Artur Mas y el juez cat¨®lico

¡°Se me condena por ser cat¨®lico¡±, clamaba el juez de Murcia Fernando Ferr¨ªn Calamita tras conocer su condena por el Tribunal Supremo a diez a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n al impedir la aplicaci¨®n de la ley de adopci¨®n a dos mujeres casadas. ¡°Este es un juicio pol¨ªtico¡±, a?ad¨ªa el juez condenado. Calamita hab¨ªa retrasado m¨¢s de seis meses el tr¨¢mite de adopci¨®n de una menor por parte de la esposa de la madre biol¨®gica de la peque?a porque la adoptante ¡°era una mujer casada con otra mujer¡±. El Supremo quintuplicaba as¨ª la condena impuesta en el 2009 a Calamita por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que no lo hab¨ªa condenado por prevaricaci¨®n sino por ¡°retardo malicioso¡± con el agravante de ¡°desprecio de la orientaci¨®n sexual¡±.

Sin entrar en juicios de valor sobre los motivos que le llevaron a prevaricar, lo que est¨¢ claro es que Calamita no fue condenado por su fe cat¨®lica ni por ninguna otra consideraci¨®n de car¨¢cter moral o pol¨ªtico, sino por no atenerse en el desempe?o de sus funciones a lo que establece el C¨®digo Civil sobre la adopci¨®n por parejas del mismo sexo. Como representante de uno de los tres poderes del Estado, un juez est¨¢ obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, por muy injusta que le parezca o por muy contraria que sea a sus convicciones morales, exactamente igual que los representantes de los otros dos poderes del Estado. Lo contrario supone la quiebra del principio de legalidad que deber regir la funci¨®n p¨²blica, y la legitimaci¨®n de la ley de la selva, es decir, del estado de naturaleza en el que cada hombre es juez de su propia causa y puede, por tanto, hacer lo que le d¨¦ la real gana.

El razonamiento de Calamita, que atribuye su inhabilitaci¨®n a su condici¨®n de cat¨®lico y se presenta como v¨ªctima de un juicio pol¨ªtico, reaparece ahora con la reacci¨®n del expresidente de la Generalitat Artur Mas ante el escrito de la Fiscal¨ªa que pide para ¨¦l 10 a?os de inhabilitaci¨®n por los delitos de desobediencia y prevaricaci¨®n con motivo de la consulta independentista del 9-N. Al igual que Calamita desatendiendo los art¨ªculos del C¨®digo Civil que no le convencen, Mas pretendi¨® situarse por encima de la ley al desatender la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional (TC) que le imped¨ªa llevar a cabo la consulta. Aunque en su d¨ªa el propio Mas declar¨®, ufano, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que ¨¦l era ¡°el ¨²nico responsable¡± del 9-N, ahora, tras conocer la petici¨®n de la Fiscal¨ªa, Mas recupera la l¨®gica Calamita y dice que para ¨¦l ¡°es un honor ser procesado por los poderes espa?oles por poner las urnas¡±. Dice que lo ¨²nico que ha hecho es ¡°dar la voz al pueblo¡± y, al igual que Calamita, afirma que el suyo es ¡°un juicio pol¨ªtico¡±. Pero ¨¦l no est¨¢ procesado ni por poner las urnas ni por dar la voz al pueblo, sino por dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta desobedeciendo al TC. Dura lex, sed lex.

Mas se escuda en un supuesto mandato democr¨¢tico, pero soslaya que ese mandato no puede ser tal, en la medida en que el Parlamento catal¨¢n no tiene competencia para convocar consultas sobre esa materia, y en un Estado democr¨¢tico de Derecho un mandato que no tiene cobertura legal puede ser cualquier cosa menos un mandato democr¨¢tico. Tampoco las multitudinarias manifestaciones independentistas de los ¨²ltimos a?os en Barcelona a las que tanto apela Mas justifican su decisi¨®n de desobedecer al TC, de la misma manera que las manifestaciones masivas que en su d¨ªa tuvieron lugar en Madrid en contra de la ley de matrimonio homosexual no facultaban a Calamita para arrumbar una ley perfectamente constitucional.

Dec¨ªa Karl Popper que ¡°la democracia consiste en poner bajo control al poder pol¨ªtico¡±. Esa es la esencia de la democracia liberal, asentada en un sistema de controles y contrapesos rec¨ªprocos orientados a asegurar los derechos y libertades individuales y a evitar el abuso de poder, ya sea por un ejercicio desp¨®tico de las funciones propias o por arrogarse funciones ajenas. Ya lo advirti¨® James Madison en uno de sus art¨ªculos de El Federalista: ¡°Si los ¨¢ngeles gobernaran a los hombres, no ser¨ªa necesario ning¨²n control externo ni interno sobre el gobierno. Al enmarcar un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad reside aqu¨ª: debes primero permitir al gobierno controlar a los gobernados y despu¨¦s obligarle a controlarse a s¨ª mismo. Una dependencia del pueblo es, sin duda, el control principal del gobierno, pero la experiencia ha ense?ado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares¡±. Esta idea de Madison est¨¢ en la base del control rec¨ªproco entre poderes y del control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del Gobierno.

Aceptar la pretensi¨®n de ciertos representantes de los poderes del Estado de erigirse en jueces de su propia causa, determinando a su antojo qu¨¦ leyes o resoluciones judiciales les son aplicables y cu¨¢les no a ellos y a sus afines, supondr¨ªa asumir que, por imperativo categ¨®rico, todo el mundo tiene el mismo derecho que ellos a tomarse la justicia por su mano. La destrucci¨®n del Estado democr¨¢tico de Derecho, ni m¨¢s ni menos.

Ignacio Mart¨ªn Blanco es periodista y polit¨®logo.