Inseguridad inversora

Los pa¨ªses que merecen m¨¢s garant¨ªa para la inversi¨®n son los que disponen de una regulaci¨®n clara y relativamente r¨¢pida para aprobar o rechazar un proyecto. El caso del Distrito Castellana Norte ¡ªantes, Operaci¨®n Chamart¨ªn¡ª, un gran plan urban¨ªstico para reformar la zona norte de Madrid, con una inversi¨®n evaluada en 6.000 millones de euros y una creaci¨®n de empleo potencial de 120.000 puestos de trabajo, es un ejemplo desafortunado de todo esto. Durante los ¨²ltimos 20 a?os no se ha concretado la inversi¨®n de un solo euro, bien por reticencias municipales, bien por decisiones jur¨ªdicas, que deben ser respetadas, pero que indican una descoordinaci¨®n da?ina entre la legalidad y la gesti¨®n administrativa del proyecto.

El Ayuntamiento de Madrid ha ejercido su derecho a rectificar el proyecto pilotado por la iniciativa privada (Distrito Castellana Norte, DCN, pilotado por el BBVA y la constructora San Jos¨¦) reduciendo dr¨¢sticamente la participaci¨®n privada, recortando pr¨¢cticamente a la mitad el suelo lucrativo y, por tanto, disminuyendo la rentabilidad que permit¨ªa la presencia mayoritaria de sociedades privadas. El proyecto recortado, denominado Madrid Puerta Norte, parece reflejar el temor de que el proyecto DCN incumpliera sus objetivos sociales u obtuviera plusval¨ªas altas del suelo p¨²blico (el 82% del terreno es de Renfe, Adif o el Ayuntamiento) que no se trasladaran satisfactoriamente a servicios p¨²blicos. Pero si esta es la raz¨®n para recortar el plan, hay otros medios para garantizar que las ganancias de la construcci¨®n residencial y de oficinas revierten sobre los ciudadanos, desde una inspecci¨®n controlada por fases hasta contratos ligados al cumplimiento de los acuerdos.

La Operaci¨®n Chamart¨ªn es solo un ejemplo de lo que los gestores p¨²blicos deben evitar cuando se enfrentan a inversiones decisivas para el desarrollo de una ciudad. Hay adem¨¢s varios proyectos parados en Madrid (plaza de Espa?a, la manzana Mahou o algunos PAUS sin concretar) e inversiones tur¨ªsticas congeladas en Barcelona, con todo lo que supone frenar el crecimiento en las dos principales ciudades de Espa?a. En cada caso las causas que malogran su resoluci¨®n son diferentes, pero en todos se aprecian problemas comunes: los tr¨¢mites se eternizan, los municipios ofrecen resoluciones contradictorias que desconciertan a inversores y ciudadanos y la soluci¨®n jur¨ªdica es extremadamente lenta.

A todo esto se le llama inseguridad jur¨ªdica o mala regulaci¨®n. No se protegen realmente los intereses de los ciudadanos, pero se prolonga la inquietud de los inversores. Las inversiones que afectan a un gran n¨²mero de ciudadanos (en el caso de la ampliaci¨®n de Madrid Norte, unos 550.000) pueden tener una maduraci¨®n lenta, para proteger los derechos p¨²blicos, pero la resoluci¨®n t¨¦cnico-administrativa, una vez identificados los problemas, debe ser r¨¢pida.

Si a la indefinici¨®n jur¨ªdica sumamos la inseguridad pol¨ªtica, el da?o para las ciudades se multiplica y se prolonga en una espiral absurda. Al final, la Operaci¨®n Chamart¨ªn depende de los diversos resultados electorales. As¨ª no se gestiona un pa¨ªs, ni una ciudad.