?Qui¨¦n manda aqu¨ª?

Los responsables de convertir la actual par¨¢lisis de la Generalitat en normalidad son los dirigentes catalanes. Los secesionistas deben aterrizar de una vez por todas en el principio de realidad, formar un Gobierno viable y resetear su pasada estrategia rupturista hacia los cauces estatutarios. Lamentablemente, como constatamos todos los d¨ªas, no lo est¨¢n haciendo.

El Gobierno y el resto de fuerzas pol¨ªticas que apoyan la Constituci¨®n y el autogobierno no deban quedarse cruzados de brazos como meros espectadores de los disparates del independentismo a la espera del retorno azaroso del sentido com¨²n. Pero eso es lo que vienen haciendo desde la decepci¨®n sufrida en las elecciones del 21 de diciembre: esperar y ver.

La factura econ¨®mica de la crisis catalana sigue ah¨ª, con los consiguientes riesgos para el crecimiento y el empleo. La pol¨ªtica e institucional, que da?a la imagen y el prestigio de nuestro pa¨ªs, tambi¨¦n persiste. Es imprescindible una estrategia din¨¢mica, no indolente, para reenfocar las cosas.

El primer paso que debe dar el Gobierno es volver a reunir a las fuerzas pol¨ªticas que respaldaron el art¨ªculo 155. Y a partir de ah¨ª, desde la unidad y una estrategia com¨²n, responder con firmeza a las cartas y peticiones de entrevistas, como la enviada a Mariano Rajoy por el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, el 22 de enero, hace 15 d¨ªas.

El presidente del Gobierno, por serlo tambi¨¦n de todos los catalanes, debe hablar claramente, de forma solemne y a la vez cercana a la ciudadan¨ªa, mejor si lo hace desde la propia Catalu?a. Debe aclarar que el dilema que se est¨¢ dirimiendo no es entre autonom¨ªa e independencia, sino entre recuperar el autogobierno en toda su plenitud y lograr que Catalu?a vuelva a brillar por su dinamismo o consolidar un largo periodo de su suspensi¨®n bajo el art¨ªculo 155 y aceptar as¨ª un retroceso hist¨®rico.

Hasta ahora, el uso discreto del 155 para nada ha impedido la correcta actuaci¨®n de la Administraci¨®n catalana y la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos que le son propios, evit¨¢ndose un perjuicio muy directo a los ciudadanos catalanes, de un modo similar a lo que suelen cumplimentar los Gobiernos en funciones.

Pero es evidente que prolongar demasiado esa intervenci¨®n (algo que est¨¢n forzando quienes paralizan las instituciones catalanas) no es aceptable. Ni para el buen despliegue del Estado auton¨®mico: obstaculiza, por ejemplo, la reforma de la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Ni para esos mismos ciudadanos, que tienen derecho a un Parlamento que legisle en su beneficio y a un Gobierno que les sirva de forma efectiva.

Si los independentistas no pueden o no quieren asumir esa tarea, el Gobierno, junto con los partidos constitucionalistas, deber¨¢n abrir un di¨¢logo conducente a favorecer la normalizaci¨®n plena de Catalu?a y de sus instituciones. Porque si gobernar desde Bruselas es imposible, hacerlo desde Madrid no ser¨¢ eficiente para resolver los problemas diarios de los catalanes, que no se merecen ni la par¨¢lisis a la que les someten los independentistas ni la pasividad de los constitucionalistas.