El proceso despu¨¦s del ¡®proc¨¦s¡¯

Las elecciones del 21-D en Catalu?a pondr¨¢n fin al delirio secesionista que tanto da?o ha hecho a los catalanes. Porque se forme un Gobierno que no comparta esa ideolog¨ªa, o porque lo ocurrido confirma que perseguir una independencia unilateral impuesta contra el resto de los espa?oles, incluyendo la mitad de los catalanes, aunque sea deseable para algunos, no es viable en el mundo moderno. El proc¨¦s ha llevado a la sociedad catalana al desastre y a un callej¨®n sin salida. Pero si el independentismo ha sido una respuesta equivocada lo ha sido a ¡°la cuesti¨®n catalana¡±, un problema de fondo que va a seguir presente a partir del 22-D, marcando nuestro futuro en los pr¨®ximos meses en varios asuntos fundamentales que van a llevarnos a una reforma de la Constituci¨®n (con refer¨¦ndum en toda Espa?a), seguida de un nuevo Estatut de Autonom¨ªa (con refer¨¦ndum solo en Catalu?a). Este pudo ser el camino recorrido por el Parlament de Catalu?a en 2010, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Para resolver la cuesti¨®n catalana, tendremos que volver a debatir sobre qu¨¦ es Espa?a. Algunos cre¨ªamos que este asunto, que tantas energ¨ªas nos ha hecho perder en los ¨²ltimos doscientos a?os, hab¨ªa quedado cerrado con el pacto que represent¨® la Constituci¨®n del 78: Espa?a es una naci¨®n, compuesta de tres realidades distintas como son ¡°nacionalidades y regiones¡±, a las que se incorporan las ¡°nacionalidades hist¨®ricas¡±; que tiene un Estado multinivel al que llamamos ¡°Estado de las autonom¨ªas¡±, pero con una soberan¨ªa ¨²nica que radica en ¡°el pueblo espa?ol¡± que debe asegurar, a la vez, la ¡°indisoluble unidad de la naci¨®n espa?ola¡± y el derecho a la autonom¨ªa de sus partes constitutivas.

Solo con buscar en el diccionario, se entiende que el concepto ¡°nacionalidad¡± al que se refiere el Art¨ªculo 2 equivale, sin duda, a una ¡°naci¨®n sin Estado propio¡±, por lo que el concepto de Espa?a como ¡°naci¨®n de naciones¡±, muy utilizado en la Transici¨®n, es exactamente el recogido por nuestros constituyentes bajo la expresi¨®n ¡°naci¨®n de nacionalidades y regiones¡±, aceptada entonces por el nacionalismo catal¨¢n, entre otras cosas, porque le ha permitido el pleno desarrollo de sus instituciones propias y alcanzar el mayor nivel de autonom¨ªa pol¨ªtica de su historia.

Para resolver la cuesti¨®n catalana tendremos que volver a debatir? sobre qu¨¦ es Espa?a

Intentando resolver el problema planteado porque dos millones de catalanes dicen que, tal y como est¨¢n ahora, prefieren irse de Espa?a, se han propuesto dos reformas constitucionales: la inclusi¨®n, expl¨ªcita, de la palabra ¡°naci¨®n¡± aplicada a Catalu?a (y suponemos Pa¨ªs Vasco y no sabemos si alguna m¨¢s) y la regulaci¨®n de una especie de ¡°derecho a decidir¡±, bajo la f¨®rmula de un refer¨¦ndum ¡°de autodeterminaci¨®n¡± pactado, que tampoco sabemos si se aplicar¨¢ solo a Catalu?a o a quien lo pida. Las dos propuestas introducen cambios radicales en el concepto constitucional de Espa?a, donde la soberan¨ªa es ¨²nica (no hay un sujeto pol¨ªtico soberano que sea el pueblo catal¨¢n o el vasco y eso es lo que hizo fracasar al plan Ibarretxe), la unidad ¡°indivisible¡± y donde el reconocimiento de la diferencia debe de ser compatible con la igualdad de derechos de todos los espa?oles y no puede dar lugar a privilegios. Desde esa perspectiva, los cambios propuestos, o son simplemente nominales (como lo era la inclusi¨®n de la palabra ¡°naci¨®n¡± en el pre¨¢mbulo del Estatut), o abren la puerta a la ruptura legal de la naci¨®n espa?ola y, en todo caso, provocar¨¢n la existencia de dos realidades diferentes de espa?oles, con dos conjuntos distintos de derechos, siendo uno superior al otro. Es decir, ser¨ªa aceptar privilegios, solo al alcance de quienes traducen su leg¨ªtima diferencia, en superioridad jur¨ªdica. Eso, que puede hacerse mediante una disposici¨®n adicional nueva de la Constituci¨®n, tendr¨ªa que ser aceptado en refer¨¦ndum por el conjunto del pueblo espa?ol.

M¨¢s recorrido tiene proceder a una reforma profunda de nuestro modelo auton¨®mico, un salto federal como el planteado en 2004 por el Gobierno del que form¨¦ parte. Incluyendo tres cambios constitucionales: cerrar el modelo auton¨®mico, definir mejor las competencias del Estado central, as¨ª como cambiar las funciones y la composici¨®n del Senado. Adem¨¢s, habr¨ªa que potenciar los mecanismos federales de Gobierno del Estado (Conferencias Sectoriales y Conferencia de Presidentes), articular agencias federales de gesti¨®n de lo com¨²n (impuestos, etc¨¦tera), redefinir la bilateralidad y construir un modelo de financiaci¨®n que evite que las comunidades aut¨®nomas gestionen el 80% del gasto p¨²blico, pero sea el Gobierno central quien controle el 80% de los ingresos. El dictamen que sobre estas propuestas hizo el Consejo de Estado presidido por Rubio Llorente, sigue siendo un buen punto de partida. De ah¨ª, tambi¨¦n sale un nuevo Estatut sometido a refer¨¦ndum en Catalu?a.

Catalu?a ha alcanzado el mayor nivel de autonom¨ªa pol¨ªtica de su historia

La gesti¨®n eficaz de un Estado tan complejo como el nuestro requiere de un intangible fundamental: la lealtad constitucional, la confianza que genera el trabajar juntos no solo sobre ¡°lo tuyo y lo m¨ªo¡±, sino tambi¨¦n sobre lo de ¡°todos¡±, lo que nos une. La huida de lo com¨²n hacia lo particular identitario, sea en forma de soberanismo, o de partitocracia, hace mucho da?o al sistema democr¨¢tico del 78 que nos ha permitido vivir, a pesar de todo, los mejores a?os de nuestra historia. La confrontaci¨®n radical entre los dos grandes partidos nacionales entorno al Estatut de Catalu?a, con Rajoy denunciando ante el Constitucional un texto ya aprobado por el Congreso de los Diputados y por los catalanes en refer¨¦ndum, incluso la profunda divisi¨®n que se produjo entre las fuerzas pol¨ªticas catalanas (ERC no apoy¨® el Estatut) en un elemento esencial como son las normas b¨¢sicas que regulan su autogobierno, nos han conducido al confuso momento actual. Son cosas, pues, que no deben volver a ocurrir.

El consenso no es que todos pensemos igual, sino que desde la defensa de las diferentes alternativas, hay asuntos en los que podemos coincidir y otros que deben negociarse porque constituyen reglas de juego que deben ser estables. Y el acuerdo se alcanza en un lugar o en otro, seg¨²n la capacidad negociadora de cada parte. Este aprendizaje, que nos ha permitido hacer frente al proc¨¦s, nos debe ayudar a poner en marcha el proceso de reformas constitucionales e institucionales que necesitamos para ordenar mejor nuestra convivencia conjunta para, al menos, los pr¨®ximos cuarenta a?os.

Jordi Sevilla es vicepresidente de Llorente y Cuenca. Fue ministro de Administraciones P¨²blicas de 2004 a 2007.