Defender el agua no es un delito

Albertina L¨®pez es una de las activistas hondure?as que desde hace varios meses lidera la lucha de los habitantes de Pajuiles, en el departamento de Atl¨¢ntida, frente al proyecto hidroel¨¦ctrico de la empresa HIDROCEP. ¡°Cuando supe del asesinato de Berta C¨¢ceres y todo lo que sufri¨® por defender el r¨ªo, me toc¨® el coraz¨®n, pero nunca imagin¨¦ que un d¨ªa ser¨ªa yo la que tuviera que iniciar este proceso de lucha por defender el r¨ªo Mezapa¡±, dice. Desde el pasado mes de marzo, a trav¨¦s de dos campamentos permanentes, Albertina y otros pobladores de la zona intentan impedir el acceso de las m¨¢quinas hacia la parte alta de la cordillera Nombre de Dios donde est¨¢ proyectada la construcci¨®n de la hidroel¨¦ctrica.

Desde entonces, la polic¨ªa ha tratado varias veces de desalojar de forma violenta los campamentos; la ¨²ltima ocasi¨®n el pasado 15 de agosto cuando fueron detenidas 6 personas, entre ellas Albertina, quien a pesar de su avanzado estado de gestaci¨®n asegura que no cejar¨¢ en su lucha contra la hidroel¨¦ctrica. Ni los numerosos intentos de desalojo violento ni las amenazas de grupos cercanos a los intereses de la empresa han conseguido de momento doblegar a la poblaci¨®n. Tampoco que el alcalde de una de las localidades afectadas insista en que hubo un s¨ª de la poblaci¨®n al proyecto, un?proceso de elaboraci¨®n de la consulta fraudulento seg¨²n numerosas organizaciones, que han denunciado la manipulaci¨®n de los resultados.

El apoyo jur¨ªdico y acompa?amiento de oeneg¨¦s como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) est¨¢ siendo clave para apoyar la resistencia activa de estas comunidades. El Ministerio P¨²blico ya emiti¨® en 2016 un dictamen sobre el caso de HIDROCEP favorable a las pretensiones de la comunidad, enumerando los probados da?os ambientales asociados al proyecto: el agua que llega a las comunidades no es apta para el consumo humano y alerta tambi¨¦n de peligros de derrumbes y destrucci¨®n de la capa vegetal del suelo.

¡°Defender el agua NO es un delito. Paren la criminalizaci¨®n¡±, anuncian las pancartas de Pajuiles exigiendo al Gobierno que defienda sus derechos al agua y a la vida. Sin embargo, desde que el Partido Nacional llegara al poder en 2010, la sobreexplotaci¨®n de los recursos naturales se ha convertido en una pol¨ªtica de Estado, basada en un desprecio permanente al medioambiente y a los medios de vida de las poblaciones m¨¢s vulnerables. Solo en el caso del departamento de Atl¨¢ntida, situado al norte del pa¨ªs, existen actualmente 24 concesiones para la instalaci¨®n de represas hidroel¨¦ctricas y 100 para explotaci¨®n minera, seg¨²n una reciente investigaci¨®n a cargo del Equipo de Reflexi¨®n, Investigaci¨®n y Comunicaci¨®n Eric-SJ de Honduras.

El partido en el poder recibe importantes contribuciones econ¨®micas por parte de las empresas que tienen concesiones del Estado, algo que intent¨® eliminar sin ¨¦xito la conocida como Ley de Pol¨ªtica Limpia, impulsada por la Misi¨®n de Apoyo contra la Corrupci¨®n y la Impunidad en Honduras (MACCIH) vinculada a la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA). El texto de esta ley fue modificado por una comisi¨®n del Congreso Nacional con posterioridad a su aprobaci¨®n por el pleno de la C¨¢mara, de tal forma que la versi¨®n finalmente publicada en La Gaceta (el BOE de Honduras) y vigente en la actualidad, no incluy¨® la prohibici¨®n de que las empresas concesionarias del Estado financien a partidos pol¨ªticos; en definitiva, las empresas tienen luz verde para seguir financiando al partido actualmente en el Gobierno.

El propietario de HIDROCEP, Jason Hawitt, es un conocido empresario hondure?o de ascendencia ¨¢rabe, cuya familia tiene fuertes v¨ªnculos con el gobernante Partido Nacional, lo que explica la parcialidad con la que las fuerzas de seguridad est¨¢n actuando en este conflicto, en el que la violencia estatal siempre se ha dirigido contra la poblaci¨®n y en defensa de los intereses de la empresa.

Intimidaciones, amenazas, secuestros, coacciones¡­ Seg¨²n el ¨²ltimo informe de Global Witness, Honduras es el pa¨ªs m¨¢s peligroso del mundo para ser activista medioambiental: 122 asesinatos desde 2010. Am¨¦rica Latina es sin duda la regi¨®n m¨¢s peligrosa, donde m¨¢s ambientalistas han sido amenazadas, acosadas, asesinadas y cuyas muertes han quedado impunes.

Albertina L¨®pez se encuentra ahora en libertad con cargos acusada de delitos de da?os y reuniones il¨ªcitas por los que podr¨ªa ser condenada a un m¨¢ximo de 9 a?os de c¨¢rcel. En otro intento de desalojo, otras 18 personas fueron detenidas y acusadas de amenazas, usurpaci¨®n, coacciones y reuniones il¨ªcitas.

?Qui¨¦n garantiza la protecci¨®n de las defensoras de la tierra y el medioambiente? El Gobierno de Honduras incumple claramente con sus obligaciones, como tambi¨¦n lo hacen los inversores extranjeros y las instituciones financieras internacionales que deber¨ªan garantizar que todas las inversiones que se den en el pa¨ªs respeten los derechos humanos de las poblaciones locales.