?Ad¨®nde vamos?

Independientemente de c¨®mo eval¨²e cada uno el auto de la Audiencia que dict¨® prisi¨®n incondicional para los dos principales activistas de la revuelta soberanista, hay ciertos principios democr¨¢ticos a los que todos debemos atenernos.

El principal es que la separaci¨®n de poderes, requisito del Estado de derecho, exige reconocer y respetar la independencia de cada uno de ellos y, por tanto, acatar las resoluciones judiciales. Ello no implica estar siempre de acuerdo ¡ªpor eso las democracias arbitran cauces para recurrir las decisiones de los jueces¡ª. Lo olvidan los independentistas cuando mezclan actuaciones distintas de cada uno de los poderes en un totum revolutum de un Estado presuntamente hostil. A la inversa, otros se atribuyen los dividendos de las acciones de los dem¨¢s poderes.

El secesionismo deber¨ªa evitar la falaz construcci¨®n de un caso general seg¨²n el cual estar¨ªa perseguido por unos poderes dictatoriales coordinados, que tratar¨ªan a Catalu?a como un pa¨ªs sojuzgado para reclamar una secesi¨®n remedial avalada por la comunidad internacional. ?Ya basta de esta burda manipulaci¨®n que tanto est¨¢ perjudicando la imagen exterior de Espa?a! Si los procesados bloquearon o no a la polic¨ªa judicial, apoy¨¢ndose en la muchedumbre por ellos convocada y en presunta comisi¨®n de graves delitos contra el orden p¨²blico, habr¨¢ que dilucidarlo en la escena judicial. En ning¨²n caso, desde luego, estar¨ªamos ante delitos de opini¨®n que les convirtieran, como incre¨ªblemente se?alan Pablo Iglesias y otros, en presos pol¨ªticos. Ya est¨¢ bien de banalizar t¨¦rminos como dictadura, fascismo u opresi¨®n. Espa?a es una democracia, y ¡ªcomo se?ala la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del refer¨¦ndum¡ª es en Catalu?a donde Govern y Parlament han suspendido de facto los derechos democr¨¢ticos de los ciudadanos y puesto en peligro sus libertades.

Dicho esto, el Gobierno no debe esperar que las decisiones judiciales resuelvan los problemas pol¨ªticos presentes. Los jueces deciden sobre delitos. Ni pueden ni deben solucionar problemas pol¨ªticos. Estamos ante una grave crisis del sistema constitucional: falla la convivencia, se quebranta la ley y el poder no es capaz de restaurar el orden constitucional. Aunque sea originariamente causada por el golpe legislativo de un poder auton¨®mico ¡ªmuy bien descrito en la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional¡ª, al ser la autonom¨ªa y la democracia caracter¨ªsticas gemelas e inseparables de la Constituci¨®n de 1978, la fisura de una arriesga con fracturar la otra.

El principal problema que afronta hoy Espa?a es c¨®mo restaurar la legalidad; de qu¨¦ alcance se dota a los instrumentos a emplear para ello; c¨®mo combinar firmeza y ponderaci¨®n; c¨®mo debe ser el escenario inmediato ¡ªy el posterior¡ª al empleo de medidas de reconducci¨®n obligatoria de una comunidad instalada en la desobediencia. Y todo eso es responsabilidad directa del Gobierno. Con el apoyo de las fuerzas pol¨ªticas constitucionalistas espa?olas y catalanas, por supuesto, pero bajo el liderazgo del Gobierno. Sabedores de que el secesionismo propone la ilegalidad, provoca la fuga de empresas y fomenta el caos, ?ad¨®nde quiere conducirnos exactamente el Gobierno? ?Ad¨®nde vamos? ?C¨®mo y para qu¨¦ piensa utilizar el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n? Se?or Rajoy: reclama usted con todo derecho el respaldo que cualquier gobernante democr¨¢tico merece en circunstancias como las actuales, pero d¨ªganos: ?cu¨¢l es su plan? ?C¨®mo piensa sacarnos de esta? No se difumine tras cartas e instituciones. Expl¨ªquese con detalle y claridad. ?C¨®mo, si no, podr¨¢ requerir el m¨¢ximo apoyo de los ciudadanos, indispensable para preservar la democracia?