Un plan estrat¨¦gico para Espa?a

La pol¨ªtica es un espacio p¨²blico abierto que no requiere de titulaciones. El soporte t¨¦cnico de la pol¨ªtica lo aportan las administraciones p¨²blicas servidas por los varios y bien preparados cuerpos funcionariales, que deben desempe?ar su labor de manera profesional y as¨¦ptica. Este libre acceso a la pol¨ªtica se ha confundido habitualmente con la permisividad hacia la ineficiencia de los Gobiernos y de la oposici¨®n, la impunidad ante el incumplimiento de los compromisos electorales y la irresponsabilidad frente a errores materiales y ¨¦ticos. De ah¨ª que muchos ciudadanos comiencen a preguntarse si en la pol¨ªtica y, espec¨ªficamente, en el desempe?o de los distintos roles que en ella se desenvuelven, no habr¨ªa que establecer objetivos y alguna forma de evaluarlos. O en otras palabras, si la gesti¨®n empresarial no podr¨ªa tambi¨¦n inspirar la de los intereses comunes por parte de los representantes p¨²blicos. En definitiva, si el futuro de nuestro pa¨ªs, en sus distintas vertientes, no deber¨ªa estar sometido a una especie de gran plan estrat¨¦gico que, adem¨¢s de fijar logros, establezca los m¨¦todos para conseguirlos.

Despu¨¦s del largo per¨ªodo de incertidumbres que hemos vivido ¡ªy del que a¨²n no hemos salido¡ª los retos del pa¨ªs, esos objetivos compartidos, parecen claros en su formulaci¨®n, aunque sean dif¨ªciles de conseguir. Es evidente que lo acontecido desde el pasado 20 de diciembre de 2015, en combinaci¨®n con la permanente tensi¨®n secesionista en Catalu?a, aconsejar¨ªa, con cautela pero con decisi¨®n, una revisi¨®n de la Constituci¨®n de 1978 para evitar, tambi¨¦n, algunos maximalismos ideol¨®gicos y generacionales que proponen como alternativa un proceso constituyente. Las serias disfunciones que hemos contemplado y la conveniencia de revisar nuestra articulaci¨®n territorial no solo aconsejan la reforma constitucional, sino que est¨¢ siendo insistentemente indicada por constitucionalistas y analistas, sin embargo deso¨ªdos sistem¨¢ticamente por los principales partidos pol¨ªticos, algunos de los cuales se manifiestan t¨ªmidamente inclinados a estudiar iniciativas renovadoras. Una legislatura como la que se adivina ¡ªcon un Gobierno en minor¨ªa y un protagonismo excepcional e in¨¦dito del Congreso¡ª es la id¨®nea para, en el equilibrio de fuerzas existentes, reiterar, d¨¦cadas despu¨¦s, el gran consenso de 1978. Objetivo claro: mejora de nuestra Carta Magna; y procedimiento evidente: inevitable consenso en un nuevo modelo pluripartidista en Espa?a.

La sostenibilidad del Estado del Bienestar ¡ªsanidad, educaci¨®n, prestaciones sociales, pensiones, dependencia¡ª requiere un pacto simult¨¢neo o paralelo al de la renovaci¨®n constitucional e implica necesariamente un acuerdo de gran envergadura. Las prestaciones p¨²blicas del Estado no responden ya a pol¨ªticas partidarias. Uno de los grandes logros de la socialdemocracia ¡ªy a la vez uno de sus factores de crisis¡ª consiste en haber universalizado en el espectro ideol¨®gico el esencial papel redistribuidor y proveedor de prestaciones sociales del Estado. La crisis ha debilitado esta funci¨®n estatal, ha impuesto recortes y no ha logrado establecer mecanismos eficientes para evitar que, contradictoriamente, haya aumentado la brecha de la desigualdad y desprotegido a las clases m¨¢s vulnerables, a la vez que mermado las expectativas de las clases medias. La recuperaci¨®n del papel del Estado, incluso de las medidas de liberalizaci¨®n que dinamizar¨ªan nuestra econom¨ªa, vuelve a ser una claro objetivo com¨²n que s¨®lo se lograr¨¢ con un consenso transversal, m¨¢s factible ahora que antes dada la diversidad de fuerzas pol¨ªticas parlamentarias que convergen en esta aspiraci¨®n. El Gobierno del Parlamento ¡ªpor la minor¨ªa en que est¨¢ el Ejecutivo¡ª ampara con m¨¢s probabilidad abordar este objetivo.

El papel de Espa?a en la Uni¨®n Europea, en Am¨¦rica Latina y con relaci¨®n a Estados Unidos, as¨ª como su proyecci¨®n futura sobre los mercados asi¨¢ticos, ser¨ªa el tercer gran consenso sobre el que debe trabajarse. La combinaci¨®n de la crisis econ¨®mica con la institucional y el largo per¨ªodo de interinidad del sistema pol¨ªtico espa?ol, han erosionado la presencia espa?ola en el exterior. No es un exceso sostener que el menor protagonismo espa?ol en la pol¨ªtica internacional no resulta coherente ni con la dimensi¨®n econ¨®mica y cultural de Espa?a ni con las capacidades de nuestro pa¨ªs, que ha consolidado un ejemplar proceso de internacionalizaci¨®n de nuestras empresas en los sectores m¨¢s punteros ¡ªfinanciero, energ¨¦tico, gestor de infraestructuras¡ª y que dispone del potencial de un idioma hablado por m¨¢s de 500 millones de ciudadanos, 40 millones de ellos en los Estados Unidos. La pol¨ªtica exterior nacional, entendida en su m¨¢s amplia acepci¨®n, rebasa la estricta de un Gobierno y debe ser de Estado, y, por lo tanto, permanente y sostenida en el tiempo.

La XII legislatura es una oportunidad para que la clase pol¨ªtica recupere la confianza perdida

Frente a los que estiman que la XII legislatura ser¨¢ un tiempo basura, mero proleg¨®meno de una nueva convocatoria electoral, hay que hacer de la necesidad virtud y extraer de una correlaci¨®n de fuerzas parlamentarias sin precedentes en la democracia espa?ola la oportunidad de trabajar por unos objetivos estrat¨¦gicos, que requieren una transversalidad de la que extraer¨ªan su fortaleza y permanencia. Ese esfuerzo de consenso, adem¨¢s, resultar¨ªa especialmente indicado para que la clase pol¨ªtica espa?ola recuperase una confianza que ha perdido ¡ªcomo en otros pa¨ªses occidentales¡ª, evit¨¢ndose as¨ª esa quiebra de sinton¨ªa que ha favorecido la aparici¨®n de fen¨®menos democr¨¢ticamente regresivos y de liderazgos populistas que se definen por proponer soluciones sencillas a problemas complejos, utilizando para ello los peores recursos demag¨®gicos.

Se trata, en definitiva, de rentabilizar un tiempo pol¨ªtico, diferente a todos los anteriores, que est¨¢ siendo contemplado con escepticismo cuando se dan las condiciones de plural equilibrio ¨Cse acabaron las mayor¨ªas absolutas- para obtener logros compartidos que eleven el com¨²n denominador de los partidos y a¨²nen a los ciudadanos en el aprecio de la democracia, no solo por los derechos y libertades que granjea, sino tambi¨¦n por la eficiencia en la gesti¨®n de los intereses materiales comunes.

Jos¨¦ Antonio Llorente es socio fundador y presidente de Llorente & Cuenca.