Carnaval pol¨ªtico en Catalu?a

La primera vez en mi vida que tuve ocasi¨®n de depositar mi voto en una urna fue con ocasi¨®n del refer¨¦ndum que la dictadura franquista organiz¨® en diciembre de 1966 para ratificar la Ley Org¨¢nica del Estado, seg¨²n dio en llamarse el pat¨¦tico intento de institucionalizar el r¨¦gimen en torno a algo que pudiera parecerse a una Constituci¨®n. Como estaba cumpliendo el servicio militar, lo hice vistiendo mi uniforme de soldado raso y siguiendo las ¨®rdenes que hab¨ªa recibido bajo seria amenaza de arresto si no lo hac¨ªa as¨ª. De modo que solicit¨¦ tambi¨¦n en la mesa una certificaci¨®n de que efectivamente hab¨ªa cumplido con mi deber (que no ejercido mi derecho) en aquella ocasi¨®n. Naturalmente vot¨¦ no,sin ninguna esperanza de que sirviera para algo, con lo que me aline¨¦, de acuerdo a los resultados oficiales, con el escaso 1,5% del censo que mostr¨® su repulsa a aquella carnavalada franquista que se organiz¨® con todo cinismo en nombre de la democracia.

D¨ªas antes de la votaci¨®n, un periodista europeo que vino a cubrirla me pregunt¨® entre ingenuo y sarc¨¢stico d¨®nde estaba la oficina del NO, pues pretend¨ªa hacer un reportaje sobre los pros y los contras de la propuesta. ¡°No existe tal oficina ¡ªle respond¨ª¡ª, la ¨²nica propaganda permitida es el S?, que se promueve por los organismos oficiales, mediante el uso de dinero p¨²blico y la masiva utilizaci¨®n de la televisi¨®n del Estado, la ¨²nica existente¡±. En definitiva, a?ad¨ª, la pretendida consulta no era tal, no expresaba la libre voluntad de los espa?oles y acabar¨ªa no sirviendo para nada una vez que el dictador muriera, como as¨ª sucedi¨®.

Las im¨¢genes de aquella ¨¦poca me vienen irremediablemente a la memoria, guardando todas las distancias, que quiz¨¢s no sean tantas en muchos aspectos, con motivo de la votaci¨®n convocada para hoy de manera abiertamente ilegal por el Gobierno aut¨®nomo de Catalu?a. Este y el de Madrid se han enzarzado en una pol¨¦mica de perfiles casi rid¨ªculos si no afectara seriamente a la estabilidad pol¨ªtica espa?ola. Mientras la Generalitat insiste en que habr¨¢ refer¨¦ndum, el presidente Rajoy se ha cansado de decir que no se iba a celebrar. Y ambos podr¨¢n proclamar su victoria al caer la noche. Unos dir¨¢n que pese a las trabas impuestas por los tribunales y la represi¨®n de Madrid, se logr¨® que una masa considerable de ciudadanos se acercara a las urnas o intentara hacerlo: en resumidas cuentas, que la consulta se celebr¨® salvo cuando lo impidi¨® la fuerza p¨²blica. El otro, que no hubo tal refer¨¦ndum porque efectivamente no pod¨ªa haberlo.

El Gobierno tiene que restablecer la legalidad del Estado como la ¨²nica vigente en todo el territorio

La convocatoria de hoy es ilegal no solo porque la ha suspendido el Tribunal Constitucional, habida cuenta de que los referenda en la Constituci¨®n Espa?ola son competencia exclusiva del Gobierno central. Lo es tambi¨¦n porque se convoc¨® vulnerando el Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a y el reglamento de su Parlamento aut¨®nomo; porque no existe Junta ni Sindicatura electoral que garantice y sancione los resultados; no hay censo, ni locales autorizados, ni mesas, ni papeletas oficiales; ninguna legislaci¨®n espa?ola o internacional la amparan y, naturalmente, tampoco ha habido oficina del NO, mientras el Gobierno aut¨®nomo se ha dedicado a promover el S? por todos los medios a su alcance, en vulneraci¨®n consciente de las leyes y con desprecio a los derechos de todos los ciudadanos catalanes.

De todas formas algunos colegios se abrir¨¢n, algunas urnas se llenar¨¢n y desde luego no es previsible que abunden las papeletas negativas, por lo que los independentistas podr¨¢n decir, si quieren, que ha ganado el s¨ª, al margen de cual sea el ¨ªndice de participaci¨®n y aunque la falta de transparencia del proceso sea absoluta. Eso le permitir¨¢ al Govern y al Parlament proclamar la independencia unilateral, o tambi¨¦n podr¨¢n aseverar que lo hacen porque se les impidi¨® represivamente su derecho a votar. Y si no es esta su decisi¨®n ¨²ltima podr¨ªan entonces convocar elecciones auton¨®micas, marcadas desde ya por la ola populista e insurreccional que ellos mismos han desencadenado y que mantiene desde hace d¨ªas movilizaciones populares en muchas ciudades catalanas. Es imposible desconocer que la protesta en la calle supera a todas las previsiones que el Gobierno de Madrid pudiera haber hecho, aunque en realidad parece no haber previsto casi nada en este caso. La torpeza de la fiscal¨ªa, la ausencia de la pol¨ªtica, la incapacidad est¨¢tica del presidente, son tambi¨¦n muy culpables de este monumental desatino, que mezcla independentismo con derecho a decidir, y en el que las gentes se levantan y abarrotan los espacios p¨²blicos con un aire festivo, como si estuvi¨¦ramos en R¨ªo de Janeiro, pero indignadas tambi¨¦n, y con un objetivo previo y diferente a la independencia: acabar con el Gobierno de Rajoy y las pol¨ªticas del Partido Popular.

Suceda lo que suceda, habr¨¢ que dar paso a la negociaci¨®n y el pacto. Ni Puigdemont ni Rajoy podr¨¢n ser interlocutores

El desaf¨ªo independentista no atenta tanto por eso a la posibilidad de una ruptura de la unidad espa?ola, que no se va a producir, como a la estabilidad del proceso pol¨ªtico y econ¨®mico y a la supervivencia misma del actual Estado. Los dirigentes de la Generalitat han instaurado por su cuenta y riesgo, de manera tumultuaria y agitando las emociones y pasiones populares, una legalidad contraria a la del Estado espa?ol. Hoy en Catalu?a coexisten dos legalidades: la democr¨¢tica, que emana de la Constituci¨®n del 78, aprobada por cierto por los ciudadanos catalanes por inmensa mayor¨ªa, y la que trata de instaurar mediante toda serie de amenazas y medidas coactivas, con desprecio a las leyes, a las minor¨ªas pol¨ªticas, a las libertades ciudadanas y a la convivencia entre los espa?oles, la Generalitat de Catalu?a. Necesariamente el Gobierno de Madrid tiene que restablecer la legalidad del Estado como la ¨²nica vigente en todo el territorio nacional si no quiere el presidente Rajoy situarse al frente de un Estado fallido, con todas las consecuencias que eso conllevar¨ªa. Suceda lo que suceda hoy, habr¨¢ que dar paso despu¨¦s a la negociaci¨®n y al pacto. El problema a?adido es que ninguno de los l¨ªderes confrontados, ni Puigdemont ni Rajoy, podr¨¢n ser interlocutores. Lo que no significa que no se empe?en en ello.

La carnavalada independentista, como la franquista del 66, en ning¨²n caso producir¨¢ los efectos deseados por quienes la idearon y promovieron. Ni el r¨¦gimen de Franco sobrevivi¨® a su muerte, ni habr¨¢ independencia en Catalu?a como consecuencia de la consulta, la proclame o no el histri¨®nico Puigdemont. Pero los da?os emergentes, ya muy visibles, ser¨¢n profundos: divisi¨®n y confrontaci¨®n entre los ciudadanos catalanes; desconfianza mutua entre Catalu?a y el resto de Espa?a; crecimiento de la hispanofobia en la comunidad aut¨®noma y deterioro perdurable de la democracia espa?ola si no se atajan cuanto antes el proceso y sus derivadas. Asistiremos, por si fuera poco, a un reverdecer del nacionalismo espa?ol, agitado por la derecha en el poder; a una fragmentaci¨®n de la izquierda, ya muy acusada tras el destrozo interno producido por los actuales dirigentes del PSOE, y a un reforzamiento de las pulsiones conservadoras y centralistas, con perjuicio considerable para el futuro de todo el pa¨ªs. Malas noticias para los espa?oles. Para los europeos en general, tambi¨¦n.

Juan Luis Cebri¨¢n es presidente de EL?PA?S y miembro de la Real Academia Espa?ola. Este art¨ªculo ha sido redactado inicialmente para su publicaci¨®n, hoy, en el diario La Stampa de Tur¨ªn.

El desaf¨ªo independentista catal¨¢n

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