La polic¨ªa pol¨ªtica del PP

Tras cuatro meses de trabajo, la comisi¨®n del Congreso dedicada a investigar las irregularidades del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz ha aprobado unas conclusiones tan demoledoras como preocupantes.

Es cierto que no ha brillado por la calidad de su trabajo, se?alando as¨ª lo lejos que todav¨ªa est¨¢ nuestro Parlamento de ejercer la funci¨®n de fiscalizaci¨®n del poder con la ejemplaridad que debiera. Con todo, pocos hechos cabe imaginar tan graves en una democracia como la constataci¨®n parlamentaria de que los responsables del Ministerio del Interior utilizaron a la polic¨ªa tanto para obstaculizar las investigaciones de corrupci¨®n que afectaban al partido del Gobierno como para perseguir a sus opositores pol¨ªticos con informes falsos y pruebas fabricadas.

Cuando se dice que en un Estado de derecho nadie est¨¢ por encima de la ley y que los poderes p¨²blicos est¨¢n sometidos a ella, no se formula una frase vac¨ªa de contenido sino que se se?ala aquello que constituye el n¨²cleo central de una democracia y sin la cual esta no puede funcionar. El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es hacer cumplir la ley, proteger a los ciudadanos y salvaguardar sus derechos fundamentales, no perseguir a los adversarios pol¨ªticos y blindar al poder del escrutinio de la justicia, el Parlamento o la opini¨®n p¨²blica.

La salida del Gobierno y de la direcci¨®n de la polic¨ªa de los responsables de estas actuaciones salda solo en parte las responsabilidades pol¨ªticas por unos hechos tan graves. Al Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, y al partido que lo sostiene deber¨ªan preocuparle m¨¢s que a nadie estas pr¨¢cticas tan da?inas para la salud democr¨¢tica de nuestro pa¨ªs. Nada hemos escuchado hasta ahora, sin embargo, que indique que reconoce y asume que aquellos hechos son condenables y, por tanto, que no se repetir¨¢n.