Una buena idea mal dise?ada

Hace unos d¨ªas tuve el honor de comparecer en el Parlamento para valorar una iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestaci¨®n de Ingresos M¨ªnimos (PIM) de la Seguridad Social. Tal como expuse en mi comparecencia, comparto plenamente la motivaci¨®n y los objetivos que persigue la PIM, pero creo que tiene tres importantes problemas de dise?o en cuanto a los incentivos que potencialmente puede pervertir algunos objetivos que persigue, as¨ª como disparar su coste.

Seg¨²n diversos organismos internacionales, Espa?a tiene un importante problema de personas en riesgo de pobreza y, lo que es m¨¢s preocupante, si cabe, tiene una de las tasas de pobreza infantil m¨¢s altas de los pa¨ªses industrializados. Y, por lo tanto, es acertada la necesidad de luchar contra la pobreza, principalmente infantil, ayudando a las personas con graves problemas para encontrar trabajo (principalmente parados de larga duraci¨®n).

El montante de la nueva prestaci¨®n ser¨ªa el 80% del IPREM, unos 5.162 euros anuales. La ley tambi¨¦n contempla un complemento adicional por cada uno de los menores u otros familiares a cargo. Los requisitos para los beneficiarios son los siguientes: 1) ser mayor de 18 y menor de 65 a?os; 2) residir legalmente en territorio espa?ol en los seis meses anteriores; 3) no reunir requisitos para percibir otro tipo de prestaci¨®n, 4) encontrarse inscrito como demandante de empleo (durante al menos 12 meses) y 5) carecer de ¡°recursos econ¨®micos¡±. Este ¨²ltimo requisito implica que la renta per capita del hogar debe ser inferior al 75% del SMI, que en la actualidad ser¨ªa 6.368 euros anuales.

La PIM es incompatible con el trabajo y las ¨²nicas obligaciones de los beneficiarios son participar en pol¨ªticas activas y aceptar empleos propuestos por los servicios p¨²blicos de empleo o las agencias de colocaci¨®n, siempre y cuando se consideren ¡°adecuados¡±. Es f¨¢cil intuir que la propuesta tiene tres importantes fallos de dise?o.

Los ingresos son limitados y tienen un coste de oportunidad; m¨¢s a¨²n en un pa¨ªs que a¨²n no ha resuelto su crisis fiscal y con carencias claras en otros programas del bienestar

En primer lugar, tenemos un problema de incentivos para aceptar ofertas de empleo. Supongamos un beneficiario que recibe una oferta laboral por un salario igual a la cuant¨ªa de la PIM m¨¢s un euro. En este caso, su renta ser¨ªa ¨²nicamente un euro m¨¢s alto si acepta el empleo. Es decir, estar¨ªa trabajando todos los d¨ªas por un euro. Esto es equivalente a un impuesto al trabajo del 99,99%.

En segundo lugar, tenemos un problema con los inactivos que tienen un incentivo muy grande a apuntarse al desempleo para percibir la prestaci¨®n. Imaginemos un hogar formado por una pareja con dos hijos, donde la mujer trabaja y el hombre est¨¢ inactivo (ni trabaja ni busca trabajo). En este caso, si la renta familiar total es inferior a 25.474, activ¨¢ndose el hombre y esperando 12 meses tendr¨ªa derecho a la PIM.

Por ¨²ltimo, las CC?AA tienen la competencia en asistencia social y de hecho todas han implementado programas similares a la PIM. Sin entrar en la constitucionalidad de la propuesta, parece evidente que el incentivo de las CC?AA es dejar al Estado la financiaci¨®n de la PIM, y ellas ocuparse ¨²nicamente de gestionar el gasto, perdiendo la corresponsabilidad fiscal.

Para solucionar estos problemas de dise?o se me ocurren tres enmiendas. En primer lugar, involucrar a las CC?AA en el dise?o, la gesti¨®n y su financiaci¨®n. En segundo lugar, que el trabajador no pierda la PIM si encuentra trabajo, sino que pierda solo un porcentaje de la PIM. Empezar¨ªa siendo una prestaci¨®n para quien no trabaja y no tiene recursos y terminar¨ªa, al menos durante alg¨²n tiempo, siendo un complemento salarial. En tercer lugar, para evitar el efecto llamada de los inactivos y controlar el gasto, al menos en una fase inicial, se podr¨ªa empezar restringiendo el colectivo de beneficiarios a los desempleados que, habiendo trabajado en el pasado, lleven m¨¢s de dos a?os en paro o haya transcurrido m¨¢s de un a?o una vez terminada la prestaci¨®n.

Un mal dise?o de una buena idea puede no solo desvirtualizar la medida, sino tambi¨¦n disparar su coste. Escenarios conservadores apuntan a m¨¢s de 15.000 millones de euros anuales. Y no podemos olvidar que los ingresos no son ilimitados y por lo tanto tienen un coste de oportunidad. Y m¨¢s a¨²n en un pa¨ªs que a¨²n no ha resuelto su crisis fiscal y con carencias claras en otros programas del bienestar, como son la educaci¨®n o la sanidad, desde mi punto de vista, mucho m¨¢s efectivos para los objetivos que persigue la PIM.

Jos¨¦ Ignacio Conde-Ruiz es investigador en FEDEA y profesor en la Universidad Complutense.