Una cient¨ªfica rompe el silencio sobre los contratos ilegales en centros de investigaci¨®n

Cristina Garc¨ªa quer¨ªa ganarse la vida con la ciencia, pero ahora est¨¢ en el paro e inmersa en una batalla legal con el Estado. Esta licenciada en qu¨ªmica de 44 a?os es especialista en protecci¨®n radiol¨®gica. En 2006 consigui¨® un contrato temporal en el Centro Nacional de Investigaciones Energ¨¦ticas, Medioambientales y Tecnol¨®gicas (Ciemat), uno de los siete organismos p¨²blicos de investigaci¨®n que dependen del Ministerio de Econom¨ªa. Su destino fue el Laboratorio de Metrolog¨ªa de Radiaciones Ionizantes (LMRI), que por ley establece los patrones de radiaci¨®n a nivel nacional. Este centro calibra las m¨¢quinas de radioterapia de los hospitales espa?oles para que los enfermos de c¨¢ncer reciban la dosis adecuada y regula las medidas de protecci¨®n para las personas que operan m¨¢quinas de rayos x, entre otros servicios a organismos p¨²blicos y empresas.

Diez a?os despu¨¦s de su llegada al Ciemat, en 2016, Garc¨ªa hab¨ªa prosperado en su carrera. Primero fue nombrada supervisora del laboratorio de radioterapia y despu¨¦s pas¨® a serlo en el de rayos X, aunque lo hizo empalmando contratos temporales con cargo a proyectos cient¨ªficos. Cuando finalizaba un contrato y firmaba uno nuevo, el Ciemat le obligaba a devolver el finiquito del anterior contrato, asegura. El d¨ªa que expiraba su ¨²ltimo contrato, en marzo de 2016, sin tener la seguridad de ser renovada, decidi¨® denunciar al Ciemat.

Una sentencia aprecia fraude de ley por estar cubriendo un puesto fijo con contratos temporales

El pasado abril, el juzgado de lo social n¨²mero 20 de Madrid le dio la raz¨®n. Consider¨® su despido improcedente y reconoci¨® que sus contratos temporales estaban en fraude de ley, pues estaba cubriendo un puesto fijo. El juez conden¨® al Ciemat a readmitir a Garc¨ªa o a indemnizarla.

Sus jefes y compa?eros escribieron a Ram¨®n Gavela, director general del Ciemat, pidiendo que le readmitiesen. ¡°No considero conveniente hacer una excepci¨®n¡±, respondi¨® Gavela. ¡°Todos los trabajadores saben que nuestro compromiso de mantener los puestos de trabajo estructural necesarios para el organismo es firme y que hacemos todo lo posible para mantenerlo; pero tambi¨¦n saben que si alg¨²n trabajador denuncia, el centro se posiciona en contra, como es natural, y utiliza todos los mecanismos legales a su alcance¡±, escribi¨® Gavela en un correo electr¨®nico al que ha tenido acceso Materia. La pol¨ªtica del centro es en este caso la misma que siguen otros organismos p¨²blicos de investigaci¨®n: no readmitir a nadie que denuncie si la sentencia no les obliga a ello.

Un cient¨ªfico joven que ha pasado 10 meses en el paro esperando a que le renovaran no ve otra salida que aceptar estas condiciones para seguir trabajando?

Tras el despido de Garc¨ªa, el laboratorio de rayos x estuvo cerrado un a?o y medio. Nadie m¨¢s en el Ciemat ten¨ªa la formaci¨®n y el conocimiento acumulado para sustituir a Garc¨ªa. El problema fue denunciado por dos inspecciones del Centro Espa?ol de Metrolog¨ªa y del Consejo de Seguridad Nuclear, este ¨²ltimo encargado de velar por la seguridad nuclear y la protecci¨®n radiol¨®gica de las personas y del medio ambiente. En la actualidad Garc¨ªa est¨¢ cobrando el paro, cuidando de su hija de ocho meses, y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirme su sentencia, aunque eso no es lo que le gustar¨ªa.

¡°Yo no quer¨ªa denunciar¡±, explica Garc¨ªa sentada en una cafeter¨ªa de Madrid mientras pasa la mano por la carpeta en la que lleva copia de su sentencia, los contratos, los acuerdos que firm¨® para renunciar a los finiquitos. ¡°Estaba content¨ªsima con mi trabajo y solo quer¨ªa mi puesto. No se puede tener a una persona que has formado y en la que has invertido dinero trabajando en esta situaci¨®n de inseguridad. Me da tanta rabia esta injusticia de no estar en el Ciemat por una represalia que no me importa salir y dar la cara¡±, explica.

La suya ¡°fue una p¨¦rdida brutal¡±, explican fuentes del centro muy cercanas a Garc¨ªa que no quieren ser identificadas por miedo a represalias. ¡°Ella se qued¨® sin trabajo y a nosotros se nos fue un cerebro ya formado¡±.

Para Paz Avil¨¦s, una doctora en f¨ªsica que trabaja en el laboratorio LMRI con un puesto fijo de funcionaria, el origen del problema hay que buscarlo en la falta de una estrategia para la ciencia en Espa?a. ¡°Este problema existe en todos los centros de investigaci¨®n p¨²blicos y afecta tanto a personas con perfiles t¨¦cnicos como de investigador¡±, se?ala. En el Ciemat, el tipo de trabajo es tan especializado ¡°que las dos ¨²nicas opciones que hay es conseguir quedarse aqu¨ª o irse al extranjero, lo que no siempre es f¨¢cil si tienes pareja o hijos¡±, asegura.

Otros dos cient¨ªficos del mismo centro en situaciones similares han declinado dar sus nombres por miedo a castigos. Uno de ellos es un joven con doctorado que pas¨® 10 meses en el paro entre contrato y contrato temporal y que no ve otra salida que aceptar estas condiciones para seguir trabajando en lo suyo. ¡°La sensaci¨®n es que los que denuncien y se intenten presentar a una plaza nueva nunca la conseguir¨¢n¡±, dice. ¡°Ese mensaje del miedo lo han transmitido muy bien¡±.

Tras el despido de Garc¨ªa, el laboratorio de rayos X estuvo cerrado un a?o

La otra persona afectada llevaba 12 a?os trabajando en el Ciemat, siempre con contratos temporales. Primero fue responsable de calidad de todo el LMRI y despu¨¦s sum¨® el cargo de supervisora del laboratorio de centelleo l¨ªquido, encargado de calibrar soluciones de compuestos radiactivos en agua que sirven para que las centrales nucleares midan la contaminaci¨®n en las aguas que vierten a los r¨ªos, por ejemplo, o analizar el carbono 14 del vino para demostrar que no est¨¢ adulterado con alcohol industrial. Esta licenciada en qu¨ªmica de 45 a?os y con dos hijos denunci¨® al mismo tiempo que Garc¨ªa. Ha sido despedida e indemnizada y ahora se est¨¢ preparando unas oposiciones para regresar al Ciemat, pues estaba haciendo el doctorado en este centro. ¡°Mi trabajo me gustaba y no tengo opci¨®n de irme a terminar la tesis a ning¨²n otro lugar de Espa?a¡±, asegura. Tras dos sentencias que confirmaron el fraude de ley de sus contratos, ahora espera la sentencia de un recurso que interpuso para conseguir ser readmitida. ¡°Ya no cuento ni con la justicia ni con la suerte, solo con curr¨¢rmelo¡±, se?ala.

El Ciemat no ha querido comentar el caso de Garc¨ªa ni el resto de los mencionados, a preguntas de este diario. Fuentes de la direcci¨®n explican que el centro tiene 1.300 empleados, 300 de ellos con contrato temporal a cargo de proyectos de investigaci¨®n o costeados por el propio centro, los llamados contratos de cupo. Dentro de ese ¨²ltimo colectivo han denunciado ¡°del orden de cuatro [personas] entre 2009 y 2016¡±, aseguran.

El Gobierno espera aprobar este a?o una "tasa para la estabilizaci¨®n del empleo en organismos p¨²blicos de investigaci¨®n, fundaciones y consorcios que permitir¨¢ la contrataci¨®n indefinida de hasta 2.500 cient¨ªficos y t¨¦cnicos con m¨¢s de tres a?os de antig¨¹edad", que ir¨¢ incluida en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, asegura un portavoz de la secretar¨ªa de Estado de I+D+i en el Ministerio de Econom¨ªa.

El n¨²mero de denuncias en el Ciemat se multiplic¨® el a?o pasado. En 2017 hubo unas 30 y un tercio de los demandantes tuvieron que ser readmitidos, seg¨²n CC OO. En los ¨²ltimos a?os, en el Ciemat ha habido 26 casos de empleados que denunciaron y tuvieron que ser readmitidos, de un total de 409 en todos los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n, a?aden. No tienen cifras disponibles de los que fueron despedidos e indemnizados.

En los ¨²ltimos a?os ha sido cada vez m¨¢s complicado para los centros de investigaci¨®n encajar el tipo de trabajo que hacen los cient¨ªficos y otro personal t¨¦cnico con las rigideces de la administraci¨®n y los derechos que garantiza la legislaci¨®n laboral. A esto hay que sumarle los efectos de la crisis, los recortes en ciencia, la falta de nuevos puestos fijos y temporales y la anquilosante fiscalizaci¨®n. El Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC) estim¨® en 2016 que el coste total de las sentencias favorables de empleados que denunciaron ha sido de 2,6 millones de euros desde 2013. En el CSIC, un centro con 11.000 empleados en 2016, ¡°hemos hecho una actualizaci¨®n para identificar los puestos estructurales que podr¨ªan ser estabilizables. Estamos hablando de unos 1.500 que ayudar¨ªan a reducir la precariedad, que ahora supera el 42% de la plantilla¡±, explican fuentes de CC OO.

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