Di¨¢logo, pacto, reconciliaci¨®n

Venezuela vive una triple crisis que divide y enfrenta al pa¨ªs y exige respuestas urgentes. Los desaf¨ªos son de tal magnitud que no admiten espera y, por eso, nadie puede plantear un ¡°di¨¢logo¡± para ganar un tiempo que los venezolanos no tienen agobiados por esta crisis.

El di¨¢logo debe hacerse para pactar salidas a la crisis. El di¨¢logo debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El di¨¢logo debe hacerse desde el respeto a la Constituci¨®n, a los derechos y obligaciones establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es negociable.

La crisis es institucional, socioecon¨®mica y de seguridad ciudadana. Y lo primero que tienen que acordar las partes son los temas de la agenda, as¨ª como la composici¨®n de la mediaci¨®n. La crisis institucional lo condiciona todo, impide las salidas democr¨¢ticas y encrespa la relaci¨®n entre las fuerzas pol¨ªticas, los actores sociales y econ¨®micos y el conjunto de la ciudadan¨ªa. Esta crisis est¨¢ motivada por la anulaci¨®n del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con mayor¨ªa abrumadora desde el 6 de diciembre del a?o pasado. Durante el mes que transcurri¨® entre ese d¨ªa y el 5 de enero de 2016, que toma posesi¨®n, la Asamblea saliente cambi¨® el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional para producir una composici¨®n obediente al poder ejecutivo y anular as¨ª las decisiones de la nueva mayor¨ªa parlamentaria.

Al mismo tiempo la Presidencia de la Rep¨²blica promulg¨® leyes con el ¡°poder habilitante¡± de la Asamblea saliente que han restado competencias constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumi¨® la nueva mayor¨ªa nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido ejercer sus facultades de control del poder ejecutivo, ni sus facultades legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la actuaci¨®n de la Asamblea Nacional, declarando ¡°inconstitucionales¡± m¨¢s del 90% de sus decisiones. Entre las muchas leyes anuladas est¨¢ la Ley de Amnist¨ªa, que habr¨ªa resuelto el problema de los presos pol¨ªticos, de los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con presos pol¨ªticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la Rep¨²blica ha declarado la emergencia econ¨®mica ¡ªprorrogada despu¨¦s dos veces y a?adi¨¦ndole estado de excepci¨®n¡ª salt¨¢ndose las competencias de la Asamblea Nacional, con la complicidad obsecuente de la Corte Constitucional. O sea, vivimos la paradoja de que es la oposici¨®n la que est¨¢ pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la Constituci¨®n vigente promulgada por el r¨¦gimen actual. Por el contrario el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado como el CNE, obedientes a los mandatos de aqu¨¦l, violentan la Constituci¨®n e impiden que funcione la divisi¨®n de poderes fundamental para el equilibrio democr¨¢tico y la soluci¨®n de los desaf¨ªos que enfrenta Venezuela.

Si se desea una Comisi¨®n de la Verdad sincera, lo l¨®gico es que se constituya de forma paritaria

El primer elemento del di¨¢logo es, por eso, el respeto a la Constituci¨®n, a la divisi¨®n de poderes y el cumplimiento irrestricto de las normas establecidas en ella. Si esto fuera as¨ª, estar¨ªa fuera de cualquier controversia el derecho constitucional a promover el ¡°revocatorio¡± y las instituciones como el CNE tendr¨ªan que cumplir en tiempo y forma todos los tr¨¢mites legalmente previstos, salvo que incurran en prevaricaci¨®n en sus funciones. Este es un derecho de los representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser sometidos a revocatorio.

Si se desea el esclarecimiento de hechos acaecidos y la reconciliaci¨®n de los venezolanos, la propuesta de una Comisi¨®n de la Verdad puede ser ¨²til. Pero lo l¨®gico es que se constituya de forma paritaria ¡ªigual n¨²mero de miembros de Gobierno y oposici¨®n¡ª con una presidencia de consenso. El primer acto de su constituci¨®n ser¨ªa la puesta en libertad de presos y la vuelta de exiliados, incluso si fuera a resultas de lo que concluya la Comisi¨®n. Esta salida corregir¨ªa la arbitrariedad que ha supuesto la anulaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa y mejorar¨ªa el clima de reconciliaci¨®n que se pretende. Tambi¨¦n se podr¨ªa acordar la composici¨®n de la Sala Constitucional, con un nuevo equilibrio que le permita cumplir su funci¨®n sin sometimiento al Ejecutivo.

La crisis social y econ¨®mica puede y debe ser abordada en otra mesa paritaria ¡ªGobierno y oposici¨®n¡ª a la que se invite a participar a los sectores productivos.

Con car¨¢cter inmediato se deber¨ªa abordar la crisis humanitaria, que se sigue agravando cada d¨ªa, por la escasez de alimentos y, sobre todo, de medicamentos. Se necesita ayuda de emergencia y canales de distribuci¨®n que escapen al bachaqueo y al clientelismo. Venezuela ha sido hist¨®ricamente solidaria y ahora necesita solidaridad de la comunidad internacional.

La mesa debe poner en marcha el aparato productivo del pa¨ªs, acordando de inmediato, con los actores empresariales, respuestas al problema alimentario y de medicamentos. Como fondo, debe enfrentar la profunda crisis econ¨®mica, tanto en sus aspectos macroecon¨®micos como en la recuperaci¨®n del aparato productivo de Venezuela. El plan de ajuste es necesario y cada d¨ªa que pase se har¨¢ m¨¢s dif¨ªcil. Ya hemos vivido en otros pa¨ªses la experiencia dram¨¢tica de la hiperinflaci¨®n, del inmenso d¨¦ficit acumulado, de la imposibilidad de pagar la deuda sin reestructuraci¨®n y ayuda.

Se necesita ayuda de emergencia y canales de distribuci¨®n que escapen al clientelismo

El plan para reducir gastos y aumentar ingresos puede ser pactado entre las partes, para generar confianza interna y externa. Adem¨¢s, hay que preservar una l¨ªnea de protecci¨®n a los m¨¢s d¨¦biles para que el ajuste no termine de destruirlos. Venezuela tiene recursos humanos y materiales para salir de este marasmo. Tiene capacidad industrial instalada que hay que poner a producir, lo mismo que capacidad para producir alimentos y medicamentos para toda su poblaci¨®n con excedentes. El problema es de gesti¨®n, o, si prefieren, del fracaso de una gesti¨®n err¨®nea durante muchos a?os, agravada por la ca¨ªda de los precios del petr¨®leo (?pero solo agravada por eso!).

La crisis de seguridad ciudadana, aunque sea responsabilidad del Ejecutivo, puede ser planteada por este y la Asamblea para acordar una ley que corte esta hemorragia que destruye a Venezuela. El plan de seguridad llamado OLP es el n¨²mero 17 o 18 de los que se han implementado para corregir la creciente inseguridad que ha convertido a Venezuela en un pa¨ªs con ¨ªndices de violencia inaceptables. Pero m¨¢s all¨¢ de los fracasos evidentes de estos planes se pueden y se deben corregir elementos fundamentales desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El Gobierno puede proponer a la Asamblea una legislaci¨®n que proh¨ªba el uso de armas de fuego a los particulares y hacer un plan de recogida de las que hay dispersas por todas partes. La ley debe reservar el uso de las armas de fuego, en exclusiva, a las fuerzas de seguridad del Estado y, en su ¨¢mbito, a las Fuerzas Armadas. Los particulares, solo excepcionalmente y con autorizaci¨®n y control, pueden disponer de armas de fuego. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas lo agradecer¨¢n, pero sobre todo los ciudadanos empezaran a creer que es posible convivir en paz y en libertad.

Conclusi¨®n: no conozco sobre qu¨¦ bases est¨¢n trabajando los mediadores internacionales para el di¨¢logo aunque les deseo lo mejor, pero s¨¦ que incluso esa mediaci¨®n debe ser acordada entre la partes para generar confianza.

Felipe Gonz¨¢lez fue presidente del Gobierno espa?ol de 1982 a 1996.