Acuerden el desacuerdo
Para Puigdemont, la independencia es irrenunciable; para Rajoy, inasumible
En 1966 los Estados miembros de las Comunidades Europeas firmaron el Compromiso de Luxemburgo. Con este documento se pon¨ªa fin a una de las crisis m¨¢s importantes de la integraci¨®n europea. La llamada ¡°crisis de la silla vac¨ªa¡± fue protagonizada por Francia al negarse a aceptar las consecuencias que para sus intereses nacionales ten¨ªa la entrada en vigor del voto por mayor¨ªa cualificada en determinadas decisiones del Consejo. Durante seis meses Francia dej¨® de asistir al Consejo hasta que los Estados firmaron un Gentlement¡¯s agreetmenten el que, sin modificar el sistema de votaci¨®n previsto en los tratados, constataron un acuerdo sobre un desacuerdo.
En estos momentos, creo que la cuesti¨®n catalana podr¨ªa encaminarse hacia algo muy parecido a un compromiso, entre Puigdemont y Rajoy, que documente un acuerdo sobre el profundo desacuerdo que mantienen. No es un juego de palabras. Veamos por qu¨¦. La independencia es una aspiraci¨®n pol¨ªtica irrenunciable para Puigdemont. De hecho, no s¨®lo cree en ella, sino que dice tener el mandato de una parte significativa del pueblo catal¨¢n. Para Rajoy una pretensi¨®n de independencia es inasumible por ser un l¨ªmite infranqueable al ejercicio de su responsabilidad institucional como presidente. Si avanzamos en el argumento, no est¨¢ de m¨¢s recordar que el Tribunal Constitucional ha se?alado que la independencia puede formar parte de la agenda pol¨ªtica de un partido y, en consecuencia, tal aspiraci¨®n no es, por s¨ª sola, inconstitucional. Por tanto, el Estado de derecho admite que se pueda hablar sobre la independencia de un territorio. La Constituci¨®n permite, de hecho, que existan programas pol¨ªticos que aspiren a ella y que tales programas sean votados por los ciudadanos. La Constituci¨®n no acepta, sin embargo, que la consecuci¨®n de ese prop¨®sito pol¨ªtico se haga obviando los cauces legales previstos. Violentarlos conlleva responsabilidades penales en el ¨¢mbito personal y quienes as¨ª act¨²an pueden ser objeto de cuantas medidas sean arbitradas en virtud del principio de coerci¨®n federal que nuestra Constituci¨®n establece (art¨ªculo 155).
Si Rajoy y Puigdemont decidieran conducir el asunto catal¨¢n por la v¨ªa del di¨¢logo, ya solo pueden aspirar a acordar su desacuerdo profundo sobre la independencia como objeto de negociaci¨®n y pacto. Una vez confirmado este extremo, quiz¨¢s podr¨ªa abrirse un espacio para ordenar los t¨¦rminos de una negociaci¨®n factible que permita a Catalu?a y Espa?a reencontrarse en un pacto dentro del marco constitucional futuro. Tal negociaci¨®n llevar¨¢ tiempo, probablemente requiera nuevos actores capaces de conducirla a t¨¦rmino con ¨¦xito, antes de someterla a los ciudadanos. Es necesario advertir que, en ning¨²n caso, Catalu?a lograr¨¢ as¨ª la independencia. En el mejor de los supuestos podr¨¢ simplemente revisar su actual autogobierno. Hasta entonces, no ser¨¢ poco lo logrado si en los pr¨®ximos d¨ªas queda espacio para articular un modesto acuerdo sobre el desacuerdo y, a partir de ah¨ª, seguir avanzando por la senda de la legalidad.
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