Encrucijadas en la Universidad

La substituci¨®n del inolvidable ministro Wert por M¨¦ndez de Vigo relaj¨® el ambiente entre las universidades y el ministerio. El nuevo ministro supo escuchar, novedad destacada en relaci¨®n a su predecesor. Saber escuchar, no obstante, deber¨ªa ser parte natural y consustancial al trabajo de cualquier pol¨ªtico. Y no hacerlo, una descalificaci¨®n inmediata. Bienvenida sea esta actitud, que abre puertas a hacer reflexiones que, con suerte, ser¨¢n escuchadas y, con m¨¢s suerte, atendidas. Aprovechar¨¦ los vientos de cambio que se avecinan para hablar de tres aspectos que, a mi entender, requieren atenci¨®n inmediata, y sobre los cu¨¢les s¨®lo han reca¨ªdo parches legislativos que, en ocasiones, han complicado m¨¢s que resuelto los problemas

Un primer aspecto es la inexistente carrera profesional del personal universitario, especialmente de su profesorado. A pesar de los m¨²ltiples filtros y evaluaciones que todo profesor debe encarar, no hay un plan maestro que permita visualizar los objetivos a alcanzar y los medios a usar. La dualidad entre personal funcionario y laboral permanente parec¨ªa una apuesta para romper con los esquemas at¨¢vicos de la universidad tradicional. La pr¨¢ctica demuestra que, en el mejor de los casos, el profesorado laboral es un clon del profesorado funcionarial. O est¨¢n por debajo en el escalaf¨®n, o como mucho, est¨¢n igualados al profesorado funcionario en todo: en sueldo, en procedimientos de selecci¨®n v¨ªa concursos, en categor¨ªas, en evaluaci¨®n curricular, en seguridad laboral. Esta dualidad no ha comportado grandes avances y, en cambio, ha complicado la gesti¨®n cotidiana al duplicar los marcos legislativos reguladores y las representaciones sindicales, entre otros temas. En lenguaje econ¨®mico, conseguir los mismos resultados con mayores costes es un ejemplo de ineficiencia. La recomendaci¨®n deber¨ªa ir en la l¨ªnea de simplificar la estructura contractual y recuperar una ¨²nica v¨ªa profesoral en la universidad. Hay que definir categor¨ªas y niveles de forma m¨¢s flexible, con salarios adaptados al rendimiento contrastado a trav¨¦s de incentivos, y con una definici¨®n de la carrera profesoral que deber¨ªa iniciarse, y no hace falta inventar nada nuevo, instaurando el tenure track anglosaj¨®n.

Un segundo aspecto, ligado a la oferta acad¨¦mica, es la necesidad de reconsiderar cu¨¢l es la libertad de las universidades para fijar sus programas. No tanto bajo una perspectiva aritm¨¦tica del n¨²mero de a?os de un grado sino de una reflexi¨®n sobre los contenidos que debe tener un paquete formativo integrado. En este caso, la distinci¨®n aritm¨¦tica (3+2, 4+1, etc) resultar¨ªa en el fondo irrelevante pues lo importante ser¨ªa el contenido curricular y la especializaci¨®n. Un corolario inevitable es la imperiosa necesidad de eliminar la diversidad existente en los precios p¨²blicos. El precio, el que sea, y eso ya es una cuesti¨®n de priorizaci¨®n en el uso de los recursos p¨²blicos, deber¨ªa ser el mismo para todos los estadios formativos: grado y postgrado.

El tercer aspecto est¨¢ ligado a la financiaci¨®n, una responsabilidad transferida a las comunidades aut¨®nomas. Sin embargo, la investigaci¨®n ¨Cuno de los pilares de la universidad- contin¨²a siendo una competencia del Gobierno central, no transferida y es por tanto al Gobierno central, en este caso, a quien se le han de pedir propuestas. Es imprescindible complementar las convocatorias competitivas ¨Cdirigidas a los grupos para cubrir sus costes variables- con recursos que premien los resultados globales de investigaci¨®n de las universidades, que permitan redimir el coste basal de la investigaci¨®n ¨Clos costes fijos de las infraestructuras- y reconozcan e incentiven la producci¨®n cient¨ªfica de impacto. Recuperar el instrumento del contrato-programa, que habr¨ªa de ser sencillo y transparente en cuanto a indicadores, remover¨ªa sin duda las bases del sistema universitario y permitir¨ªa dar un salto de calidad a aquellas universidades que a lo largo de los a?os se han esforzado en potenciar sus activos de investigaci¨®n.

Queda la asignatura pendiente del sistema de gobierno de las universidades, anquilosado en la base que se construy¨® en el lejano 1983 con la Ley de Reforma Universitaria. Es aqu¨ª donde se calibrar¨¢ la valent¨ªa de un gobierno, si realmente desea mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de decisi¨®n universitaria, a la vez que se potencie la hoy en d¨ªa limitada autonom¨ªa de que gozan las universidades espa?olas, particularmente las p¨²blicas.

Ferran Sancho Rector de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona