se siente relativamente satisfecho de los avances logrados en los ¨²ltimos tiempos: ¡°De las 1.200 sentencias que se produjeron en 2014, m¨¢s de 900 fueron condenatorias¡±.

elpaissemanal@elpais.es