Una historia de la crisis

Se la voy a contar a ustedes tal y como me la han contado a m¨ª.

Esta historia arranca en el invierno de 2014, cuando el padre de Andrea, un hombre fuerte, sano, candidato a longevo, muere repentinamente de un infarto cerebral. Marco ten¨ªa 51 a?os, y su s¨²bito fallecimiento afecta tan profundamente a Vicenta, su viuda, que le provoca otro infarto cerebral, m¨¢s leve, del que logra recuperarse no sin esfuerzo. Hasta aqu¨ª las bromas macabras del destino. Desde aqu¨ª, las que s¨®lo corresponden a la voluntad de los seres humanos.

Marco y Vicenta vivieron juntos durante 30 a?os, pero no estaban casados ni inscritos como pareja de hecho. Por tanto, ella carece de derecho a cobrar una pensi¨®n de viudedad. La hija de ambos, Andrea, estudiante, que era menor de edad cuando muri¨® su padre, s¨ª tiene ?derecho a cobrar una pensi¨®n de orfandad, por la que recibe exactamente 194,30 euros cada mes. Tambi¨¦n hered¨® la ¨²nica propiedad de la familia, el piso donde residen actualmente, una vivienda de 60 metros cuadrados situada en su pueblo, V¨¦lez-M¨¢laga. Y ah¨ª empieza la pesadilla de Vicenta y de Andrea, a la que m¨¢s le habr¨ªa valido no heredar absolutamente nada.

Vicenta tiene 54 a?os y es parada de larga duraci¨®n. Durante seis meses, entre mayo y octubre de 2014, percibi¨® una ayuda del Ayuntamiento de su pueblo destinada a prevenir situaciones de exclusi¨®n social, 260 euros mensuales para comprar productos de primera necesidad, cuya adquisici¨®n ten¨ªa que justificar con las facturas correspondientes. Cuando esa ayuda se agot¨®, solicit¨® y obtuvo una prestaci¨®n de 426 euros para desempleados sin ingresos durante un plazo de 11 meses, que est¨¢ a punto de cumplirse.

La dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y a la educaci¨®n tendr¨ªan que estar por encima de cualquier norma

Por desgracia, la historia de Vicenta no es excepcional. En Espa?a viven demasiadas personas, demasiadas familias, que atraviesan por situaciones parecidas. Por eso no les habr¨¢ llamado mucho la atenci¨®n, pero les animo a seguir leyendo. Estoy segura de que no les defraudar¨¦, porque lo que voy a contarles ahora es que el Ayuntamiento de V¨¦lez-M¨¢laga reclama a Andrea, simplemente por haber inscrito a su nombre la vivienda que hab¨ªa heredado de su padre, una plusval¨ªa de 8.647,35 euros, que los intereses de demora han incrementado en febrero de 2016 hasta la cantidad de 9.516,04 euros. Todo esto por un piso que es la ¨²nica propiedad y la primera vivienda de la familia, y que en el mercado no alcanzar¨ªa un valor superior a los 70.000 euros. La guinda de esta bonita historia es que, en enero de 2015, el Ayuntamiento anterior, del PP, aprob¨® una bonificaci¨®n del 95% de la plusval¨ªa para familias en riesgo de exclusi¨®n, pero el nuevo equipo municipal, del PSOE, se niega a aplicar la retroactividad en este caso.

La ¨²nica salida de Vicenta y de Andrea es vender el piso para poder pagar la plusval¨ªa reclamada y quedarse sin casa para satisfacer la exigencia de un Ayuntamiento que conoce de sobra sus carencias, puesto que las incluy¨® hace dos a?os en una lista de vecinos en peligro de exclusi¨®n social. Despu¨¦s tendr¨ªan que alquilar otro piso, irse comiendo las ganancias poco a poco y, si la situaci¨®n no cambia, que no tiene trazas de cambiar, Andrea tendr¨ªa que abandonar la Universidad, inscribirse en el INEM y dedicarse a peregrinar, igual que su madre, por mostradores y oficinas, para repartir su curr¨ªculum, encontrar trabajos donde trabajar¨ªa 40 horas para cobrar 20, o solicitar raqu¨ªticas ayudas y subvenciones. Ese es, en este momento, el panorama que se extiende ante ellas.

Yo soy partidaria del impuesto de patrimonio. Soy partidaria de la igualdad de los espa?oles ante la ley. Soy partidaria de la justicia. Por eso me parece inconcebible que se produzcan casos como ¨¦ste, que es fruto de la arbitrariedad, de la inflexibilidad, de la inclemencia, del abuso de las instituciones, de la falta de sensibilidad y de empat¨ªa con los que sufren. La aplicaci¨®n injusta de una ley justa la desvirt¨²a por completo. La dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y a la educaci¨®n tendr¨ªan que estar por encima de cualquier norma administrativa. Un ordenamiento jur¨ªdico que no est¨¢ dispuesto a contemplar casos excepcionales, en la excepcional situaci¨®n de emergencia social por la que estamos atravesando, carece de legitimidad, puesto que se convierte en fuente de injusticias.

Las comparaciones me las ahorro. Seguro que a ustedes ya les han venido a la memoria suficientes casos de corrupci¨®n, de blanqueo, de fraude fiscal, de evasi¨®n de capitales y de institutos religiosos que no pagan ni un c¨¦ntimo de impuestos, como para llenar media docena, o m¨¢s, de p¨¢ginas como esta.

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