?Vuelta a la normalidad en Catalu?a?

Desde que el Senado aprobara el pasado oto?o la intervenci¨®n de la autonom¨ªa catalana por los poderes del Estado ha sido un¨¢nime el clamor en demanda del regreso a la normalidad en el antiguo Principado. Tanto el Gobierno y los partidos que aplaudieron la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 como los l¨ªderes independentistas, para no hablar de la nutrida tropa de tertulianos que asola los medios, han insistido en que ese retorno a lo que cada quien considere normal se producir¨¢ como consecuencia del resultado de las elecciones, cuya primera derivada ha de ser la inminente constituci¨®n del Parlamento salido de las urnas. Si por normalidad se entiende el ajustarse a la norma, que es la ley en el Estado de derecho, las decisiones judiciales y la propia aplicaci¨®n de la Constituci¨®n lo garantizan. Pero la fractura social y pol¨ªtica que vive Catalu?a, y la que se aprecia entre esta y el resto de Espa?a, tardar¨¢ a?os en soldarse en el mejor de los casos, por lo que es dif¨ªcil imaginar nada parecido a una vuelta inmediata a la normalidad en la pol¨ªtica espa?ola, v¨ªctima de heridas que podr¨ªan ser letales si no se toman las medidas adecuadas.

Pacificados en parte los ¨¢nimos, aunque solo sea en virtud de la aplicaci¨®n del orden, no son pocos los l¨ªderes que insisten en que de lo que hay que hablar ahora es de lo que preocupa a los ciudadanos: futuro de las pensiones, generaci¨®n de empleo, lucha contra la corrupci¨®n, etc¨¦tera. Siendo esto absolutamente cierto, la mayor¨ªa de esos problemas se deben a fracasos del sistema, cuyo funcionamiento es preciso revisar. La democracia es antes que nada un m¨¦todo, una formalidad que garantiza entre otras cosas que el fin no justifica los medios. Y si sus reglamentos no sirven para atajar los problemas de fondo es preciso reformarlos. Hoy por hoy, varios millones de ciudadanos espa?oles, casi un tercio del censo, otorgan su voto a formaciones pol¨ªticas abiertamente beligerantes contra ese sistema, al que consideran culpable de las desigualdades e injusticias, de la agresi¨®n a las identidades de todo g¨¦nero y de la privaci¨®n de derechos (algunos llegan incluso a hablar de libertades) a amplias capas de la poblaci¨®n. Es la revoluci¨®n de los indignados que lo mismo sirve para sostener a Trump en la Casa Blanca, sacar al Reino Unido de Europa, entronizar la extrema derecha en Polonia y Hungr¨ªa o dejar los intereses y las enso?aciones de un pu?ado de plut¨®cratas catalanes en manos del movimiento okupa. En definitiva, las dificultades se refieren a la crisis institucional de la democracia representativa, que en Espa?a adquiere perfiles singulares, pero no tanto que no puedan aplicarse recetas y soluciones de ¨¢mbito casi universal.

Tenemos un pa¨ªs gobernado por un partido en minor¨ªa, cuya principal t¨¢ctica a corto plazo es destruir en lo que pueda a su principal socio en el Gobierno, del que depende de manera casi absoluta para la gobernanza efectiva; con una izquierda fragmentada y desorientada, que maneja esl¨®ganes en vez de ideas y facundia antes que proyectos; un calendario judicial que hace previsible la pr¨®xima entrada en prisi¨®n por robo al erario p¨²blico de un cu?ado del rey, mientras un exvicepresidente y varios exministros de los Gobiernos del actual partido gobernante han sido o pueden ser condenados a c¨¢rcel por corrupci¨®n. Hay tambi¨¦n cinco miembros del anterior Gobierno catal¨¢n fugados para eludir la acci¨®n de la justicia al tiempo que otros podr¨ªan ser investidos con el poder pol¨ªtico, pero se ver¨ªan obligados a ejercerlo desde sus celdas. Y de todos los honorables nacionalistas que han sentado sus reales en el trono de Berenguer durante la actual democracia solo el breve e inolvidable Tarradellas ha evitado comparecer ante los tribunales. O sea, que despu¨¦s de lo sucedido con Jordi Pujol, que de protagonista de la Transici¨®n se ha convertido en algo parecido a un capo mafioso, o con Puigdemont, un buf¨®n en la presidencia de su Barataria particular, hablar de volver a la normalidad en Catalu?a supone un empe?o loable y una asignatura obligatoria, cuyo aprobado final nos puede exigir una d¨¦cada de esfuerzos y evaluaciones permanentes.

Nuestro modelo de convivencia se ve ahora amenazado por una corriente de nuevo centralismo

Las encuestas ponen de relieve que la preocupaci¨®n ciudadana por el proceso catal¨¢n est¨¢ en declive y sin duda es v¨ªctima del hartazgo que provoca en la opini¨®n p¨²blica. Esta ha comprendido que la unidad de Espa?a no est¨¢ en peligro, toda vez que el poder del Estado la garantiza, pero quiz¨¢ no sea consciente de la amenaza que se cierne sobre el modelo de convivencia emanado de la Constituci¨®n de 1978. Se nos llena la boca y la memoria al recordar que gracias a ella nuestro pa¨ªs ha conocido una etapa sin precedentes desde hace siglos en el crecimiento econ¨®mico, el disfrute de la libertad y la proyecci¨®n e influencia en el resto del mundo. Pero nuestro modelo de convivencia se ve ahora amenazado por una corriente de nuevo centralismo, como acto reflejo frente a las revueltas populares alentadas por los l¨ªderes de la sedici¨®n en Catalu?a. Los ¨¦xitos de nuestra democracia se deben a la existencia del Estado de las autonom¨ªas y es preciso insistir en que los errores o excesos cometidos son culpa en gran parte de la renuncia de los Gobiernos de Madrid a la hora de cumplir con su obligaci¨®n, a cambio de eventuales apoyos parlamentarios de quienes luego han decidido echarse al monte. En una palabra, a la ausencia de un poder federal que garantice la solidaridad y lealtad mutuas entre los diversos componentes de ese Estado.

Hace m¨¢s de cinco a?os, Artur Mas visit¨® Madrid un d¨ªa de septiembre para pronunciar una conferencia en el hotel Ritz y entrevistarse con Rajoy, al que le solicit¨® soberan¨ªa fiscal para Catalu?a. Tuve la oportunidad de almorzar en privado con ¨¦l despu¨¦s de su visita a Moncloa y fui testigo de su convicci¨®n a la hora de poner en marcha lo que luego se convertir¨ªa en el proc¨¦s, toda vez que se sent¨ªa arropado por la presi¨®n de la calle en las manifestaciones de la Diada. Le advert¨ª entonces sobre la reacci¨®n extrema que su actitud podr¨ªa provocar en lo que da en llamarse la Espa?a profunda, representante de un sentimiento nacionalista tanto o m¨¢s exacerbado que el de los independentistas catalanes. Despreci¨® mis comentarios sobre el despertar de ese le¨®n dormido, cuyos rugidos dijo haber escuchado ya, pues los confund¨ªa con algunas opiniones editoriales de peri¨®dicos de la derecha, e insisti¨® en que ser¨ªa una sinraz¨®n la eventual suspensi¨®n de la autonom¨ªa catalana, que no cre¨ªa pudiera llegar a producirse. Le insist¨ª entonces en que los nacionalistas catalanes acusan con frecuencia a los observadores for¨¢neos de no entender bien lo que pasa en su pa¨ªs, y quiz¨¢s tengan raz¨®n en muchas ocasiones. Pero no deber¨ªan deso¨ªr a quienes les advierten de que ellos tampoco entienden ni saben calibrar el sentimiento y actitud pol¨ªtica del resto de los catalanes ni de la mayor¨ªa de los espa?oles. A las pruebas me remito.

Es preciso robustecer el Estado de las autonom¨ªas reconoci¨¦ndole su car¨¢cter federal

El regreso a la normalidad en la pol¨ªtica catalana y en la espa?ola exige por todo ello cambios estructurales, en contra de lo que la abulia del presidente del Gobierno presupone y de la par¨¢lisis de iniciativas que atenaza a los principales l¨ªderes del arco parlamentario. La reforma de la Constituci¨®n no es una de las opciones posibles sino, contra lo que opina el partido del Gobierno, la necesidad primera que permita consolidar el futuro del r¨¦gimen del 78. Los profesores Mu?oz Machado y Aja pusieron sobre la mesa hace ya meses una propuesta que merece m¨¢s atenci¨®n y estudio que la que hemos visto. Es preciso robustecer el Estado de las autonom¨ªas reconoci¨¦ndole su car¨¢cter federal y proporcion¨¢ndole las fortalezas e instrumentos que garanticen a un tiempo la solidaridad y la eficacia de su acci¨®n. Una revisi¨®n del T¨ªtulo VIII, una refundaci¨®n del Senado, cuya mejor contribuci¨®n a las autonom¨ªas de este pa¨ªs ha sido parad¨®jicamente la suspensi¨®n de una de ellas, y una eliminaci¨®n de la protecci¨®n constitucional a la provincia como circunscripci¨®n electoral son algunas de las mudanzas necesarias para revitalizar nuestra vida pol¨ªtica y poder hacer frente a los llamados problemas reales, como si la ruptura de la convivencia entre las gentes, la fuga de empresas y profesionales, el deterioro del turismo y la inversi¨®n no lo fueran. Todo ello permitir¨ªa en un futuro no lejano la revisi¨®n del Estatuto de Catalu?a y de otros si as¨ª lo quisieran, y la convocatoria en un refer¨¦ndum legal a los ciudadanos a fin de que pudieran expresar su apoyo al modelo de relaci¨®n con el resto de Espa?a.

El mejor de los argumentos que se le ha o¨ªdo a Mariano Rajoy para oponerse a estas iniciativas, o cuando menos retrasarlas todo lo que pueda, es que ¡°todo esto es un l¨ªo¡±. Pues para l¨ªo, este en el que andamos metidos ahora por no haber emprendido las reformas a su debido tiempo y andar siempre mirando para otro lado.

Juan Luis Cebri¨¢n es presidente de EL PA?S y miembro de la Real Academia Espa?ola.