La dignidad de Catalu?a

Frente al enorme desaf¨ªo lanzado por el bloque independentista al aprobar la ley y el decreto de convocatoria de un refer¨¦ndum secesionista ilegal, antiestatutario y anticonstitucional, se levant¨® ayer una m¨²ltiple contraofensiva, firme, serena y proporcionada.

Salieron en defensa de la legalidad democr¨¢tica y de los derechos c¨ªvicos de los ciudadanos las principales instituciones del pa¨ªs, el Gobierno, grandes partidos, el sistema judicial: cada uno defendiendo el respeto al Estado de derecho desde su ¨¢mbito competencial.

La actuaci¨®n m¨¢s vibrante ¡ªy m¨¢s dif¨ªcil¡ª fue la de los grupos de oposici¨®n precisamente en el mismo foro donde se fraguaron las ominosas leyes abrogadoras del sistema democr¨¢tico y auton¨®mico: el Parlament. Los diputados de las minor¨ªas defendieron con arrojo los derechos de los ciudadanos al reclamar sus atribuciones para enmendar y mejorar las leyes, frente al recorte de las mismas que propiciaron los secesionistas y la presidenta.

Fueron ellos ¡ªsocialistas, ciutadans, populares y comuneros¡ª quienes mejor reivindicaron la dignidad de Catalu?a y de sus leyes e instituciones, que las normativas del refer¨¦ndum y la de transitoriedad vienen a abolir, al propiciar la cancelaci¨®n de la vigencia del Estatut. Todos se concitaron para reclamar que la ley de transitoriedad en tr¨¢mite deb¨ªa someterse al ente de control y supervisi¨®n, el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, como estipula la normativa y reclam¨® el mi¨¦rcoles el mismo organismo. Y con raz¨®n, porque se trata de una (falsa) Constituci¨®n encubierta. Es, si cabe, m¨¢s grave que la ley del refer¨¦ndum. Aspira no ya a violar el Estatut, el autogobierno y la Constituci¨®n espa?ola, sino directamente a derogarlos.

La actuaci¨®n m¨¢s vibrante ¡ªy m¨¢s dif¨ªcil¡ª fue la de los grupos de oposici¨®n del Parlament

Redactaron p¨¢ginas memorables del mejor parlamentarismo: al recordar que la defensa de la minor¨ªa de hoy beneficia tambi¨¦n a la actual mayor¨ªa, pues alg¨²n d¨ªa dejar¨¢ de serlo; al insistir en que en democracia, forma y contenido son inseparables; en que la democracia empieza en el respeto al reglamento, evitando que se pisotee; al destacar que las garant¨ªas m¨ªnimas son a¨²n m¨¢s esenciales ante la enormidad de una normativa tan grave, y al advertir de que no tolerar¨ªan que se les arrancasen sus derechos y, por tanto, los de sus electores. E imputaron personalmente al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por destruir la legislaci¨®n catalana y por aplaudir a su portavoz, que se mof¨® de las competencias del Consejo de Garant¨ªas.

La potencia pol¨ªtica de esa resistencia interna, aunque no quebr¨® el designio de aprobar lo reprobable, demostr¨® algo trascendental: que el rechazo a las actuaciones ilegales en pro de la separaci¨®n no es exclusivo del Estado entendido como Administraci¨®n central, reputada hostil. No.

El rechazo a las actuaciones ilegales no es exclusivo de la Administraci¨®n central

El Parlament, como segundo ¨®rgano de la entera Generalitat, es parte nodal del Estado espa?ol. Y su representante ordinario en Catalu?a es el president del Govern de la Generalitat, quien viene obligado as¨ª no solo a defender los intereses de los ciudadanos catalanes ¡ªsi bien esa sea su prioridad¡ª, sino tambi¨¦n los de todos los espa?oles. No es pues un litigio entre el Estado y Catalu?a, sino entre el conjunto del Estado y una parte de ¨¦l que lo desaf¨ªa, que rompe la lealtad debida y corroe las normas de convivencia civilizada.

Las otras instituciones del Estado tambi¨¦n iniciaron su respuesta, de forma ¨¢gil, taxativa y proporcionada al envite. El Gobierno, recurriendo al Tribunal Constitucional contra las dos leyes levantiscas. Los l¨ªderes de los principales partidos de la oposici¨®n, Pedro S¨¢nchez y Albert Rivera, ofreciendo su apoyo sin fisuras a la actuaci¨®n del Ejecutivo mediante sendas declaraciones tras las oportunas reuniones con el presidente, Mariano Rajoy (solo fall¨®, ay, uno de los grandes partidos).

Rajoy, compareciendo con una explicaci¨®n mesurada, en la que remarc¨® que las iniciativas secesionistas supon¨ªan el mayor golpe registrado en perjuicio de las instituciones de autogobierno, procur¨® aproximarse a las inquietudes de los catalanes y defendi¨® la estabilidad y continuidad de sus instituciones de autogobierno; sali¨® al paso de las incertidumbres de muchos espa?oles reconociendo que a veces los procedimientos son lentos y volvi¨® a garantizar que la pretensi¨®n de la consulta ilegal no se materializar¨¢. ¡°Har¨¦ todo lo necesario sin renunciar a nada¡±, concluy¨®, una promesa de actuaci¨®n guiada por la proporcionalidad, ese requisito indispensable.

Asimismo, los miembros del Tribunal Constitucional iniciaron su examen de los recursos. La fiscal¨ªa actu¨® judicialmente contra los miembros secesionistas de la Mesa del Parlament y curs¨® ¨®rdenes a los distintos cuerpos policiales para evitar los dispositivos pr¨¢cticos de la consulta antiestatutaria.

Contra lo que suponen algunos secesionistas, el Estado espa?ol, el Estado de derecho, es fuerte. Pero m¨¢s porque se asienta en el consenso y la confianza ciudadana ¡ªtambi¨¦n en Catalu?a¡ª que porque disponga, como dispone, de mecanismos de actuaci¨®n contundentes.