Antigua y Barbuda y el ¡®caso Odebrecht¡¯

[El pasado 28 de julio, EL PA?S public¨® un reportaje relativo a una entrevista con Rodrigo Tacla, un abogado que trabaj¨® para la empresa internacional de construcci¨®n radicada en Brasil Odebrecht, quien se enfrenta en Espa?a a un juicio acusado de delitos por soborno y corrupci¨®n. En 2016, Odebrecht admiti¨® haber pagado cientos de millones de d¨®lares en sobornos a funcionarios del Gobierno de Brasil y de otros pa¨ªses donde hab¨ªa estado desarrollando su actividad.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci¨® que Odebrecht hab¨ªa aceptado pagar 2.600 millones de d¨®lares en concepto de multa penal.

En el curso de su entrevista con EL PA?S, Tacla se?al¨® que en enero de 2016 Odebrecht hab¨ªa pagado tres millones de euros a Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, como soborno a cambio de que no se diera determinada informaci¨®n solicitada por las autoridades brasile?as.

El se?or Tacla no aporta ninguna prueba que respalde esta grave e infundada imputaci¨®n, siendo la misma categ¨®ricamente negada y rechazada por el se?or Browne]:

Nunca he conocido al se?or Tacla, ni he asistido o he tenido conocimiento de reuni¨®n alguna entre funcionarios de mi Gobierno y representantes de Odebrecht. No he recibido dinero alguno, ya sea como soborno o de otro modo, directa o indirectamente, de Odebrecht, ni he autorizado o tenido conocimiento de ninguna actividad ilegal en relaci¨®n con los asuntos por los que se le pregunta al se?or Tacla en su entrevista.

Antigua y Barbuda es parte en la Convenci¨®n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de 1992, al igual que Brasil y que Estados Unidos. De acuerdo con esta convenci¨®n, cualesquiera solicitudes recibidas de funcionarios extranjeros competentes para conocer de una investigaci¨®n se presentan ante el fiscal general quien, siempre que dichas solicitudes se hallen debidamente cumplimentadas, las remite sistem¨¢ticamente a las correspondientes autoridades independientes de investigaci¨®n y orden p¨²blico, a fin de que insten las acciones que consideren oportunas. La asistencia puede denegarse en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, si se considera que la solicitud se refiere a un delito pol¨ªtico o a un delito com¨²n perseguido por razones pol¨ªticas.

Constitucionalmente, en Antigua y Barbuda hay claros l¨ªmites definidos en lo que se refiere a la separaci¨®n de poderes entre el Gobierno, las autoridades de orden p¨²blico y los tribunales. Si el fiscal general decidiera denegar una solicitud por su naturaleza pol¨ªtica, su decisi¨®n podr¨ªa ser impugnada ante los tribunales. En cualquier caso, como primer ministro, no tengo posibilidad de intervenir en ese proceso, ni lo he hecho nunca.

A mediados de 2015, las autoridades brasile?as presentaron una solicitud al fiscal general de Antigua y Barbuda en relaci¨®n con sus investigaciones sobre las actividades de Odebrecht. Habiendo constatado que la solicitud estaba debidamente cumplimentada, el fiscal general la remiti¨® a las autoridades de investigaci¨®n competentes de Antigua y Barbuda, las cuales desde julio de 2015 en adelante han venido cumpliendo escrupulosa y debidamente con el env¨ªo a las autoridades brasile?as de toda la informaci¨®n solicitada.

Este proceso comenz¨® con al menos seis meses de antelaci¨®n a la fecha en que, seg¨²n la declaraci¨®n del se?or Tacla, supuestamente me fue pagado un soborno para asegurar que las autoridades de Antigua y Barbuda no proporcionaran informaci¨®n alguna a Brasil relativa a la investigaci¨®n a la que estaba siendo sometida Odebrecht.

Por consiguiente, la acusaci¨®n formulada contra m¨ª por el se?or Tacla no solamente resulta falsa, sino que existen pruebas que permiten demostrar que lo es.¡ª Gaston Browne. Primer ministro de Antigua y Barbuda.