Transporte competitivo

El recurso de la Comisi¨®n de Mercados y Competencia (CNMC) contra el decreto que regula el sistema de licencias de los Veh¨ªculos de Alquiler con Conductor (VTC) es una prueba m¨¢s de que la econom¨ªa colaborativa en el transporte carece de una regulaci¨®n legal cre¨ªble y eficaz. El decreto recurrido impon¨ªa limitaciones (una licencia de VTC por cada tres de taxi, prestar el servicio con reserva previa, no captar clientes en la calle) que resultan discriminatorias respecto al taxi; por tanto, vulnera un principio elemental de competencia y es muy probable que el Tribunal Supremo acepte la reclamaci¨®n de la CNMC.

La regulaci¨®n de los VTC no est¨¢ bien enfocada. El problema de los nuevos servicios de transporte urbano, que ampl¨ªan la oferta, reducen los precios y ofrecen tecnolog¨ªas (aplicaciones) que facilitan la vida a los consumidores, radica en que se amparan bajo el paraguas de plataformas, como Uber y Cabify, sobre las que pesa la sospecha de que no pagan los impuestos en Espa?a. Pero ese problema no se resuelve imponiendo restricciones a las licencias, sino aplicando una legislaci¨®n que garantice una fiscalidad igual a la de los taxis, pagadera en Espa?a, y costes de licencias iguales en ambos segmentos del mercado. Y, c¨®mo no, una regulaci¨®n transparente de las relaciones entre las plataformas y sus agentes que garantice una competencia leal.

Las Administraciones p¨²blicas, temerosas tanto de las consecuencias de la liberalizaci¨®n como de ver reducida su recaudaci¨®n fiscal, han optado por restringir la actividad de las plataformas y con ello la oferta de transporte, en perjuicio de los usuarios. Y no se trata de mirar hacia otro lado. Es hora de que la econom¨ªa colaborativa se regule en serio. Hay que verificar cu¨¢ntos impuestos pagan las plataformas y d¨®nde los pagan; continuar con normas que impidan el mercado negro de cualquier tipo de licencias y concluir con una legislaci¨®n que no mutile la competencia.