Desalojados de la justicia

Imaginen estar durmiendo en la casa que alquilan y que de repente llegue la polic¨ªa con intenci¨®n de desalojarlos de su vivienda, debido a atrasos en el pago del alquiler y del impuesto municipal. Tal vez podr¨¢n llamar a alg¨²n abogado amigo que les dir¨¢ que deben pedirle al polic¨ªa que les exhiba la orden judicial de desalojo. De mal modo, tambi¨¦n imaginen que finalmente le muestran la orden judicial. Para su asombro, la fecha de la misma es anterior a la orden de suspensi¨®n de este procedimiento y de la propuesta a dialogar con el due?o de la casa para encontrar una soluci¨®n. Imaginen que, aterrados por la sola posibilidad de tener que despertar a sus hijos y tener que irse a la calle, se animan a decirle al polic¨ªa que hay una irregularidad y solicitan un representante judicial para resolverla. Imaginen que el polic¨ªa les dice que no le importa ya que ¨¦l responde al Ministro de Seguridad y no al juez, y luego de eso atropella con violencia su hogar, rompiendo su casa e incendiando sus pertenencias. Imaginen que con ese desalojo la autoridad da por saldada la situaci¨®n al reconocerlo como el ¡°fin del conflicto¡±, desalojando a usted y a su familia a la calle.

?Les parece incre¨ªble esta posibilidad? Lamentablemente algo muy similar les pas¨® a 1.500 familias argentinas el mes pasado. Se preguntan ?c¨®mo no se enteraron de semejante drama? La respuesta es m¨¢s dura a¨²n, aunque sencilla: las familias viven en situaci¨®n de pobreza y habitaban un asentamiento que ellas mismas conformaron hace varios meses, ante la imposibilidad de acceso formal al suelo y al h¨¢bitat.

Tenemos profundos problemas de acceso al suelo, que no solo consisten en un mercado injusto y desigual, sino tambi¨¦n ineficiente desde una mirada estrictamente econ¨®mica

Conocemos el asentamiento Nueva Esperanza de Merlo desde sus inicios, ya que en TECHO estamos actualizando el Relevamiento de Asentamientos Informales debido a la falta hist¨®rica de informaci¨®n vinculada a las villas y asentamientos informales en nuestro pa¨ªs. No se sabe oficialmente cu¨¢ntos asentamientos en esta situaci¨®n hay en el pa¨ªs ni en el continente ¡ªnuestro estudio por ahora relev¨® 1.834 s¨®lo en el territorio donde habita el 62% de la poblaci¨®n argentina¡ª, ni c¨®mo es su din¨¢mica de conformaci¨®n y posterior integraci¨®n urbana. Lo que sabemos en TECHO es que tanto en Argentina como en Latinoam¨¦rica el fen¨®meno no es nuevo ¡ªdata de m¨¢s de 50 a?os¡ª, es enorme ¡ªuno de cada 4 latinoamericanos en zonas urbanas vive en asentamientos¡ª, y que sigue creciendo, en cantidad como en densificaci¨®n. ?Y por qu¨¦? Porque tenemos profundos problemas de acceso al suelo, que no solo consisten en un mercado injusto y desigual, sino tambi¨¦n ineficiente desde una mirada estrictamente econ¨®mica. Ineficiencia, desigualdad e injusticia. ?Por qu¨¦ entonces el tema no se resuelve? Porque atenta contra profundos intereses creados en nuestras sociedades latinoamericanas.

Nos pareci¨® un gran avance, en el discurso de asunci¨®n del actual presidente de la Naci¨®n Argentina, escuchar hablar de ¡°urbanizaci¨®n de asentamientos¡±, de ¡°llevar agua y cloaca a los barrios¡± y de la aparente utop¨ªa de ¡°pobreza cero¡±. Celebramos el posicionamiento en la agenda p¨²blica y pol¨ªtica. As¨ª como nos pusimos a disposici¨®n del Gobierno, como tambi¨¦n del anterior y de los que vendr¨¢n. Para aportar a este sue?o, tambi¨¦n debemos ser cr¨ªticos cuando entendemos que yerra el camino. Si lo que pas¨® en Merlo ser¨¢ la soluci¨®n que van a brindar el Gobierno Nacional, los Provinciales y Municipales para resolver el problema de los asentamientos, es una respuesta profundamente err¨®nea.

En los desalojos forzosos suele ser dif¨ªcil reconstruir lo que pas¨® y ser as¨ª certero en el relato. Sin embargo, en esta oportunidad tenemos algunas certezas gracias a nuestro equipo local que estuvo acompa?ando a las familias desde la primera hora del d¨ªa del violento episodio: el desalojo fue irregular, muy violento y desconsider¨® todas las recomendaciones que hace Naciones Unidas para cuando hay que desarrollar estos procesos (horario, notificaci¨®n, presencia de menores, entre otros). El m¨¢s grave: la no alternativa habitacional por parte del Estado a estas 1.500 familias que no tienen posibilidad de acceder al h¨¢bitat adecuado por sus propios medios. Hoy todas est¨¢n en la calle. Ninguna autoridad de los gobiernos locales de Buenos Aires ni Merlo se hizo presente. Solo del Ministerio Provincial de Seguridad, reforzando el estigma sobre los asentamientos y sus habitantes entre pobreza-delito-narcotr¨¢fico e inseguridad, cuando es el mismo Estado que abandona a estas familias a la suerte de lo que algunos delincuentes generan en estos pedacitos del pa¨ªs donde la Justicia no llega ni con la Constituci¨®n ni con las Instituciones. La manera en la que ocurri¨® este proceso es injusta y deshumanizante.

Una ciudad justa no se construye por especulaci¨®n, se decide desde y por sus ciudadanos con base en la democracia, y entendiendo su funci¨®n social que determina valores y din¨¢micas entre iguales

Nos preocupa tambi¨¦n el silencio de las autoridades nacionales al respecto, y esperamos que intervengan en caso de que la respuesta local siga siendo nula o err¨®nea. El conflicto no termin¨®, como desacertadamente dijo el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Reci¨¦n comienza. Es responsabilidad de las organizaciones sociales levantar el tema medi¨¢tica y pol¨ªticamente. Estamos trabajando duro junto con otras organizaciones como Madre Tierra, el Frente Dar¨ªo Santill¨¢n y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pero necesitamos el apoyo social para que el tema no se olvide y no pase a ser uno m¨¢s de los tantos que nos deshumanizan como sociedad.

Es necesaria la construcci¨®n de ciudades concebidas como un espacio de convivencia y realizaci¨®n de derechos. Una ciudad justa no se construye por especulaci¨®n, se decide desde y por sus ciudadanos con base en la democracia, y entendiendo su funci¨®n social que determina valores y din¨¢micas entre iguales. Y es el Estado quien debe asumir un rol de garante, facilitador y promotor de esta construcci¨®n, en un ejercicio de corresponsabilidad entre el gobierno, instituciones y ciudadanos.

A ocho meses de la cumbre mundial H¨¢bitat III, que definir¨¢ la Nueva Agenda Urbana, Latinoam¨¦rica y el mundo deben mirar el caso de Nueva Esperanza. De esta manera, que su nombre se convierta en motor del sue?o con sociedades y gobiernos que se ocupen adecuadamente de forjar ciudades en los pr¨®ximos 20 a?os con base en los derechos y no en los privilegios. TECHO seguir¨¢ el caso, acompa?ando de cerca a las familias y tambi¨¦n poniendo todas las herramientas al servicio de una soluci¨®n de fondo al conflicto. Un conflicto que es estructural y no se resuelve con desalojos violentos e irregulares, sino con di¨¢logo y pol¨ªticas p¨²blicas para una transformaci¨®n urbana profunda, para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos.

Virgilio Gregorini es director ejecutivo de TECHO Argentina.