Los abogados de los titiriteros y Zapata te devolver¨¢n la fe en la justicia

?C¨®mo podr¨ªan definirse vuestros intereses?No se juzga igual a un polic¨ªa que a un mantero, a una mujer ¨¢rabe que a un hombre de negocios con traje y reloj de acero en la mu?eca. Nosotras aspiramos a ser algo m¨¢s que un despacho de abogados y abogadas al uso, en Red Jur¨ªdica ponemos el acento en que la Administraci¨®n de Justicia est¨¦ realmente al servicio de la gente. Muchas veces la norma no es neutra, no siempre se defiende a los ciudadanos sino los intereses de los gobernantes y los lobbies que les apoyan como el financiero, el de la construcci¨®n, el el¨¦ctrico, etc. Adem¨¢s de que, aunque aparentemente estemos ante una ley justa, aquellos que las imponen e interpretan (Gobierno, polic¨ªa, jueces, etc) tambi¨¦n tienen sesgos y prejuicios dependiendo de qui¨¦n tengan enfrente.

?Qu¨¦ ten¨¦is en com¨²n?

Compartimos una misma visi¨®n transformadora de nuestra profesi¨®n y tiene sentido que en la organizaci¨®n interna exijamos los mismos valores que en el exterior. De ah¨ª que seamos una cooperativa y no una sociedad mercantil: promovemos los valores feministas, ecologistas y democr¨¢ticos, la toma de decisiones consensuada y no basada solo en criterios econ¨®micos. Los salarios se ajustan a las horas de trabajo y no a los ingresos generados por cada socia, damos importancia a los cuidados dentro de nuestro espacio...

Por ejemplo, uno de nuestros principales retos es llevar a cabo una pr¨¢ctica feminista en nuestro d¨ªa a d¨ªa. Con frecuencia se nos describe como ¡°un despacho de abogados¡±, pero nosotras no somos eso, no somos todas ¡°abogados¡±. En nuestra opini¨®n el lenguaje construye imaginarios y realidades y por eso defendemos el lenguaje inclusivo, para que la mujeres, tanto las que forman parte del despacho como las que defendemos, no seamos ni sean invisibilizadas.

?A qui¨¦n defend¨¦is?

Nuestra vocaci¨®n es inclinarnos por la defensa de la parte m¨¢s castigada por los desequilibrios sociales. Para nosotras, el derecho a un juicio justo o es universal o no es un derecho, y por eso lo defendemos sin pudor y sin remilgos. No defendemos culpables o inocentes, ni compartimos lo que hayan podido o no hacer, defendemos personas. Tambi¨¦n actuamos con visi¨®n estrat¨¦gica, participando en asuntos clave para obtener esa sociedad m¨¢s equitativa y justa: defendemos a manifestantes, a v¨ªctimas de torturas y malos tratos, a okupas, a personas que se han expresado por Twitter o Facebook o que tienen opiniones pol¨ªticas diferentes, a migrantes que van a ser deportados solo por no tener papeles¡­ Dec¨ªa Albert Camus que uno no debe ponerse del lado de los que hacen la historia, sino al servicio de quien la padecen.

?Vivimos en una sociedad represiva?

No, si lo comparamos con la mayor¨ªa de los pa¨ªses del mundo. Pero lo cierto es que nuestros propios est¨¢ndares de libertad, esos que cre¨ªamos ya arraigados e inamovibles, han retrocedido gravemente en la ¨²ltima legislatura. Se ha endurecido el c¨®digo penal, se ha instaurado la cadena perpetua, se han endurecido las leyes procedimentales, creado espacios de impunidad para las clases pudientes y las grandes empresas, santificado derechos que no deber¨ªan ser m¨¢s valiosos que otros, como la propiedad privada sobre la vivienda o la iniciativa empresarial sobre la gesti¨®n com¨²n de nuestros bienes p¨²blicos. Y ante todos estos cambios y las quejas que han provocado, la respuesta del Gobierno ha sido sacar una Ley Mordaza. La soluci¨®n democr¨¢tica ser¨ªa responder a estos problemas con iniciativas que aseguren el bienestar de la ciudadan¨ªa, no acallarlos bajo la amenaza de porra, multa o c¨¢rcel.

?C¨®mo est¨¢ funcionando la Ley Mordaza?

La ley Mordaza ha cumplido su objetivo principal, que es infundir un miedo atroz al ciudadano, de manera que se lo piensa dos veces antes de ir a una manifestaci¨®n, impedir un desahucio, debatir con un polic¨ªa o llevar una simple camiseta o bolso con un mensaje pol¨ªticamente incorrecto pero jur¨ªdicamente permitido. La parte positiva es que la lucha contra esta ley ha generado tanta movilizaci¨®n y oposici¨®n que el propio Gobierno no se atreve aplicarla en toda su intensidad y literalidad.

Esta movilizaci¨®n tambi¨¦n ha permitido que se difundan r¨¢pidamente los casos de abusos, evitando la impunidad de los agentes que sancionan, y que los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como privados (como Amnist¨ªa Internacional), tengan esta ley siempre en su radar y regularmente denuncien su cariz autoritario.

Tambi¨¦n provoca otras desgracias de las que no se habla tanto y que deber¨ªan tener una respuesta a trav¨¦s de unas pol¨ªticas sociales reales, no en un catalogo de sanciones como por ejemplo, legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares. Por lo que genera efectos muy negativos y excluyentes para sectores ya empobrecidos o marginados de los que no nos podemos olvidar.

?C¨®mo acab¨® el caso de los titiriteros?

Por ahora nos ha dejado un sabor agridulce. Por un lado la Audiencia Nacional ha considerado que los hechos no constituyen delito de enaltecimiento del terrorismo, algo que era evidente desde el primer minuto pero que ha costado cinco d¨ªas de prisi¨®n a los artistas. Pero por otro, ha derivado el caso a los Tribunales de Madrid, los ordinarios, por si pudiera ser un delito de incitaci¨®n al odio, dado que ten¨ªa escenas de violencia contra un polic¨ªa, un juez o una monja. Hemos recurrido esta decisi¨®n porque consideramos que esas escenas no pueden ser constitutivas de delito.

El acto de apoyo a los titiriteros celebrado en el Teatro del Barrio, organizado por P¨²blico y CTXT, se sald¨® con una denuncia por parte de una asociaci¨®n contra los actores Alberto San Juan y Gloria Mu?oz por representar de nuevo la obra, aunque Fiscal¨ªa decidi¨® que en este caso no hab¨ªa delito y no les acus¨®, lo que no deja de ser una pirueta argumental, porque la obra era exactamente la misma que la original. Acusarles hubiera generado, casi seguro, una oleada de representaciones de la obra por todo el pa¨ªs en defensa de la libertad de expresi¨®n y creaci¨®n art¨ªstica, y a ver c¨®mo lidiaba la Fiscal¨ªa con cientos de personas imputadas.

Muchas veces el t¨®pico asocia a las facultades de Derecho y al ejercicio de la abogac¨ªa como propios de personas conservadoras. ?Est¨¢is en minor¨ªa los abogados progresistas?

Sin duda. La abogac¨ªa exige cierto nivel de formaci¨®n, adem¨¢s de un grado universitario, no accesible para todo el mundo. Y al relacionarse con frecuencia con otros estamentos conservadores (notar¨ªas, jueces, altos funcionarios, etc) ese perfil tradicional se perpet¨²a. Muchos de nuestros "colegas" ejercen la profesi¨®n sin preguntarse por las consecuencias de sus actos o, simplemente, sin complicarse la vida discutiendo con polic¨ªas, registradores, fiscales o jueces. Con todo, siempre ha habido y siempre habr¨¢ abogadas y abogados que han dado un paso m¨¢s all¨¢ de la mera ley para denunciar las desigualdades, las relaciones injustas y los abusos de poder. Un abogado uruguayo, Eduardo Couture, dec¨ªa: ¡°Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el d¨ªa que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha siempre por la Justicia.¡± Y en esas estamos: entre la defensa de la aplicaci¨®n de una ley y la defensa de la desobediencia civil para obtener una ley mejor.

?Es la justicia igual para todos?

En absoluto. Es incomprensible que llevarte una manzana de un centro comercial sea delito pero defraudar 120.000 euros cada a?o no lo sea. O que vivir en una casa vac¨ªa lo sea mientras que mentir descaradamente al hacer las cuentas anuales de una entidad financiera y llevarla a la ruina no. Adem¨¢s, en los ¨²ltimos a?os ha habido modificaciones para favorecer a las partes en posici¨®n de poder: acelerar los procesos penales sin incrementar el presupuesto, con lo cual las causas m¨¢s complejas de corrupci¨®n quedan sin investigar; permitir despidos de trabajadores por razones econ¨®micas aunque la empresa tenga beneficios; introducir la cadena perpetua y descartar la reinserci¨®n de las personas presas vinculando los beneficios penitenciarios con su capacidad econ¨®mica, eximir de responsabilidad a las empresas que cometen delitos, no dar garant¨ªas a las personas desahuciadas en los procedimientos de ejecuci¨®n hipotecaria pero s¨ª a las entidades financieras...

?Existe una verdadera libertad de expresi¨®n?

Cada vez menos, porque la dureza de los castigos provocan un efecto disuasorio entre la ciudadan¨ªa. Una opini¨®n desinformada, sesgada o incluso hiriente no debe combatirse con la c¨¢rcel sino con una opini¨®n contraria formada y sensible que la desmonte y la silencie. Las democracias se han formado precisamente gracias a personas en su momento condenadas por opinar distinto al poder de turno, ya fueran transgresores, revolucionarios o simplemente polemistas indeseables; y nuestras democracias siguen construy¨¦ndose d¨ªa a d¨ªa gracias a los flujos de informaciones y opiniones que cuestionan nuestra sociedad y nuestros valores. Considerar delito opiniones que ofenden o ensalzan a colectivos o personas, o que cuestionan la intachabilidad moral de nuestras instituciones implica pensar que nuestra democracia ha alcanzado su cenit de perfecci¨®n y no necesita m¨¢s mejoras, que todas esas cr¨ªticas, serias o humor¨ªsticas, son innecesarias, porque no hay opiniones mejores que las del Estado ni profesionales mejores que los actuales. Pero a¨²n queda mucho Estado social y de derecho que construir, y nuestras tasas de pobreza, de personas presas, de personas desahuciadas, de menores extranjeros en riesgo, de mujeres v¨ªctimas de la violencia machista, de condenas a Espa?a en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son pruebas de ello.