Derecho a la tierra: garant¨ªa para una paz duradera

A pesar de los avances en el proceso de paz, la ley del m¨¢s fuerte sigue imperando en buena parte del medio rural colombiano. Campesinos e ind¨ªgenas contin¨²an sufriendo asesinatos, amenazas e intimidaciones por parte de grupos con intereses terratenientes.

Sin embargo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sostuvo recientemente que los paramilitares no existen en Colombia, afirmaci¨®n duramente criticada por los movimientos sociales, que informan de m¨²ltiples acciones atribuidas en todo el pa¨ªs a estos grupos. Si no existen los paramilitares, nos preguntamos, ?qui¨¦n est¨¢ asesinando a los l¨ªderes sociales? Esta situaci¨®n se vive con gran preocupaci¨®n en la Corporaci¨®n Claretiana Norman P¨¦rez y en tantas otras organizaciones que trabajan junto a las comunidades.

El hist¨®rico problema de la tierra en Colombia

El hist¨®rico acaparamiento de las tierras productivas en pocas manos implica que ind¨ªgenas y campesinos humildes sean despojados de los territorios que habitan desde tiempos ancestrales. Y, al ser apartados de sus tierras, su territorio de vida se ve reducido. En el caso de los ind¨ªgenas, es bueno insistir en que no suelen hablar de tierra sino de territorio, ya que su sentido es m¨¢s amplio y decisivo. El territorio es donde est¨¢ todo, donde est¨¢ su ser, su cultura, su conexi¨®n con la vida.

En los llanos, las tierras han sido cercadas por personas con grandes intereses ganaderos y agroindustriales. Estos cercamientos, que contin¨²an produci¨¦ndose, est¨¢n en la ra¨ªz del conflicto armado en Colombia y de algunas de sus graves consecuencias: 10 millones de hect¨¢reas usurpadas a sus leg¨ªtimos due?os, 8 millones de desplazados, 70.000 desaparecidos¡­

En este sentido, la actuaci¨®n del Estado es decepcionante. Desde 2012 existe una ley de v¨ªctimas y restituci¨®n de tierras para devolver terrenos a las personas que fueron despojadas. Pues bien, del mill¨®n de hect¨¢reas que se fij¨® como objetivo para 2016, solo se han alcanzado 100.000. Por otro lado, el gobierno aprob¨® la ley de Zidres (Zonas de Inter¨¦s de Desarrollo Rural Econ¨®mico y Social), que en nuestra opini¨®n contradice los acuerdos de La Habana en los que el gobierno se comprometi¨® a asegurar el acceso a la tierra a v¨ªctimas del conflicto, campesinos e ind¨ªgenas. Dicha ley otorga derechos a conglomerados econ¨®micos que podr¨¢n acaparar tierras bald¨ªas que debieran ser para la superaci¨®n de la pobreza.

Esto demuestra que no hay una voluntad pol¨ªtica clara. El Estado no est¨¢ garantizando a ind¨ªgenas y campesinos el derecho a vivir dignamente en su territorio. No pretendemos decir que esto sea imposible y, de hecho, creemos que es posible, pero requiere de un cambio claro en la actitud del Estado. Asimismo, se necesita que la Comunidad Internacional est¨¦ atenta para que los recursos no sean monopolizados por grandes empresas y terratenientes, dejando solo las migajas a los pobres. Hacemos un llamado a vigilar la implementaci¨®n de los acuerdos, el acceso a la tierra y el respeto a una peque?a y mediana agricultura que asegure un desarrollo realmente sostenible.

N¨®madas aprendiendo a cultivar

La situaci¨®n es particularmente dif¨ªcil para los pueblos semin¨®madas que han visto reducido su territorio a consecuencia del conflicto, la intervenci¨®n de las multinacionales y el acaparamiento de tierras. Al no poder desplazarse por los llanos o las selvas, como hac¨ªan ancestralmente, su acceso al alimento se ve seriamente amenazado. La selva antes era capaz de dar a las familias todo el alimento que necesitaban (y les sobraba). Pero ahora, con la reducci¨®n del territorio, con los megacultivos, con la ambici¨®n del hombre blanco, como ellos dicen, la tierra se empeque?ece y los alimentos no alcanzan.

Es el caso de los ind¨ªgenas Wa¨¹pijiwi y Yamaleros del Resguardo de Ca?o Mochuelo, en el departamento de Casanare (Orinoqu¨ªa), donde la Corporaci¨®n Claretiana tiene un proyecto financiado por Manos Unidas, mediante el cual apoyamos a estas comunidades en el ¨¢mbito de la soberan¨ªa alimentaria y del fortalecimiento organizativo para que sean ellas mismas las que defiendan activamente sus derechos.

A pesar de que no ten¨ªan una pr¨¢ctica agr¨ªcola consolidada, gracias a la formaci¨®n aportada por el proyecto las comunidades cultivan y cosechan ya varios productos de forma aut¨®noma. Pero esta autonom¨ªa sigue estrechamente ligada al derecho de los pobladores a la tierra, a que no sea invadida por intereses multinacionales o nacionales, a que se respete su cultura y que no sufran ning¨²n acto de violencia. Aqu¨ª se percibe la total interdependencia entre la supervivencia material y cultural, la soberan¨ªa alimentaria y la lucha de estas comunidades en defensa de sus derechos.

Los ind¨ªgenas de esta regi¨®n tienen una pr¨¢ctica llamada wakena: cuando traen la comida ¨Cun animal que hayan cazado, por ejemplo-, lo comparten en una fiesta; est¨¢n felices. Y lo que se celebra es el propio compartir, la alegr¨ªa del compartir. Eso es la wakena. Vemos algo de este sentimiento en las personas solidarias que se movilizan por las poblaciones m¨¢s desfavorecidas; personas que se conmueven y se comprometen por algo m¨¢s all¨¢ de s¨ª mismas. Podr¨ªamos aprender mucho de la wakena¡­ Ser¨ªa, sin duda, una buena senda para acabar con la codicia y la violencia en Colombia, y una inspiraci¨®n para defender de manera firme el derecho al territorio por parte de las comunidades que lo habitan.

Aprovechemos esta oportunidad hist¨®rica para evitar que se vuelvan a generar violencias en el futuro y para que definitivamente los campesinos y los ind¨ªgenas tengan derecho a la tierra.

Jaime Absal¨®n Le¨®n es coordinador de la Corporaci¨®n Claretiana Norman P¨¦rez Bello, organizaci¨®n social que acompa?a a ind¨ªgenas y campesinos en el impulso de sus comunidades, la defensa de sus derechos y la denuncia p¨²blica de abusos por parte de los intereses terratenientes.